Inquiokupas, cuando el inquilino ni paga ni se va

La foto es cerca El Ejido, donde Francisco Estévez, jubilado, sufre los impagos de un inquilino desde hace dos años. Le acompaña su mujer, Maribel. Comparecen también Teresa Gutiérrez, que tuvo graves problemas con un piso que era de su padre. También Javier y Virginia. Y la madre de ésta. Ellos acaban de poner fin a un calvario de cuatro años.

El foco sobre la okupación se pone más en las personas que se instalan por la fuerza o sin permiso en una vivienda ajena. Distinta cuestión es la de los inquilinos que empiezan a pagar el alquiler y en un determinado momento dejan de hacerlo y, además, no se van.

Los afectados entrevistados con SUR comparten un diagnóstico parecido. Por el camino se han dejado ingresos, energía y moral. Los tres, además, coinciden en señalar la falta de seguimiento por parte de la Administración sobre hipotéticas situaciones de vulnerabilidad de los inquilinos. Y los tres están a favor que de haya medidas de acceso a la vivienda, pero enfatizan que los propietarios no deben ser un «escudo social».

La Plataforma de Afectados por la Okupación calcula que puede haber unos 80.000 afectados por los impagos en España. El decreto gubernativo, a raíz del coronavirus, prohíbe el desalojo de las personas catalogadas como vulnerables por los servicios sociales. Según la Plataforma, muchos inquilinos se agarran a esta situación, lo que suspende los lanzamientos.

Francisco Estévez es jubilado. Y pensó en tener una segunda propiedad que dejarle a su hijo para cuando se independizara. «Él tiene ahora que compartir piso pagando un alquiler entre tres amigos porque no dispongo del piso, lo tengo inquiokupado desde hace dos años. Menos mal que la luz y el agua no las puse a mi nombre», lamenta, al tiempo que sólo ve como solución la vía política y que la futura ley añada la inquiokupación. En este punto, incide en que el Gobierno acumula más de veinte negativas a recibir a la Plataforma. «La inquiokupación es lo mayoritario pero somos invisibles. Se está creando un gran campo de impunidad. Ser vulnerable es fácil. Esto está conculcando el derecho a la propiedad», critica.

Estévez hace dos años que no cobra y hace uno que cuenta con una sentencia favorable pero se produce la declaración de vulnerabilidad. «Los dos primeros años pagaron con normalidad. Es más, el contrato lo hice a través del Instituto Municipal de la Vivienda, ellos pagaban la mitad. Pero cuando dejaron de pagar me dirigí al Ayuntamiento y se limitaron a decirme que denunciara. Ya me deben 16.000 euros», asevera.

Denuncia que las compensaciones de la Junta en los casos de impago son parciales, llenas de burocracia y tardan. «Conozco gente que tiene hasta que malvender la casa acuciada por los impagos. Menos mal que yo no tengo hipoteca del piso», añade. El juzgado ha solicitado nueva fecha para el desahucio, pero no es optimista.

Teresa Gutiérrez [nombre ficticio a petición de la interesada] relata una intrincada odisea: «Mi inquiokupa salió en febrero de 2022 y tras dos años de impago. El contrato fue en 2016 y se hizo a nombre de dos personas [luego descubrió que una nunca estuvo empadronada allí]. Era un piso que era de mi padre, fue mi casa, una casa con 52 años. Lo alquilamos para poder pagarle un alquiler a mi padre aquí en Málaga».

«Al principio, malpagaban. A los tres años, fin del contrato, le dije que si querían prorrogar pero ella estaba ella sola. Mi padre falleció en marzo de ese año, 2019. Trabajaba sin nómina, me dijo. Y la expareja es quien había firmado el contrato. Me dijo que iba a pagar con la ayuda al alquiler», añade. La ayuda nunca llegó.

A partir de ahí empieza un calvario de abogados, contactos y litigiosidad con el ayuntamiento en cuestión [prefiere no identificarlo]. Empezaron a acumularse los impagos. La inquilina entró a trabajar en el ayuntamiento y allí tranquilizaron a Teresa asegurando que pagaría. Vivía con dos hijos, de 18 y 17. «Llegué a ofrecerle que se fuera perdonándole una deuda de 9 meses y dándole dos para buscar una alternativa. Se negó. Tuve que demandar. Fue en octubre de 2020. Cuando ya se activó el procedimiento me pilló el segundo Estado de Alarma y se tuvo que suspender todo. Tenía juicio para marzo de 2021. Ella corrió más que yo. Tenía abogado de oficio e informe de vulnerabilidad. Aporté la captura de pantalla que probaba que trabajaba sin contrato», incide.

La historia a partir de aquí se complica aún más. Hasta dos detectives tuvo que contratar y descubrieron que la inquilina trabajaba y que la vida que llevaba, a tenor de las redes sociales, no se correspondía con ser vulnerable. «Hicimos un escrito al juez con el informe del detective, el nivel de vida y mi certificado de desempleo y la discapacidad mi madre de un 80%. Arguyó que me había pagado en mano, que había hecho reformas... La juez la declaró no vulnerable», prosigue, al tiempo que añade que, además, estaban produciéndose problemas de convivencia con los vecinos, incluso con quejas de consumo de drogas. Mientras, era la propia Teresa la que pagaba un gasto «disparado» de luz, el agua y la comunidad.

Pudo probar tras gastarse 2.000 euros en detectives que esta persona no era vulnerable. Hasta recibía 1.000 euros al mes en ayudas públicas y tenía una propiedad en Zaragoza. A Teresa le costó más de 30.000 euros todo el proceso. Y un piso destrozado.

Javier y su esposa Virginia han respirado al fin durante la realización de este reportaje. «Acabo de recuperar la posesión», mensajeaba él, profesional de la hostelería, con este diario. «Estamos a favor de las ayudas pero no hay un seguimiento. Se está tirando mucho dinero público. Y ya ha llegado un momento en el que los abogados de oficio se las saben todas», sentencia.

La deuda de sus inquilinos se acumuló durante 4 años y sumaba 20.000 euros. «Esto ha sido un calvario y los abogados ayudan poco. He tenido que ser detective y hemos conseguido desenmascarar la vulnerabilidad. No entiendo que los servicios sociales no sigan esto. Y los inquilinos deben comunicarlo cuando dejan de estar en esa situación. Hay dinero público que se está malversando», critica.

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