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Se podría decir de la siguiente manera: la economía malagueña se encuentra en estos momentos ante el reto de solucionar los puntos que amenazan el crecimiento de la provincia en los próximos años. Sigue siendo el corazón de la economía andaluza, vuelve a crecer en ... 2024 y el turismo marcha a toda máquina. Las frías cifras construyen un cuadro fluorescente de la provincia. El PIB creció en 2023 en un 3,6%. Para este año, se encoge un poco, pero sigue estando en un 2.8%. El contexto nacional también acompaña. España crece por encima de Francia y acaba de dejar atrás a Alemania. Hay indicios que permiten confiar en una evolución robusta. Es verdad que la economía española fue la última en recuperarse de la pandemia. Durante un tiempo, ostentaba el farolillo rojo de las economías europeas.
Pero ese cuadro fluorescente corre el riesgo de tornarse gris si no se corrigen esos elementos que pueden hacer descarrilar a la economía malagueña. Algunos las tiene en común con el resto del país, otros son más específicos del territorio. Entre ellos, la Confederación de Empresas de Málaga (CEM) identificó la falta de vivienda y de personal cualificado. También señaló la necesidad de mejorar las infraestructuras, con una apuesta firme por el tren litoral, y por reducir la telaraña burocrática que tanto lastra a las empresas. A partir de aquí, se han propuesto posibles soluciones.
Todo esto se hizo en el marco de la presentación del 'Informe Socioeconómico de la provincia de Málaga 2023-2024'. Un amplio documento de 84 páginas que constituye una radiografía minuciosa que trata de descifrar las claves yendo de «macro a micro». El presidente de la CEM, Javier González de Lara, y los vicepresidentes de la CEM, Natalia Sánchez y Juan Manuel Rosillo, presentaron esta guía económica en la sede central de la institución empresarial.
«La vivienda es un tema que nos preocupa muchísimo. Somos conscientes de la situación compleja del mercado inmobiliario. Hay muchos elementos que contribuyen a ello», aseguró González de Lara, que admitió que el alto precio de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad ya suponen una barrera para incorporar a trabajadores a la provincia.
Sobre todo, en el sector del turismo que demanda, en estos momentos, una mano de obra que no puede cubrir. El presidente de la CEM pidió un debate serio para solucionar este problema, «sin prejuicios ideológicos» y basado en un diálogo entre las administraciones y los profesionales del sector. «También hay que ofrecer seguridad jurídica. Los propietarios necesitan tener unas herramientas para poder defenderse en caso de impagos», insistió.
En este punto, intervino Rosillo. Además de vicepresidente de la CEM, es el presidente de la Presidente la Asociación de Constructoras-Promotores (ACP). El problema de la vivienda, dejó claro, necesita de unas políticas estructurales y prolongadas en el tiempo. «Hay un consenso general de que hay un déficit de suelo. Las administraciones tienen que facilitar este suelo y hay que ayudar a las empresas constructoras, que están bastante solas», dijo.
Rosillo apeló a la construcción de más VPO, pero advirtió de que no bastará con promociones sueltas. «En Málaga hablamos de una necesidad de, al menos, 2.000 o 3.000 viviendas», dijo. Y sólo sería un punto de partida que permitiría empezar a hablar de un «antes y después». «Cualquier empresa que quiere traer a alguien de fuera de la provincia se encuentra con el problema de cómo le encuentra una vivienda a un precio razonable», admitió.
La falta de personal cualificado es otra de las amenazas que afectan a la economía malagueña, aunque, en este caso, se podría hablar de un problema generalizado, cuasi europeo. Influyen en ello el avance de la digitalización y la irrupción de la inteligencia artificial. González de Lara señaló que este tipo de perfil de trabajadores es muy difícil de encontrar. «Tenemos que mejorar la formación y adecuar los planes de estudio a nivel nacional», dijo.
Esperanza viene con la reforma de la FP dual, que apunta a mejorar la parte práctica y la inmersión en las propias empresas.
El empleo y la creación de empresas hablan de cierto dinamismo en la economía malagueña. «La provincia ha consolidado en 2023 su ritmo de creación de empresas y altas de autónomos», detalló, en este caso, Sánchez. «El empleo finalizó en niveles ya anteriores a los de la última crisis financiera, superando récords absolutos durante el primer semestre de 2024», añadió.
Cuando se habla de empleo en Málaga hay que hablar del sector del turismo. El motor de la economía de la provincia tiene una mención especial en el informe de la CEM. No hay señales de desaceleración y 2024 apunta a superar el anterior ejercicio turístico, que ya fue el más boyante de la historia. Pero la dependencia del turismo trae consigo riesgos que no son nuevos. Es verdad que la reforma laboral ha traído más contratos indefinidos. Las contrataciones en el sector no contribuyen a que España deje de ser el «país de los camareros», como se le calificaba de manera burlona en el entorno europeo.
Las cifras de las reservas y el movimiento en el aeropuerto evidencian que el 'boom' del turismo se mantendrá. Pero la sequía y la falta de infraestructuras hídricas para garantizar el abastecimiento de agua provocan temor en los hoteleros. El propio González de Lara hizo mención a ello. «Necesitamos planificar estructuras hidráulicas. Sin agua, no hay competitividad», repitió en varias ocasiones.
Las previsiones de la economía malagueña a medio plazo también se enturbian por la falta de infraestructuras en materia de movilidad. Sobre todo, si se tiene en cuenta el crecimiento de la población que el INE acaba de vaticinar para Málaga. En siete años, ya tendrá más población que Sevilla. El tren litoral, en este contexto, se considera de imperiosa necesidad para vertebrar a la población y permitir el flujo de trabajadores.
Por último, González de Lara también apeló a una reducción de la burocracia. Entre las propuestas para mejorar la competitividad de las empresas malagueñas, el presidente de la CEM le otorgó un gran valor a la reducción de la maraña de papeleo y regulaciones a las que se ve sometido el empresario.
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