La Junta da el primer paso para sacar las tuberías de todas las playas de la Costa del Sol

La Junta de Andalucía da el primer paso para retirar de las playas de la Costa del Sol las tuberías de saneamiento, estaciones de bombeo y pozos de registro que sobresalen de la arena con el doble objetivo de reducir el impacto visual en el principal reclamo turístico andaluz y renovar unas infraestructuras que datan de los años 70 y 80 y cuyo deterioro debido al tiempo transcurrido y la acción del mar provoca roturas y vertidos de aguas residuales. Tal y como avanzó SUR, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible ha cogido el guante lanzado por la empresa pública de aguas de la Mancomunidad de la Costa del Sol (Acosol) para impulsar este ambicioso plan de mejora de la red de saneamiento entre Torremolinos y Manilva que está valorado en unos 300 millones de euros y para el que espera contar con la aportación económica del Gobierno central dado que buena parte de estas actuaciones están declaradas de interés estatal.

De momento, la Dirección General de Infraestructuras del Agua ha sacado a concurso por 400.783,29 euros la redacción de un anteproyecto en el que se recogerán todas las actuaciones necesarias para retranquear el colector general existente en cada municipio y que discurre casi íntegramente por la arena para reubicarlo bajo las carreteras, paseos marítimos o las pasarelas de la senda litoral. De hecho, la principal complejidad radica en que la mayor parte del litoral occidental está ya urbanizado.

Este estudio, que partirá de los informes ya realizados por Acosol y deberá estar listo en un año a contar desde la formalización del contrato, recogerá las ubicaciones alternativas en cada zona así como una valoración de las expropiaciones que serían necesarias acometer. Con este primer documento se hará un diagnóstico más exhaustivo de los puntos negros a eliminar, determinando el trazado del colector teniendo en cuenta las necesidades impuestas por el crecimiento urbanístico y la afección a otras infraestructuras y servicios existentes. De hecho, la elaboración del anteproyecto se ha planteado en dos fases para que tras un primer dimensionamiento se puedan realizar las consultas iniciales con todas las administraciones que puedan verse afectadas (Costas, Carreteras, ayuntamientos,…), de forma que todas las actuaciones previstas cuentan con la autorización de los distintos organismos implicados para que una vez finalizado el documento pueda servir de base para la redacción de los proyectos constructivos pertinentes. Además, las intervenciones se sectorizarán para, a partir de ahí, ir impulsando cada obra de forma individualizada.

En su conjunto, la actuación conllevaría la sustitución de 80 kilómetros de la red general (otros 20 están fuera del dominio público marítimo-terrestre), aunque la prioridad serían los 23 kilómetros de canalizaciones que están más deterioradas. Además, la intervención supondría el traslado de unos 800 pozos de registro y de la mayor parte del medio centenar de estaciones de bombeo que jalonan el litoral occidental.

En cuanto a la financiación de las obras, la intención de la Junta es suscribir un convenio de colaboración con el Gobierno. Así lo contempla el propio pliego de condiciones, al recordar el protocolo suscrito en 2017 por el entonces Ministerio de Medio Ambiente (ahora Transición Ecológica) y la Consejería de Medio Ambiente para repartirse la responsabilidad en los trabajos de mejora de la depuración de aguas residuales en la Costa del Sol dado que estas actuaciones cuentan con la declaración de interés general del Estado desde julio de 2001 y también fueron declaradas de interés autonómico en octubre de 2010.