La falta de acuerdo entre el Gobierno y los ayuntamientos inmoviliza más de 500 millones en la provincia de Málaga

La Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012, durante la etapa de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda, impide a los ayuntamientos recurrir a ese remanente, que sólo se puede destinar a reducir la deuda acumulada, la eventual realización de inversiones financieramente sostenibles o, en su caso, la realización de gastos en el ejercicio siguiente, siempre con el límite fijado por el gobierno de la llamada Regla de Gasto .

La fórmula pactada por su sucesora, María Jesús Montero, con la mayoría socialista en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEM) para la utilización de ese dinero a cambio de que previamente se lo presten a la Administración General del Estado no convence a los alcaldes del resto de los partidos. El rechazo, que recorre todo el arco ideológico, desde los regidores del PP hasta los de Podemos, plantea serias dudas sobre la posibilidad de que el Gobierno consiga en el Congreso los votos necesarios para sacar adelante su propuesta, lo que supondrá, si no hay un acuerdo diferente, que el bloqueo de los fondos persista.

El ahorro municipal suma 14.800 millones en el conjunto de España, 1.919 millones en Andalucía y 524 millones en la provincia de Málaga, según datos recabados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

De acuerdo a ese informe, si los ayuntamientos malagueños se acogieran al decreto y prestaran los 524 millones de euros a la Administración General del Estado podrían disponer de 172 millones.

La entidad local con más ahorro acumulado en la provincia de Málaga es el Ayuntamiento de Mijas, con 127,4 millones de euros; seguido del de Málaga, con 89,8 millones, y la Diputación Provincial, con un remanente de 72 millones de euros.

Más atrás se sitúan el Ayuntamiento de Marbella con 59 millones de euros, el de Alhaurín de la Torre (36 millones), la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental con 23,4 millones y los ayuntamientos de Torrox (16,5 millones), Nerja (15,9), Casares (10,4), Ronda (9,2) y Estepona (7,7).

El informe, elaborado con información suministrada a Hacienda por las propias entidades locales, refleja también aquellos ayuntamientos que presentan déficit, entre los que destacan Manilva, con 8,8 millones de euros; Rincón de la Victoria, 3,6 millones; Cortes de la Frontera, 3,3 millones; y Mollina y Tolox ,1,6 millones de euros de déficit cada uno.

Algunos de los principales ayuntamientos de la provincia no figuran en el informe por no haber entregado en plazo sus datos a Hacienda. Entre estos aparecen Benalmádena, Fuengirola, Torremolinos o Vélez-Málaga.

Con todas estas cifras, y según el estudio realizado por Gestha, las entidades que más dinero podrían utilizar si se acogieran al decreto impulsado por el Gobierno y prestaran al Estado todo su remanente serían el Ayuntamiento de Mijas, que podría disponer de 40 millones de euros, seguido del de Málaga, (28 millones), la Diputación Provincial, (22,8 millones de euros), el Ayuntamiento de Marbella (18 millones de euros) y el de Alhaurín de la Torre (11 millones).

Los Técnicos de Hacienda, que se han posicionado en favor del decreto del Gobierno, han propuesto algunas modificaciones que podrían dar lugar a un acercamiento de posiciones entre el Hacienda y los ayuntamientos.

Entre ellas figura que se permita a las entidades locales decidir qué parte de sus remanentes prestan a la Administración General del Estado, de modo de que no se les exija el total, y la dotación de un fondo especial para financiar a las entidades locales con el aval del Tesoro Público, que sería devuelto conforme se fueran recibiendo las amortizaciones anuales del préstamo realizado por los ayuntamientos al Estado.