Las funciones de Cassá

«Establecer, mantener y consolidar los vínculos locales, regionales, nacionales e internacionales con organismos y entidades públicas y privadas bajo diferentes modalidades de cooperación», reza uno de estos epígrafes, al que se suman algunos parecidos: «Dar a conocer a la sociedad la acción política e institucional del Gobierno de la Diputación de Málaga»; y «garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una información rigurosa y veraz sobre la actividad de los poderes públicos». A ello se añade la función de «seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno provincial» y las relaciones con las instituciones públicas en general.

A efectos prácticos, este decreto hace oficial el cambio de estructura del gobierno, y confirma que Cassá dependerá directamente del área de Presidencia, aunque queda conformado como una unidad administrativa separada del resto. Preguntados por si eso conlleva la contratación discrecional de cargos de libre designación que dependan de Cassá, fuentes del equipo de gobierno matizan que para ser delegado de un área –como el diputado lo es de Relaciones Institucionales– tiene que estar adscrito a su correspondiente unidad administrativa, «aunque en este caso esa unidad tiene personal cero y depende de Presidencia», insisten.

La emisión de este decreto es un paso más que confirma la nueva situación en la Diputación de Málaga, aunque no todos están convencidos de que sea un hecho consumado, sobre todo en Ciudadanos. Uno de ellos es el vicepresidente de la administración provincial y teniente de alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, que confió ayer en que ambos partidos (PP y Cs) llegarán a un acuerdo a nivel nacional que «frenará» un nombramiento que no comparten en absoluto, y que podría significar la ruptura del pacto en la Diputación, tal como ya amenazó con hacer la formación naranja.

Según fuentes consultadas, la situación vive en estos días un periodo de 'impasse' a la espera de que se reúna el pacto antitransfuguismo. En Ciudadanos creen que tras este encuentro el Partido Popular «recapacitará». «Ellos tienen más que perder, porque lo de Cassá no es lo único que está en juego», avisan fuentes de Cs consultadas por este periódico. Por ello, desde el partido de Arrimadas (cuya dirección nacional es la que tomará la decisión en última instancia) prefieren no valorar el decreto en público a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Eso sí, en privado se muestran convencidos de haber ganado «la batalla del relato», y ponen como ejemplo el decreto conocido ayer. «Está claro que ningún ciudadano va a entender esas funciones, porque en realidad no es nada concreto más allá de un montón de frases para justificar el sueldo de un tránsfuga», afirma otro cargo relevante de Ciudadanos en la provincia.

Aunque el presidente de la Diputación, Francis Salado, dio hace unos días por zanjada la situación, lo cierto es que el asunto se mantiene en la actualidad política local. Desde la oposición, además, se intenta mantener la tensión sobre el asunto bajo la creencia de que podría erosionar a los populares. Sin ir más lejos, la semana pasada el PSOE presentó un recurso de reposición en el que pedía que se anulara el pleno donde se aprobó el nombramiento de Cassá como portavoz del equipo de gobierno y su sueldo de 73.422 euros al entender que no estaba justificada ni la convocatoria extraordinaria de la sesión ni la urgencia de los asuntos tratados. Mientras, el diputado –fiel a su estilo– mantiene su silencio, al menos hasta que empiece ya a ejercer como portavoz del gobierno provincial.