¿Cómo funciona la educación para niños que tienen necesidades especiales?

Con el respaldo normativo, llega la hora de distinguir entre lo que cada escolar requiere, comienza un complejo engranaje en el sistema. Los alumnos y alumnas incluidos en el grupo de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) pueden ser los que tienen altas capacidades intelectuales; aquellos con integración tardía en el sistema educativo español, por ejemplo, extranjeros recién llegados a la Costa del Sol; con dificultades específicas de aprendizaje y los que presenta necesidades educativas especiales (NEE). Estos últimos, explica la Consejería de Desarrollo Educativo, tienen que superar barreras, debido a una discapacidad o trastornos graves o de comunicación y del lenguaje.

El alumnado NEE puede serlo durante toda su escolarización o por una etapa. En cualquier caso, queda claro que requiere apoyos y atenciones específicas, para de este modo, procurarle un aprendizaje acorde a su desarrollo. Su escolarización puede ser dentro de la modalidad A, es decir, se integra dentro del grupo ordinario de clase, a tiempo completo, aunque tenga una discapacidad sensorial o física, con refuerzos «puntuales, transitorios o continuados»; si tiene una enfermedad rara o crónica contará, en este caso, con «atención especializada por personal no docente»; la modalidad B, difiere de la anterior en que los apoyos son variables: la C es la del Aula de Educación Especial, en un centro ordinario, y la D, en un escuela de Educación Especial.

Pertenecer a un grupo u otro depende un dictamen de escolarización del que se encargan los 18 equipos de orientación educativa (EOE) que hay en la provincia. En estas unidades hay psicopedagogos, maestros especialistas en Audición y Lenguaje, educadores sociales y médicos escolares. A estos hay que añadir otro equipo encargado de alumnado con TEA, TDHA, DEA, altas capacidades o discapacidad social, entre otras casuísticas.

Antes de que el EOE intervenga, hay que detectar algunos indicios, lo que llevará a abrir un protocolo que, siempre con conocimiento de la familia del menor, prevé, en primera instancia, medidas de carácter general. También puede ocurrir que sean el padre, madre. tutor o el Servicio de Atención Temprana los que ponga ya sobre la pista de estas necesidades. Los dictámenes son revisados, por lo general, en cada trimestre, aunque puede ser antes.

Con el alumnado ya en clase, los apoyos llegan de la mano de los maestros de atención a la diversidad especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y en Audición y Lenguaje (AL), y los Profesionales de Integración Social (no docentes), que comúnmente se conocen como PTIS. Los PT trabajan en Infantil, Primaria y Secundaria con los escolares NEE u otros NEAE, tanto dentro como fuera del aula; los AL abordan trastornos del lenguaje. Los PTIS tienen tareas asistenciales y para el control y mejora de estas, por ejemplo, el control de esfínteres. Aquí hay que incluir otras siglas, las dificultades de aprendizaje (DIA) que, como en los anteriores casos, están al cargo del tutor, profesorado de refuerzo, docentes de las materias curriculares vinculadas a la dificultad detectada y PT y AL. Eso sí, estos últimos recursos humanos, conocidos como «de difícil generalización»: prioritariamente, se dedican al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). A estos hay que añadir perfiles formados para abordar discapacidad auditiva, visual o motórica y los intérpretes de lengua de signos.

Al margen de lo citado, la Junta ha dispuesto, este curso, programas de refuerzo, con cinco maestros PT y doce AL; Bienestar Emocional, con tres orientadores; más otro dos para Atención Temprana y los mismos para TEA; además, hay atención socioeducativa en Zonas de Transformación Social, con 81 orientadores a otros tantos colegios de la provincia. Las familias pueden optar a becas del Ministerio, con las que hacer frente a los gastos de intervenciones que no sean cubiertas por el centro. También hay convenios con asociaciones, para que voluntarios de estas acompañen a los alumnos en las aulas, aunque no tiene una relación profesional con la Junta, aclara esta, y su entrada al colegio depende de cada centro.

Un grupo de AMPA de la provincia han puesto en marcha un movimiento que demanda que la Junta, por un lado, incremente los recursos disponibles para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y, por otro, que cada centro tenga un cupo de profesionales asignados, sin compartir. Argumentan que, al comienzo de este curso, se realizó una programación conforme a unos recursos concretos y que, posteriormente, fue modificada por Desarrollo Educativo, en los primeros días de octubre.

La Consejería sostiene que los profesionales que atienden a estos estudiantes son «susceptibles de ser compartidos», algo que, de hecho, ya ocurrido otros cursos, conforme contempla la norma. Esta (Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad), apuntan desde la Consejería, dispone: «El maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales podrá prestar sus servicios con carácter fijo en su centro o con carácter itinerante en los centros que se le encomienden, de acuerdo con la planificación elaborada por cada Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación».

Eso sí, no hay una ratio de alumno para cada profesional. La clave, por lo tanto, hay que buscarla, defiende el Gobierno andaluz, en el informe de evaluación que elabore el orientador. Este papel determina los recursos necesarios. Conforme a estos, se busca el centro más cercano y ahí, indica Educación, sí se atiende a los alumnos NEAE que ya hay, «para hacer un reparto equitativo entre todos».