Siete campings de la provincia toman medidas para corregir el riesgo de inundabilidad

El responsable del establecimiento Cabañas de Jimera de Líbar, que ha preferido mantenerse en el anonimato, ha asegurado a SUR que llevan 25 años operando «con todos los permisos y planes de prevención». «Tenemos todas las medidas correctoras, las unidades de alquiler están en la zona alta de la parcela, tenemos un protocolo en caso de riesgo de inundación por el desbordamiento del río Guadiaro, que nos dice qué hacer cuando hay alertas meteorológicas», ha especificado el empresario.

Por su parte, el administrador del Camping Marbella Playa, David Escudero, ha asegurado a este periódico que han encargado a un estudio de ingeniería que analice el documento técnico elaborado por la Junta de Andalucía para analizar la posibilidad de presentar las correspondientes alegaciones. «No tenemos, de momento, una valoración, nos adaptaremos a lo que se vaya acordando», ha apuntado, destacando que el establecimiento, inaugurado en 1984, «cuenta con todos los permisos y autorizaciones».

Por su parte, Adolfo Porras, del Camping Laguna Playa, ha resaltado que se están ultimando las obras para reducir el riesgo de inundación en la margen izquierda de la desembocadura del río Vélez, donde se sitúa su establecimiento y el de Torre del Mar. Los trabajos, con un coste aproximado de 1,5 millones, están siendo ejecutados por la Sociedad Azucarera Larios S. L., tras un convenio con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, que permitirá el desarrollo de los suelos urbanizables del entorno.

Por su parte, en el caso del Resort Naturista Almanat, situado en la margen derecha del río Vélez, está a 600 metros de distancia del cauce. Sus responsables ejecutaron en los últimos años protecciones frente al riesgo de inundación en la parcela y tienen un sistema de recogida de aguas pluviales y de bombeos. En la zona está pendiente ejecutar los trabajos para reducir el riesgo de inundación de la margen derecha del río, que tienen un coste de 15 millones de euros. En el entorno Larios está tramitando ante la Junta un cambio del PGOU para recalificar 210 hectáreas de suelos agrícolas para construir 1.221 viviendas.

Por su parte, María Victoria Rosado, del Cortijo San Miguel en Nerja, ha apuntado que cuenta con el permiso como alojamiento desde hace dos años y que el establecimiento, aunque está próximo al cauce del río Seco, «hay otras muchas construcciones alrededor mucho más cercanas». «Estamos dispuestos a hacer las obras de protección que hagan falta, tenemos las piedras para las escolleras», ha apostillado.

Por su parte, el Camping Genal es una instalación municipal, propiedad del Ayuntamiento de Algatocín, inaugurado en los años ochenta del pasado siglo. Su alcalde, José Manuel López (PP), ha asegurado que están trabajando con la Diputación para solucionar el riesgo de inundación, que en su caso es medio y bajo. «Tenemos pendiente construir un muro en un lateral para proteger una zona junto a un arroyo, pero los alojamientos están en la parte más alta de la parcela», ha detallado, apuntando que «cuentan con todos los permisos y autorizaciones».

Según la Administración regional, dentro de los equipamientos residenciales de carácter especial en zonas inundables, sobresalen los campamentos de turismo, «que resultan afectados en diferentes porcentajes de superficie y escenarios de probabilidad: siete de ellos se encuentran en la zona inundable del escenario de alta probabilidad o periodo de retorno de diez años; once quedan intersectados por la inundabilidad de probabilidad media o periodo de retorno de cien años y doce por el perímetro de inundabilidad baja o periodo de retorno de 500 años».

Para los técnicos de la Junta, «por sus características constructivas, los campamentos de turismo son instalaciones de alojamiento de gran fragilidad y, por tanto, de elevada vulnerabilidad ante el riesgo de inundación frente a otros equipamientos turísticos sobre edificaciones sólidas». Por ello, para la Administración regional, «es de gran importancia que los titulares de estos establecimientos emprendan, cuanto antes, medidas de adaptación que permitan compatibilizar el mantenimiento de la actividad con las necesarias medidas de seguridad de los usuarios».

Respecto a las medidas a tomar, el borrador de los nuevos planes de riesgo de inundación, que sustituirán a los elaborados en 2016 y tendrán una vigencia de cinco años, la Administración regional entiende que «los beneficios de la ordenación del territorio y de los criterios que mejoran la seguridad de bienes y personas en las zonas inundables se ponderan en términos de la reducción de daños en caso de un eventual episodio de inundación, menores cuantías pagadas por la indemnización de los daños, mayor rapidez de evacuación y mayor facilidad para las autoridades de protección civil en las tareas de recuperación».

De esta forma, para la Junta, «las actuaciones encaminadas a adaptar instalaciones al riesgo de inundación tienen una prioridad muy alta, puesto que contribuyen de manera notable a mejorar la seguridad de los ciudadanos convivientes con el riesgo de inundación, pudiendo aplicarse en un corto espacio de tiempo y reduciendo de manera notable los costes directos e indirectos asociados a un episodio de inundación». «Algunas instalaciones son especialmente críticas en la gestión de un episodio de inundación», advierte la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

«Parte de estas actuaciones ya se están ejecutando, contando para ello con los presupuestos ordinarios de las distintas administraciones competentes, aunque es necesario asegurar su continuidad en el tiempo, así como en algunos casos la mejora y el refuerzo con acciones complementarias», recoge el informe técnico. No obstante, en el documento no se plantean actuaciones directas de retirada de instalaciones o actividades.

Eso sí, el informe señala que, para aquellos establecimientos que pueden representar un elevado riesgo para los usuarios y/o agravar el riesgo de inundación, «se plantea la necesidad de revisar las autorizaciones administrativas cuanto antes con objeto de buscarles un emplazamiento alternativo próximo, pero fuera de peligro, de forma que puedan seguir desarrollando su actividad con las debidas garantías de seguridad sobre los bienes y personas».

En este sentido, desde la Consejería recuerdan que anualmente la Dirección General del Agua destina en torno a un millón de euros al año en el desarrollo de programas piloto para la adaptación al riesgo de inundación, previendo la posibilidad de destinar recursos junto con otras administraciones en la promoción de ayudas y programas específicos de adaptación«.