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Imagine el típico grifo de casa que continuamente da problemas con ese goteo incesante que martillea la cabeza. O trate de recordar la última vez que la cisterna de su baño perdía un hilillo. Ahora, visualice esa misma escena pero repitiéndose a diario y a mayor escala en todas las redes de abastecimiento que suministran a la provincia. ¿Ya? Pues eso es lo que ocurre, hasta el punto de que uno de cada cinco litros que se distribuyen desde los cada vez más mermados embalses y acuíferos se pierde antes de salir por el grifo. Las empresas suministradoras se refieren a este caudal como agua no registrada, pero detrás de este tecnicismo sólo hay una realidad: entre las fugas que se producen por averías puntuales o por el mal estado de unas tuberías que en algunas zonas no se renuevan desde hace más de cuatro décadas, y los fraudes (enganches ilegales o el trucaje de los contadores para que la facturación sea inferior a la real) cada día se deja escapar una media del 20% del agua que se inyecta en las canalizaciones. Ese porcentaje se eleva al 25% si se le añaden las consecuencias del subcontaje, que es el agua que no llega a ser controlada por los contadores domiciliarios aunque sí que se consume. Ése es el panorama en las áreas urbanas, pero en los municipios del interior estos escapes se disparan incluso por encima del 50%.
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¿De cuántos litros estamos hablando si nos centramos únicamente en esa quinta parte que se pierde por fugas y fraudes? Teniendo en cuenta que en la provincia se distribuyen unos 114 hectómetros cúbicos anuales (114 mil millones de litros), la cifra es demoledora: cada año se pierden 22,8 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, 62,4 millones de litros diarios. Para hacerse una idea más exacta de este despilfarro en la antesala de un nuevo periodo de sequía, este volumen equivale al consumo de unas 495.000 personas (cada habitante gasta una media de 126 litros diarios), al agua que toda la Costa del Sol occidental utiliza en diez meses o al que una localidad como Vélez necesita en cuatro años.
Todos los ayuntamientos, que son la administración competente en materia de abastecimiento, son conscientes de la necesidad de acabar con este derroche, pero el elevado coste de unas obras que no lucen parece imponerse. Mientras tanto, los pantanos siguen bajando y ya están al 34% de su capacidad, colocando a la provincia en una situación de alerta en la que, de momento, sólo hay garantías de abastecimiento para 1 ó 2 años, según advierte la Consejería de Medio Ambiente.
Por comarcas, el litoral occidental es el que mejor ha hecho los deberes, a pesar de que todavía se deja por el camino en torno a un 20% del caudal, un nivel similar al que registran Málaga capital o Antequera. En la Axarquía, el porcentaje ronda el 25% en la franja costera (24% en Vélez y 26% en Nerja), mientras que en el Valle del Guadalhorce la media se sitúa en el 30% (25% en Cártama y 29% en Alhaurín de la Torre). Mirando más al interior, el promedio es del 35%, aunque en los pueblos más pequeños hay picos de hasta el 50%, según los estudios elaborados por la Diputación para analizar los recursos hídricos de la provincia.
«Hay que ser más eficientes. No se puede sostener que se pierda un 35% del agua que se capta en los acuíferos», advierte la diputada provincial de Medio Ambiente, Marina Bravo, quien además de pedir «más implicación a los ayuntamientos» pone sobre la mesa las inversiones impulsadas por el ente supramunicipal, como los 6,3 millones consignados este año para 70 obras que mejorarán la captación, el abastecimiento y el suministro en 55 municipios del interior. De este partida, 4 millones del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación se destinarán a la renovación de tuberías y canalizaciones, la realización de sondeos y captaciones para buscar nuevas fuentes de abastecimiento, la construcción o mejora de depósitos y la instalación de totalizadores y sistemas de control para detectar fugas.
