Los inspectores de Educación se unen a las críticas a la nueva ley de Educación de la ministra Celaá

Para los inspectores, la eliminación, a través de enmienda en el actual trámite parlamentario para modificar la LOE, de exigir la superación de una prueba para el acceso al cuerpo de inspectores de educación, dejando en su lugar una mera valoración, «la selección de los inspectores e inspectoras no estará sujeta a criterios objetivos, garantizados por la constatación de los conocimientos y los méritos aportados, sino por otros de dudosa verificación, ya que permitirán nombramientos, sujetos a afinidades espurias, ambiguos o directamente arbitrarios».

Consideran que el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación debe realizarse con unos rigurosos criterios de objetividad, que permitan valorar el conocimiento, las aptitudes y los méritos de «aquellos y aquellas que van a ejercer unos cometidos claves en nuestro ordenamiento educativo, que podrían subsumirse en los de garantizar el derecho a la educación. Para lo que la independencia, el rigor y la objetividad juegan un papel fundamental». La enmienda que se tramita en el Congreso, de llevarse a cabo, «no garantizaría los criterios elementales para ejercer una función pública tan relevante en nuestro sistema educativo», afirman desde el sindicato USIE. Es más, consideran que se pondría en grave riesgo la garantía de las funciones y atribuciones de la inspección educativa para hacer valer el derecho básico a la Educación. «De ratificarse, sería un grave paso atrás respecto al avance que supuso el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación mediante concurso-oposición implantado por la denominada 'Ley Pertierra' en 1995», aclaran.

Ante esta situación, la Unión Sindical de Inspectores de Educación ha elevado un escrito pidiendo amparo a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet Aznar, para que traslade a todos los grupos parlamentarios su «absoluto rechazo» a la medida, y para que «desde el ámbito de sus competencias y cometidos eviten el despropósito que supondría la aprobación definitiva del precepto, por ser contrario a la independencia y el rigor que debe caracterizar a la Inspección educativa y, por tanto, a la garantía del derecho a la educación de los ciudadanos y ciudadanas de este país, en un régimen de independencia, con profesionalidad, autonomía y rigor técnico. Más allá del agravio y desprecio que supone a la labor de un colectivo de mujeres y hombres que cada día trabaja por la defensa del desempeño de sus atribuciones en un régimen que se caracterice por los principios democráticos.