El Gobierno central y la Junta sellan el acuerdo para la construcción de la desaladora de la Axarquía

El grupos de trabajo conformado por el Estado y la Junta ya están fijando el calendario y los plazos de construcción en particular de la desaladora de titularidad pública que se instalará en la comarca de la Axarquía, que ya tiene comprometidos 100 millones de euros en fondos europeos Next Generation –los del Plan de Recuperación–, lo que da garantía de la ejecución de la obra en los tiempos que se marcarán, que aún no se han precisado.

Además, la Junta de Andalucía, según el acuerdo suscrito, está colaborando en la búsqueda de los terrenos en que se instalará la nueva infraestructura hídrica, un proceso en el que se encuentra ya inmerso el Ejecutivo regional, que estudia varias opciones en el término municipal de Vélez-Málaga, preferentemente, según ha podido saber este periódico.

En cuanto a las características de la desaladora, ésta tendrá una capacidad de producción de hasta 50 hectómetros cúbicos al año, con una primera fase de 25 hectómetros cúbicos. La instalación contará con una planta desaladora, toma abierta de agua de mar y emisario submarino, así como suministro eléctrico y transporte y distribución de agua producida hasta los usuarios, que serán tanto los municipios como los regantes.

Se trata de unas cifras de capacidad que se considera que están ajustadas a la demanda de los municipios de la Axarquía y de los propios regantes, que además continuarán contando con los recursos aportados por la Junta de Andalucía que se estima que proporcionan 32,5 hectómetros cúbicos al año en la Axarquía procedentes de agua reciclada.

En la actualidad el equipo formado por los técnicos de la Junta y del Gobierno central está trabajando en la redacción del proyecto, que además está pendiente de autorización medioambiental, un requisito a cumplimentar por cualquier infraestructura.

Al margen de esta desaladora pública se había contemplado la posibilidad de que se construyera una privada. De hecho, ha llegado a haber hasta tres empresas interesadas en la ejecución de esta obra. Y en primavera lo que se esperaba era que antes del verano que ya ha terminado una de ellas resultaría la adjudicataria. Pero saltó la opción de que la desaladora fuera pública, financiada por el Gobierno central –vía fondos europeos, como ahora se ha visto–. Y actualmente lo que plantea el Ejecutivo regional es que se fusionen los trabajos técnicos ya realizados por los privados en la zona con el proyecto público. Aunque la ventaja de que la desaladora sea de titularidad pública es que tendría el agua bonificada a 0,45 euros de tope. Ello supone un importante ahorro para los municipos y también para los regantes, ya que en una desaladora privada el coste del agua sería, como mínimo, de 0,75 o 0,80 euros. De esta manera, contar con agua bonificada supone un coste de 2.700 euros por hectárea al año, frente a los 4.500 euros en el caso de que fuera sin bonificar. Además, la desaladora pública no repercute los 100 millones de euros de inversión necesaria, mientras que los planes privados suelen requerir admeás de la recuperación, la rentabilización de la inversión.

De este modo prácticamente culmina un largo proceso, que tuvo como primera culminación este acuerdo que alcanzaron la Junta de Andalucía y el Gobierno de España este verano tras más de un año de negociación a partir de que el Gobierno regional pidiera a la administración central que asumiera su responsabilidad e impulsara una desaladora que ya contemplaba el Plan Hidrológico Nacional para la provincia de Málaga. No en vano, en el propio texto del protocolo al que ha tenido acceso SUR se recoge que la Ley 11/2005, de 22 de junio, ya había declarado de interés general la desalación en la Costa del Sol –también en el poniente almeriense–. Posteriormente, el Real Decreto-ley 4/2023 había identificado actuaciones prioritarias necesarias para afrontar la falta de recursos hídricos en las demarcaciones del Júcar, las cuencas internas de Cataluña y las cuencas mediterráneas andaluzas. En concreto, en estas últimas, se declaraban como «actuaciones prioritarias» por la sequía la desalación en la Costa del Sol y en el levante almeriense.

La Junta y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acordaron que la ubicación dentro de la provincia de Málaga fuera la comarca de La Axarquía, que sufre un endémico déficit hídrico, con un embalse de La Viñuela que, según los últimos datos disponibles, se encuentra por debajo del 8% de su capacidad.

Falta por conocer el calendario de ejecución, pero el texto del acuerdo entre la Junta y el Gobierno español trasluce urgencia. No en vano, la sequía en Andalucía amenaza la economía y el empleo y la Axarquía es ahora mismo una región agrícola clave, con su producción de frutas subtropicales. Municipios de la zona ya se han visto este verano enfrentados a restricciones de agua. Pero cuando eran los privados los que se postulaban para realizar las obras se hablaba de que la construcción podría demorarse dos años, por lo que la desaladora no estaría produciendo agua hasta comienzos del año 2026.