La Junta detecta una treintena de VPO ofertadas como apartamentos turísticos en Málaga

Con más de 27.000 familias inscritas en los registros de demandantes de VPO que manejan los ayuntamientos de la provincia y con una mínima respuesta a esas listas de espera, ya que sólo dos de cada cien solicitantes logran que se les adjudique un piso protegido, resulta llamativo que algunas de estas viviendas públicas destinadas a familias con menos recursos estén siendo explotadas por sus propietarios como alojamientos turísticos. De momento, la Junta de Andalucía ha detectado una treintena de casos en el parque de VPO que gestiona en la provincia, una infracción tipificada como grave que conlleva multas de hasta 10.000 euros.

Hasta hace un año, el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía permitía la opción de alquilar una habitación siempre que el uso principal del inmueble siguiera siendo el de vivienda habitual y permanente del dueño, pero a raíz del 'boom' de los pisos turísticos la normativa fue modificada en agosto de 2018 vía decreto para prohibir el subarriendo total o parcial de la vivienda durante los primeros diez años desde su adquisición. De esta forma se cerraba la puerta al resquicio legal contemplado en el Registro Turístico de Andalucía que incluye la posibilidad de inscribir varias habitaciones de un piso social.

En este sentido, conviene remarcar que esta limitación temporal de diez años también afecta a la venta de la vivienda, salvo excepciones como pueden ser por motivos laborales, el incremento de los miembros de la unidad familiar, por necesidades de una persona mayor de 65 años o por situaciones de violencia doméstica.

Cinco de ellos ya han desembocado en expedientes sancionadores en los que los infractores han procedido al cese voluntario de esta actividad y al pago de la sanción, que oscila entre los 9.000 y los 10.000 euros.

De forma paralela, continúan abiertas diligencias previas de investigación sobre 26 viviendas protegidas en las que «existen indicios graves de que se están destinando a uso turístico no autorizable y el inmueble está en periodo de protección», según confirman desde la Consejería de Fomento. Con el inicio de estos procedimientos se pretende determinar con mayor precisión posible las personas que pudieran ser responsables, así como las circunstancias o hechos relevantes para justificar la incoación del procedimiento sancionador.

Todas estas actuaciones corresponden a actividades detectadas en las VPO que gestiona directamente la Junta. En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Málaga mantiene un control exhaustivo de los pisos públicos en régimen de alquiler, ya que cuentan incluso con conserje, aunque la labor inspectora en las VPO de promoción privada se deja en manos de la administración competente, que es la regional. Aun así, el Instituto Municipal de la Vivienda ha derivado a la Junta dos denuncias de particulares. Una de ellas se refería a un piso de la promoción pública de la calle Nosquera que, ajustándose a la normativa anterior, se inscribió en el registro turístico como vivienda compartida a pesar de que la vivienda sólo tenía una habitación.

En este sentido, los inspectores de Fomento siguen de cerca hasta 174 presuntos casos de viviendas protegidas de Andalucía que podrían estar siendo utilizadas con fines turísticos. Una tarea que entre 2018 y lo que va de 2019 ha permitido liquidar una quincena de procedimientos sancionadores por el arrendamiento de inmuebles sociales, mientras el resto continúan abiertos.