En la misma línea están trabajando en Acosol, la empresa pública de aguas de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, a través de un plan plurianual de inversiones con el que se pretende reducir las averías y los volúmenes de pérdidas en sus conducciones principales de abastecimiento, que son las que le competen puesto que el suministro hasta los domicilios corresponde a las empresas suministradoras de cada municipio. Entre los proyectos, que se irán acometiendo por fases durante los próximos años, destacan la sustitución de varios tramos de las tuberías principales y de distintos ramales en los términos municipales de Mijas, Marbella, Estepona e Istán con un importe que, en su conjunto, superará los 15 millones de euros.
También tienen trabajo por delante en Málaga capital, toda vez que entre fugas, fraudes y el citado subcontaje cada día se pierden 23 de los 115 millones de litros que Emasa suministra a través de una red de distribución de más de 1.800 kilómetros. De esta forma, un 20% del volumen que se inyecta no se registra y, por tanto, no se factura. «Tenemos sectorizada toda la ciudad en 119 zonas y, además, hay contadores intermedios que nos permiten comparar el agua procedente de la gran tubería de abastecimiento con la que llega a los domicilios de cada sector para así detectar si hay fugas o fraudes. Afortunadamente, no tenemos grandes fugas, pero sí debemos acometer inversiones para evitar problemas cuando empiecen a fallar las juntas de las tuberías más antiguas», explica el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez.
En este sentido, la empresa municipal de aguas tiene redactado un plan de actuaciones para terminar de sustituir todas las canalizaciones de fibrocemento (quedan 736 kilómetros) tanto por su obsolescencia como porque contienen amianto. El objetivo está claro, aunque el problema está en cómo financiarlo. La inversión para cambiar estas tuberías se ha cifrado en 29,6 millones, una partida que figura en el paquete de actuaciones presentadas por la empresa para renovar la red de abastecimiento y saneamiento, evitar inundaciones y aprovechar el agua reciclada para el riego con un presupuesto total de 130 millones. En principio, la idea del equipo de gobierno era que los ciudadanos asumieran esta inversión con una subida en el recibo del agua, pero en vista del rechazo de toda la oposición, que le deja en minoría, intenta ahora que la Junta de Andalucía costee las obras de depuración.
En Marbella, pese a las mejoras acometidas en los últimos años en las conducciones todavía se escapan entre fugas, fraudes y fallos de los contadores unos 3,5 hectómetros cúbicos (20%) de los 17 que la empresa concesionaria Hidralia suministra en el término municipal (Acosol también abastece a varias urbanizaciones). Un volumen que en el último año se ha logrado rebajar en un Hm3 con la puesta en marcha de un sistema de sectorización de toda la red (500 kilómetros) que permiten localizar en tiempo real cualquier avería, tal y como remarcan desde la compañía de abastecimiento.
En el caso de Vélez, el Ayuntamiento estima que necesitará 8,5 millones para evitar que cada año se escapen 1,5 hectómetros cúbicos anuales debido al mal estado de las conducciones más antiguas. El equipo de gobierno ha avanzado su intención de incluir en el presupuesto de 2018 una partida para mejorar la red, aunque sin concretar.
El volumen de agua que se pierde desde las captaciones hasta los grifos no sólo supone un despilfarro en términos ambientales en una provincia sobre la que periódicamente planea la amenaza de sequía, sino también económicos. Y por partida doble, porque al caudal que no queda registrado en los contadores y que, por tanto, no se factura, próximamente se sumará el montante que los ayuntamientos tendrán que abonar a la Junta de Andalucía. Será cuando se desarrolle el reglamento que dé validez al artículo de la Ley de Aguas de Andalucía en virtud del cual las pérdidas (ya sean por fugas, fraudes o cualquier otra incidencia) computarán a la hora de fijar el canon de depuración que se aplica para financiar obras de saneamiento.
Si ahora son los ciudadanos lo que abonan este recargo a través del recibo del agua, la normativa autonómica establece que los municipios tendrán que hacerse cargo de la diferencia entre el volumen abastecido en alta a la entidad suministradora y el caudal facturado por la misma. Con esta medida, que sigue pendiente de desarrollo reglamentario desde 2010, se persigue un uso racional y sostenible del agua penalizando las pérdidas. Hasta que esa advertencia se materialice, los ayuntamientos intentan aprovechar el tiempo para corregir todos los escapes que puedan tener sus tuberías.
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