«Yo a eso juego con papá, ¿es algo malo?»

La fiscalía andaluza daba la voz de alerta en su última memoria anual: los delitos sexuales cometidos por menores han aumentado considerablemente durante el último año. Para su titular, Ana Tárrega, las causas están en fácil acceso y consumo de pornografía y la precocidad en las relaciones sexuales. A esto hay que sumar las agresiones a menores por parte de adultos, generalmente de su entorno cercano y a veces familiares muy queridos, una realidad muy difícil de asumir y de gestionar.

Hace apenas un año nació ALAS, una asociación que ofrece atención integral, tanto jurídica como psicológica, a los menores víctimas de abusos sexuales y a sus familiares, incluso aunque decidan no denunciarlo, porque apoyo psicológico van a necesitar en cualquier caso. En estos pocos meses ya han atendido una decena de casos, cuatro niños y seis niñas de entre 10 y 16 años, con sus familias respectivas, y tienen cuatro más en estudio.

Carolina Macías, abogada y vicepresidenta de ALAS explica que «muchas veces los padres tardan en ver lo que está pasando porque piensan que no es algo que les vaya a ocurrir a ellos, aunque hay señales que deberían poner en alerta a la familia: cambios de comportamiento, bajada de rendimiento escolar, niños retraídos que de repente no quieren salir con su grupo de amigos o no quieren relacionarse con algún primo o no van a casa de los tíos y buscan excusas que no se entienden».

Recuerda especialmente el caso de una madre que se lamentaba de no haberse dado cuenta antes. Había visto a su niña jugando con muñequitos y diciéndoles: «Quítate la ropa, siéntate aquí, ponte aquí, déjame que esto, déjame lo otro. La madre le preguntaba: ¿Qué haces jugando a esas cosas? ¿Tú con quién juegas a eso en el colegio? Voy a hablar con tus seños. Y la niña le dijo: Es que a eso juego con papá. ¿Eso es malo, mamá? Y la madre al principio no la creía: Anda, anda, déjate de tonterías». Después, cuando fue consciente de que eso ocurría, se lamentaba de no haber prestado atención a su testimonio, pero son situaciones que cuesta asimilar«.

En ALAS tienen proyectos para sensibilizar y formar a padres y a los entornos sanitarios, policiales y jurídicos. «No hay un perfil de riesgo. La figura que menos te imaginas es el que puede ser el agresor. Si es de adulto a menor suele tener un acercamiento amable. Si es un profesor suele ser el más querido por el grupo de niños y adolescentes», explica Rocío Morales, presidenta de la asociación ALAS

Hay que tener en cuenta que pasan diez años de media hasta que un menor víctima de violencia sexual es capaz de verbalizar lo que le ha pasado. A nivel psicológico les cuesta mucho porque sienten asco, vergüenza y culpa. Tiene un trauma y a lo mejor empiezan a ser conscientes a los diez o doce años o cuando ya son adultos. O los hay que han tenido la mala suerte de contarlo de pequeños y no les han creído.

A partir de 2021, con la Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia los plazos de prescripción se han ampliado y el tiempo para denunciar comenzará a contar cuando las víctimas cumplan 35 años, frente a los 18 de antes, y no prescribirán hasta que tengan 40 años, y en las agresiones más graves, después. En los casos anteriores a 2021, depende de cuándo fue la última agresión que recuerdan, cómo fue de grave y qué secuelas dejó.

 

El germen de la asociación fue un caso de una niña de 12 años y un niño de 14, pareja, que ella se decide a denunciar porque realizan actos no consentidos, que incluyen penetración y otro tipo de prácticas sexuales, y lo verbaliza un tiempo después. La familia se encontró con que la chica tuvo que declarar más de una vez: primero en comisaría y luego en la fiscalía, en lugar de hacerlo una vez y grabarlo como prueba preconstituida. Hubo varios errores, incluso la policía llamó a menores que habían sido testigos de determinadas conversaciones y al recibir la llamada ya sabían que la víctima había denunciado. Se encontraron con falta de asesoramiento, de preparación de los profesionales, e incluso tuvieron que buscar y pagar ellos mismos un psicólogo.

Esto coincidió en el tiempo con algunos casos cercanos en colegios en los que no se estaba siguiendo el protocolo establecido. Uno de los objetivos de ALAS es que ni las víctimas de violencia sexual ni las familias tengan que pasar por el proceso de revictimización una y otra vez.

La familia de la chica de 12 años tuvo incluso que cambiar su lugar de residencia a otra localidad. Aunque tengan una orden de alejamiento, por desgracia, son muchas veces las víctimas las que tienen que moverse, porque cuanto más lejos estén más protegidas se van a sentir. «El caso terminó en una condena por conformidad del agresor, lo que fue un empoderamiento para la chica impresionante», puntualiza Carolina Macías.

