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El Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, publicado ayer en BOJA, que recoge medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía y abre la puerta a que construcciones que antes no podían ahora puedan solicitar su declaración como Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), no contenta a todos los afectados por el problema de las casas ilegales en Málaga. Aunque colectivos de afectados como Save Our Homes Axarquía (en español Salvemos Nuestra Casas en la Axarquía SOHA) y de propietarios de casas irregulares de Mijas consideran que es un paso adelante, también afirman que se queda corto. «Estamos contentos por aquellos que podrán tener los servicios básicos mediante su declaración como AFO, pero nosotros seguiremos en la lucha. Construimos nuestras casas con licencia municipal, cumpliendo con la legalidad, sin embargo hemos visto como nos las han anulado y ahora somos alegales», explicó el presidente de SOHA, Phillip Smalley, que insistió en que «no somos delincuentes, ya que seguimos todos los pasos legales para construir nuestras casas». La asociación SOHA la integran más de 400 propietarios que tienen en común haber ejecutado sus viviendas con licencia municipal. «El único lado positivo que podíamos verle a este Decreto Ley es que fuese un paso hacía la legalidad, que nos sirviera para tener la consideración de Legal Fuera de Ordenación y no la de AFO», manifestó Smalley.
En términos similares se expresó el edil de Urbanismo de Alcaucín y portavoz de SOHA, Mario Blancke, al señalar que lo que esperan desde el colectivo es mantener las licencias de concedidas en su día. «El Asimiliado a Fuera de Ordenación no es un regalo. No es una legalización», insistió Blancke, que no obstante reconoció sentirse satisfecho con los pasos que está dando el nuevo gobierno de la Junta en tan corto plazo.
Juan Antonio Blanco, propietario de una casa irregular en la barriada de Valtocado, en Mijas, señaló que en su caso al tener un expediente abierto, su vivienda no se podrá acoger al nuevo Decreto. Blanco construyó su casa sin licencia, como otros casi 300 propietarios en la zona. «Sin embargo, sólo un 10% tenemos expedientes abiertos. Esto significa que el resto, que ya tienen la prescripción, podrán solicitar su declaración como AFO. Aunque todos cometimos el mismo delito, no todos vamos a tener el mismo trato», lamentó.
Para el alcalde de Vélez, el socialista Antonio Moreno Ferrer, el nuevo Decreto Ley no soluciona los casos de las viviendas aisladas construidas en suelo rústico de especial protección, que es la causa de ilegalidad más extendida en la capital de la Axarquía. «La mayoría de las edificaciones en suelo no urbanizable que tenemos en el municipio, unas 3.200, están en suelo de especial protección, según el PGOU; tienen expedientes abiertos y están en la Fiscalía, pero para ellas no figura ninguna solución», se quejó Moreno.
La delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación Territorial en Málaga, Carmen Casero, no supo cifrar cuántas viviendas son susceptibles de acogerse en la provincia a la nueva norma. En la provincia, según la Junta, existen 68.652 edificaciones construidas sin licencia. La principal aportación del Decreto Ley 3/2019 es que amplia la declaración de asimilado fuera de ordenación (AFO), una figura establecida para las edificaciones realizadas al margen de la legalidad urbanística sobre las que no resulte posible adoptar las medidas de protección de la legalidad.
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