Interior ya tiene empresa para desmantelar plantaciones de marihuana en Málaga

En febrero, la operación 'Lomas', de la Guardia Civil, se saldó con tres detenidos, 795 plantas de marihuana de gran tamaño intervenidas así como 4,7 kilos de cogollos envasados al vacío listos para vender. Se desarticuló un grupo criminal dedicado al cultivo de marihuana 'indoor' en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande.

Son dos ejemplos del modus operandi de las mafias en una actividad claramente al alza y que preocupa a las fuerzas de seguridad. Destruir estas plantaciones es una tarea ingente y no siempre fácil por la necesidad de medios técnicos, fuertes pendientes, condiciones atmosféricas...

Por eso, Interior acaba de adjudicar cinco contratos para ayudar a Policía y Guardia Civil con esta laboriosa tarea. El segundo lote corresponde a las provincias de Málaga y Granada y lo va a llevar a cabo la empresa Pedro Luis Ramírez Cueva, que también acometerá las tareas en Almería. Los otros tres lotes han sido para Centro de Gestió Medioambiental (Cataluña), Servicios de Agricultura Inteligente (Madrid) y Natural Mediterranean Activities (Valencia). Son contratos por dos años.

El pasado 2 de diciembre, SUR publicaba la salida a concurso de este contrato que tenía esta clara justificación según el expediente: «El desmantelamiento de grandes plantaciones de marihuana es uno de los principales problemas logísticos a los que se enfrentan en la actualidad las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Este tipo de cultivos ilegales ha crecido de forma exponencial en los últimos años tanto en plantaciones de exterior como 'indoor' que por orden judicial deben ser destruidas para evitar que lleguen al mercado sustancias ilícitas que ocasionen problemas de salud pública».

El sur de España, con Granada y Málaga a la cabeza, se ha convertido en la principal región de cultivo de cannabis sativa del continente. A nivel nacional, llegan a incautarse más de 32 toneladas de marihuana al año y 1,3 millones de plantas. El 26% de las intervenciones se desarrolla en parajes naturales. En la provincia de Málaga, cada vez más se detectan más cultivos agrícolas tradicionales que mutan y se pasan al narcotráfico. Ocurre por ejemplo dentro de invernaderos, en zonas boscosas, en casas grandes con garajes y trasteros que permiten un cultivo productivo con varias cosechas al año y también sucede a menor escala. Las fuerzas de seguridad utilizan muchas veces drones para tratar de detectar esta actividad en plena naturaleza.

Los problemas añadidos a los de salud pública son claros. En muchos casos, se trata de los citados problemas energéticos, propiedades okupadas y toda la violencia que puede rodear al crimen organizado.

El Ministerio del Interior ha dividido el contrato en cinco lotes. Esto tiene una clara fundamentación logística. Por áreas se realiza mejor y se ahorran costes económicos y de tiempo. El plazo de los contratos es de 2 años que empiezan a contar a partir de febrero del año que viene. El presupuesto global es de 720.000 euros (209.000 en el caso del lote que concierne a Málaga).

Cuando se trata de pequeñas plantaciones, son los propios agentes los que las llevan a cabo. Sin embargo, la cosa se complica cuando el volumen es mayor. Y es necesario acudir a empresas especializadas con los correspondientes niveles de supervisión y de confidencialidad. Además de la falta de maquinaria especializada, haría falta el destino de una gran cantidad de agentes, lo que iría en detrimento de la seguridad general.

«La importancia de esta problemática ha llevado al secretario de Estado de Seguridad a dictar una instrucción, por la que se aprueba el Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad Organizada asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana», señala el documento, que marca como prioridad favorecer logísticamente la destrucción de las grandes plantaciones.

¿Cómo se calcula el contrato? Se tienen en cuenta los costes que estos servicios generaron en 2022 y la evolución de 2023, pero, evidentemente, se deja ese margen de modificación presupuestaria porque se trata de factores imprevisibles. Pero el número de plantas no vale para el cálculo porque el desmantelamiento depende de los tamaños (desde plantones hasta 2 metros), de la facilidad o no del acceso, etc. En ocasiones, hay que llegar hasta barrancos o montes sin caminos transitables. Es más, a veces, las condiciones climáticas complican mucho el uso de maquinaria y, si el cultivo está enredado en una malla plástica, el trabajo es doble.

Tampoco la autoridad judicial ofrece siempre el mismo marco de acción: «Existen casos en los que la orden recibida es arrancado y traslado a vertedero, con lo que no es necesaria una previa trituración, y otros en los que se ordena custodia en el lugar que se determine, con lo que se requiere trituración y ensacado para evitar putrefacción y facilitar su traslado posterior».