Estas agresiones entre menores pueden ser complicadas de detectar. Hay una inconsciencia por parte del agresor y de la víctima de que eso es violencia sexual. Hace falta educación desde pequeños para saber cómo son las relaciones sanas y que sepan qué sí y qué no. «Con la sexualización tan precoz y el consumo de porno desde edades muy tempranas muchos adolescentes normalizan unos comportamientos que no son normales -cuanta Macías-. Hay chicas que permiten determinadas cosas en las relaciones sexuales porque creen que es 'lo normal' y les han dicho que 'es lo que hay que hacer' y, a lo mejor, ni les gusta ni se sienten cómodas haciéndolo. Y puede que el chico tampoco se dé cuenta de que está violentándola, porque tienen muy normalizado lo que ven en el porno y creen que es lo que tienen que hacer con su pareja».

En los casos que han gestionado hasta ahora en ALAS hay seis menores que han sufrido agresiones de adultos y los otros cuatro casos son entre menores. Hay niños de 12 que abusan de niños de 6 imitando vídeos de pornografía, hay relaciones de pareja también abusivas…. Son unas situaciones complejas y la casuística es muy variada. Hasta ahora tienen a tres menores condenados, que con la ley actual es a una medida socioeducativa. No todos van a ir a un centro de internamiento, también pueden tener un programa de libertad vigilada y asistir a talleres, porque lo que persigue la ley del menor con las condenas es que se rehabiliten.

Para Carolina Macías, «lo que 'sana' a la víctima es la sentencia, sobre todo si es una de conformidad, que es cuando no se celebra el juicio porque el acusado reconoce directamente los hechos. Eso las empodera muchísimo y en los tres casos que hemos tenido ha sido así».

En los casos entre menores es muy importante la prueba del consentimiento, incluso aunque en el momento no hayan manifestado que no querían. Hay unos informes psicológicos que detectan la credibilidad del testimonio, las secuelas, si ha existido o no esa violencia sexual y, luego, son los jueces los que, con esas pruebas que aportan las partes, determinan si ha habido un consentimiento o no. Los propios menores agresores empiezan a ser conscientes de lo que han hecho cuando reciben la denuncia. La primera actitud suele ser: 'Ella quería, no ha dicho que no'. «Pero cuando va avanzando el procedimiento, que no tiene nada que ver con el habitual de adultos, no te puedes imaginar cuántos menores empiezan a ver, madre mía, lo que he hecho», dice Macías. Y cuando reciben educación sexual, participan en campañas de sensibilización y escuchan testimonios de víctimas se dan cuenta de que lo que estaban haciendo no estaba bien.

«Estos casos han aumentado casi un 400% en los últimos años. El 87% de los niños entre 8 y 11 años ha visto porno en el móvil, la educación sexual escasea y los chavales se informan a través de las redes sociales y de un porno cada vez más violento», dice Morales. Se cosifica a las niñas desde pequeñitas con el reggaetón y en Tik Tok hay crías de seis o siete años haciendo vídeos hipersexualizados, vestidas y maquilladas como mujeres… Eso hace también que las propias menores no identifiquen muchas cosas.

Hace falta que los niños y adolescentes tengan claro lo que sí y lo que no, que su cuerpo es suyo y tienen derecho a decir lo que le apetece hacer y lo que no y tienen que ser conscientes de que hay unos límites que no se pueden pasar si no hay un consentimiento expreso.

«Se escapan muchísimos casos. Al final de una conferencia o un taller siempre viene alguien que te pregunta y que se da cuenta de que eso que le ocurrió hace tiempo era violencia sexual. Cuántos niños hay manteniendo secretos, porque siempre es un secreto: Esto no se cuenta, esto es entre tú y yo. Cuántos niños pequeños que todavía no tienen hecha su personalidad, ni conciencia de que lo que están viviendo y muchas veces es una violencia sexual de alguien a quien adoran», dice Carolina Macías.

Los que trabajan en ALAS son voluntarios que lo hacen de forma altruista. De momento cuentan con un espacio que les ha cedido la Diputación en la Noria y otro, también cedido, en Benalmádena. Tienen un teléfono de atención 24 horas (642 50 75 54) y también se puede contactar con ellos a través de su Instagram @alasasociacion .

Hasta ahora existía la fundación Márgenes y Vínculos, una entidad dependiente de la Jjunta sin ánimo de lucro, que se encarga de casos de violencia sexual infantil judicializados, siempre que el informe forense determine que ha generado secuelas. El problema es que para acudir a ellos el caso tiene que estar judicializado y te tienen que derivar, mientras que en ALAS te acompañan desde el minuto uno, incluso si deciden no denunciar, porque puede ser un hermano o una hermana y la familia puede preferir no denunciar, pero ese menor va a necesitar un acompañamiento aunque no denuncie. Y, por otro lado, no se puede tener a un niño esperando para darle sostén psicológico.

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