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El tira y afloja de estas últimas semanas entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) sobre la utilización del superávit de los ayuntamientos ha tocado esta mañana a su fin, aunque la falta de consenso seguramente origine una ... confrontación política. La junta directiva de la institución supramunicipal ha aprobado con los únicos votos del PSOE la última propuesta de Hacienda, que básicamente es similar a las anteriores salvo porque ahora se ha añadido una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones a fondo perdido a los consistorios que presten sus remanentes, así como una especie de cláusula calificada como «compromiso político» para ayudar a aquellos sin liquidez.
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De esta manera, se mantiene la misma estructura previa. Los ayuntamientos que quieran hacer uso de este superávit deberán «prestar» al Gobierno central el superávit que hayan acumulado. Una vez recibidos, el Ejecutivo de Sánchez les girará un 35 por ciento de ese dinero para que puedan gastarlo a corto plazo en materias como agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria. Por lo tanto, el acuerdo mantiene la propuesta de transferir a los ayuntamientos 2.000 millones de sus remanentes este año y 3.000 millones el que viene, y se compromete a la devolución del cien por cien de lo entregado en diez años, a partir de 2022.
Junto a este formato de préstamos y devoluciones, la propuesta sigue incluyendo los términos añadidos Hacienda entre el primer y el segundo documento mandado a la FEMP, y que principalmente supone no exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y el compromiso de estudiar su ampliación para 2021. Así las cosas, la gran novedad sería el ofrecimiento a los ayuntamientos que pongan sus remanentes a disposición del Estado una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones a fondo perdido, así como esta «resolución política» de última hora que atiende a las entidades locales sin liquidez.
Según esa resolución, se crea un grupo de trabajo en la Comisión de Hacienda de la FEMP encargado de proponer medidas y actuaciones dirigidas a los gobiernos locales sin remanentes y con problemas de financiación local, además de un «seguimiento detallado» en el ámbito local de la distribución de recursos procedentes de los fondos europeos.
Tal como ha podido saber este periódico, la FEMP ha aprobado esta propuesta con los votos únicamente de los miembros socialistas, aunque la abstención de Unidas Podemos (que a pesar de estar en el Gobierno no compartía las ofertas anteriores) ha cambiado la balanza. La Junta de Gobierno ha logrado un empate: A dicha abstención se han sumado los 12 votos socialistas a favor y los 12 en contra (10 del PP, uno de Cs y otro del PdeCat). El empate generado ha permitido recurrir al reglamento y el presidente y regidor socialista de Vigo, Abel Caballero, ha inclinado la balanza hacia el acuerdo.
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