Javier Fernández: «A los inspectores se nos ha apartado de nuestra función real al ponernos en tareas burocráticas»

–Estas son sus terceras jornadas, ¿qué contenido destacaría del encuentro de Málaga?

–En primer lugar vamos a analizar y evaluar nuestro trabajo, qué hemos hecho. Tenemos la convicción de que nuestra labor puede ser mucho más decisiva en la mejora de la calidad y equidad del sistema educativo; pero para ello necesitamos que la Administración nos considere como lo que somos, inspectores de educación, y potencie nuestras funciones y atribuciones en el desempeño de nuestra tarea. Hasta ahora hemos estado orillados. Por eso vamos a plantear que el próximo plan general de actuación que entra en vigor en septiembre nos permita incidir en profundidad en los problemas de los centros. Necesitamos que la Consejería vuelva a confiar en la inspección de educación. Si lo hace se reajustarán muchos vicios estructurales y todos saldremos ganando.

–Aseguran que el anterior gobierno les tenía 'olvidados', ¿en qué sentido?

–En varios ámbitos de crucial importancia. Se decidió abordar un progresivo y estudiado proceso de interferencia en las funciones que le son propias a la inspección para fabricar una inspección descafeinada. Por ejemplo en la formación inicial y permanente del profesorado. Hemos estado vetados tácitamente en los Centros de Educación del Profesorado. Le pongo un ejemplo: presidimos las comisiones de evaluación de los profesores en prácticas, pero no participamos en su formación; ¿tiene esto algún sentido? Igual podemos decir de la formación de los directores. Además, fuimos excluidos de la supervisión de los procesos selectivos (oposiciones). En la escolarización (raíz de los derechos educativos) se nos relegó. Se nos desdibujó de la evaluación real y efectiva y se nos encomendaron tareas burocráticas alejadas de las necesidades reales del alumnado. Otro ejemplo de esto último: se nos ha tenido supervisando horarios en el mes de noviembre; ¿tiene alguna lógica?

–También reclaman mejoras laborales...

–Sí, porque no se han atendido los compromisos relacionados con nuestras condiciones laborales. Por ejemplo, desde el año 2008 llevamos esperando una prometida actualización del complemento específico. USIE impulsó en diciembre de 2017 una moción en el Parlamento de Andalucía para que estos compromisos históricos se ejecutaran. Moción que fue aprobada en la mayoría de sus puntos y que el anterior gobierno no atendió.

–¿Qué esperan entonces del nuevo ejecutivo andaluz y del consejero Imbroda?

–Vemos con mucho acierto el intento de despolitizar la educación. Ahí nos va a encontrar siempre. También ha sido un acierto mayúsculo el cierre de la AGAEVE. En segundo lugar esperamos que la moción del Parlamento de Andalucía se vea cumplida en todos sus términos en 2020, entre otras cosas porque Ciudadanos la apoyó. Llevamos esperando desde el 2008.

–¿Qué papel puede tener la inspección en el éxito educativo?

–Simplemente: ser lo que la ley dice que somos. Verdaderos garantes de los derechos y deberes educativos de los ciudadanos. Eso implica poder e independencia. Si los órganos de control de la administración se politizan, estos carecen de sentido y los ciudadanos caen en indefensión. Para ello nuestros informes deberían ser vinculantes en determinados procedimientos administrativos. Si los informes de una autoridad pública no se hacen ejecutivos: ¿para qué se piden y elevan?

–Su función de inspección y supervisión se centra en los centros, ¿la administración educativa también debería ser objeto de una inspección específica?

–Junto a la supervisión debemos liderar y coordinar la evaluación de docentes, directivos y centros. Una evaluación con efectos para los evaluados. Y esa evaluación también debe incluir a la propia administración. Esto es, supervisión y evaluación en una doble dirección: hacia los administrados y también hacia los administradores. Y todo ello con un dictamen público anual expuesto ante la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía. La transparencia debe ser total.

–¿Cuáles son, en su opinión, los principales cambios que debería incluir el nuevo plan de actuación de la inspección educativa?

–Garantizar la autonomía profesional con una rendición de cuentas. En los últimos años, con el argumento de la homologación se ha ejercido un control. Decían homologación porque no podían decir control. Primero habrá que definir qué significa homologación y luego ejercerla hasta un límite. Está demostrado que una excesiva estandarización de procesos evita el compromiso y bloquea el desarrollo profesional. Tenemos que recuperar la autonomía de los equipos de zona y de los inspectores de referencia. Tenemos que desplegar actuaciones singulares en localidades que tienen problemáticas diferentes las unas de las otras. No sirve una talla única para todos.

–¿Cómo se podría reforzar la inspección, una de sus reivindicaciones?

–Dotándola de potestades y competencias directas. Capacidad de decisión, ejecución y de maniobra. Por ejemplo, un director de centro tiene competencias (esto está bien) pero un inspector no. Tenemos funciones y atribuciones que no es lo mismo. Para ello hay que modificar el Decreto que nos regula, que data del 2002 y ha quedado obsoleto y superado. De nada sirve observar y trasladar lo observado. Es inocuo.

–¿Cuál es su opinión sobre la ley de autoridad pública del profesorado que impulsa la Consejería de Educación?

–Nos parece acertada la decisión de reforzar legalmente la labor profesional de los docentes. Pero con una ley no basta. Es necesaria una actuación en varias direcciones. Coordinar mensajes y esfuerzos. Urge un compromiso social que impulse el respeto para la profesión más bonita del mundo: medios de comunicación, AMPAS, ayuntamientos, entidades privadas... La LOMCE ya contempló la presunción de veracidad del profesorado en determinadas circunstancias. En 2010 ya se reconoció esto pero solo ante la propia Administración de Educación de Andalucía, y el problema no se ha solucionado.

–¿Qué le parece el plan de refuerzo escolar de verano, que los sindicatos han pedido que se retire?

–Hay argumentos a favor y otros que lo ponen en solfa. Habría que dejar claro que la idea es buena, pero que se ha presentado de forma precipitada, si contar con nosotros, y ya que va a ser una experiencia piloto, debería haberse planteado con mayor planificación y participación, porque el mayor o menor éxito de esta experiencia pesará en su posterior desarrollo.

–En su opinión, ¿cómo se podría actuar en el caso del adoctrinamiento político en la escuela de determinadas comunidades?

–Tenemos una Alta Inspección que está vacía de contenido. ¿A alguien le parece bien que tengamos 18 sistemas educativos? Sus responsables son nombrados a dedo. El Alto Inspector para Andalucía no es inspector de educación. USIE ha criticado esta incoherencia y ha propuesto que los cargos de la Alta Inspección sean ocupados por inspectores de carrera en comisión de servicio a través de un concurso público con unos criterios transparentes. USIE a nivel nacional dejó claro su apoyo a aquellos inspectores y profesores que no podían ejercer sus funciones con plena libertad y que tuvieron el valor y coraje de hacerlo público. No dejamos tirado a nadie.