Gerardo Cuerva pide otra política económica y se abre a cambiar la reforma laboral

Cuerva insistió: «Sea cual fuere el Gobierno que salga de las urnas, que cambie el rumbo; nos da igual el color político, pero sí le pedimos al Gobierno que ponga a las empresas en el centro y no en la diana», reclamó, ante un público entre el que se contaba el presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga. Sintetizó en tres principios su petición al nuevo Ejecutivo: estabilidad, seguridad jurídica y construcción de un marco «amable a la actividad empresarial».

«Lo que hay que decirles a los Gobiernos de todos los colores, de todos los segmentos, es que sin empresas no hay empleo; sin empresas no hay progreso; sin empresas no habrá Estado del Bienestar», insistió. Además, remarcó la necesidad de mejora de la competitividad y la productividad de las empresas españolas: «Desgraciadamente venimos enlazando trimestre tras trimestre una bajada de la productividad peligrosa», aseguró. «Necesitamos aumento de la productividad, un marco de relaciones laborales que sean flexibles, políticas fiscales no confiscatorias y que el tamaño de la empresa española crezca», abundó el presidente de Cepyme.

Una de las cuestiones en liza ante las elecciones anticipadas y un potencial nuevo Ejecutivo es la posibilidad del cambio de la reforma laboral, debate abierto por el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo. Cuerva valoró de la ley del trabajo acordada con el Ejecutivo de Pedro Sánchez que ésta fue resultado de un «esfuerzo ímprobo» de las centrales sindicales y empresariales. «Se consiguió hacer el mejor acuerdo posible en aquel momento. De eso hay que estar orgulloso», añadió. Pero, acto seguido, se lamentó de que el Gobierno haya cambiado algún aspecto vía decreto –como los ERE–. Y lanzó el guante a un próximo Ejecutivo: si quiere cambiar cualquier cuestión de la normativa laboral, los empresarios están dispuestos a negociar.

Las quejas de la organización patronal que expresó Cuerva sobre el Gobierno pasan, en primer lugar, por algo más cualitativo: el que califica de «ataque mediático a personas o instituciones empresariales», ese poner «en el foco de forma agresiva a los empresarios y a las empresas que hacen que progrese esta sociedad». Acto seguido, Cuerva evaluó severamente dos medidas : la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la reforma de las pensiones.

Respecto al SMI recordó que en los últimos años ha subido más de un 65% y reconoció que si bien se trata de una decisión que puede tomar de manera autónoma el Gobierno, esgrimió que el Estatuto de los Trabajadores marca que ello ha de hacerse previa consulta a los agentes sociales y bajo determinados criterios. También aceptó que la Carta Social Europea recomienda que la cuantía del salario mínimo sea equivalente al 60% del salario medio del país. Y fue en este punto en el que cargó las tintas: según sus cálculos, en el caso andaluz, el SMI se encuentra por encima del 65% del salario medio autonómico, mientras que en el sector servicios, agregó, el SMI se coloca por encima del 80%. Ello, atacó, «significa lastrar la competitividad de nuestra economía».

Concedió que en España hay personas que no cuentan con un salario suficiente, pero defendió que la medida no es intervenir los sueldos, sino «activar las ayudas del Estado del Bienestar».

Para Cuerva, otra de las acciones con las que el Gobierno «no ha acertado» ha sido la «mal llamada reforma de las pensiones»: «No ha sido una reforma de pensiones, sino una subida de cotizacion». «Va a la línea de flotación del incremento de costes del mundo empresarial», criticó. En su opinión, para mejorar el sistema público de pensiones y elevar los ingresos se ha de incrementar el número de trabajadores: «Pero esto es mucho más trabajoso; es mucho más fácil exigir que se aporte más dinero; eso es lo que se ha hecho y va en detrimento de la competitividad de la empresa española».

Hizo hincapié además en la necesidad del crecimiento del tamaño empresarial. En este sentido afirmó que la compañía media española cuenta con cuatro trabajadores, frente a la media europea, donde se superan los seis. La convergencia con Europa en estas cifras, contó, implicaría la creación de 1,2 millones de empleos, que llevaría consigo un PIB mayor, más exportaciones y también 20.000 millones de euros más en recaudación.

En esta materia tributaria, Cuerva abogó por la que llamó «relajación fiscal» (bajadas de impuestos) y defendió la «sana competencia fiscal entre autonomías».

También profundizó en el déficit de mano de obra: «Cómo es posible que con tres millones de parados no encontremos trabajadores para nuestras empresas; en la construcción faltan 700.000 trabajadores; cuántos faltan en la hostelería», puso sobre la mesa. «Hemos tenido abandonadas las políticas de empleo», evaluó.

Puso de manifiesto que no fue posible el acuerdo sobre el Estatuto del Becario, que no obtuvo el respaldo de la patronal, sino sólo de los sindicatos. «La figura del becario es esencial. Ha sido un canal de ingreso de las personas jóvenes que arrancan su actividad. Limitar la figura del becario sería un error para el acceso del joven al mundo laboral», expuso el dirigente empresarial.

Pero Cuerva, además de encadenar críticas en su discurso y destacar los desencuentros con el Ejecutivo, también puso en valor los acuerdos alcanzados con los sindicatos y con el propio Gobierno –además de los que se han producido en el ámbito andaluz–, por un lado, así como las medidas adoptadas por el Ejecutivo para paliar las consecuencias económicas de la pandemia, por otro. De esta manera, en primer lugar, si bien reconoció que los empresarios se han «dejado pelos en la gatera» en las negociaciones, por ejemplo en una de las últimas, la que llevó al acuerdo sobre la negociación colectiva, reseñó que han logrado que la senda de crecimiento de los salarios planteada puede dejar al margen a sectores y territorios que «por la incidencia de la subida del salario mínimo interprofesional» no tuvieran capacidad de acogerse a ese camino marcado. El acuerdo, defendió, «se dota de algo fundamental que necesita la empresa: flexibilidad».

También se felicitó por que el Gobierno pusiera en marcha durante la pandemia el esquema de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo), que hizo posible que las empresas mantuvieran los puestos de trabajo. También valoró favorablemente, aunque con algunos matices más, los créditos con el aval del ICO (Instituto de Crédito Oficial) que diseñó el Gobierno, «aunque no fueron gratuitos»: «Ahora se están pagando», dijo Cuerva respecto a estos préstamos; «no fueron a fondo perdido y supusieron un sobreendeudamiento de 130.000 millones de euros para el mundo empresarial».

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, propone eliminar la limitación de mandatos del cargo que ocupa. Gerardo Cuerva, que además de presidente de Cepyme es vicepresidente de la CEOE, este jueves, en el desayuno coloquio organizado por SUR y patrocinado por Unicaja Banco, fue un poco esquivo ante la pregunta que se le planteó para que opinara sobre la cuestión: «Me parece que cualquier opción que ponga encima de la mesa será buena; no está haciendo nada para perjudicar a la institución», aseguró. Además, comentó que todas las actuaciones del presidente Garamendi van en «beneficio y mejora de la organización empresarial», en la que ve un «cambio a mejor» durante su mandato.