El Gobierno sigue bloqueando el acceso de los ayuntamientos a sus ahorros para afrontar la crisis del coronavirus

Sin embargo, el Consejo de Ministros celebrado ayer no adoptó medida alguna en este sentido. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no descartó que se pueda hacer en el futuro, aunque la vinculó a cuando pase la emergencia sanitaria y llegue el momento de la «reconstrucción económica y social de España». Para Montero, para llegar a un acuerdo será necesario decidir qué políticas se podrán aplicar y cuáles podrán financiarse con los superávits municipales. Fuentes socialistas aseguraron ayer a SUR que el Gobierno trabaja en un borrador en esa dirección.

Montero recordó que los ayuntamientos ya están autorizados a utilizar en cuestiones relacionadas con la crisis sanitaria una parte del superávit presupuestario del ejercicio anterior, concretamente el 20 por ciento. Lo que reclaman los alcaldes es mucho más. Quieren disponer no sólo del 100 por cien de ese remanente, 3.000 millones, sino del ahorro acumulado desde que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobara la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que impide a los ayuntamientos disponer del mismo. Esta norma no ha sido modificada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ahora los alcaldes reclaman que se elimine o al menos se flexibilice para que esos fondos puedan servir para afrontar la emergencia económica derivada de la crisis sanitaria.

El alcalde de Estepona y vicepresidente de la FEMP, José María García Urbano, destacó que no tiene ningún sentido endeudar a las administraciones para hacer frente a esta situación mientras que los fondos siguen en los bancos con intereses negativos, es decir, provocando gastos en las cuentas municipales. Se trata de 28.000 millones de euros en todo el país.

La situación de algunos ayuntamientos malagueños es significativa. Mijas cuenta con un superávit acumulado de 130 millones de euros; Benahavís, 86 millones; Estepona, 62 millones. El de Málaga, que en años anteriores destinó su remanente a reducir deuda, obtuvo un superávit en 2019 de 30 millones de euros.

También la Diputación Provincial ha cerrado el ejercicio de 2019 con un superávit de 30 millones. Su presidente, Francisco Salado, remitió la semana pasada una carta a la ministra de Hacienda en la que le propuso un cambio en la norma para poder atender las necesidades de la población más vulnerable durante el actual estado de alarma.

La reivindicación dista de formar parte de la disputa entre partidos. Los alcaldesa socialista de Benaoján, Soraya García Mesa, miembro de la ejecutiva de la FAMP, destacó que se trata de un reclamo compartido y aseguró que será atendido.