Los alrededor de 700 examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) que hay en España, de los que 152 están en Andalucía y de estos, 23 son malagueños, vuelven a estar en pie de guerra, reclamando que les paguen el complemento de 250 euros en sus nóminas que fue aprobado en los Presupuestos Generales del Estado de este año, que entraron en vigor el pasado mes de junio.
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Sin embargo, a pesar de ello, los funcionarios aún no han visto recogido en sus nóminas este incremento salarial, a diferencia de lo que ha ocurrido con el resto de funcionarios públicos o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) ha convocado una huelga del 10 al 21 de diciembre, que arrancará el próximo lunes precisamente con una concentración de protesta ante el Ministerio del Interior , según ha informado este lunes a SUR el delegado de este colectivo en la provincia, Ignacio Torres.
«Ya estuvimos en huelga durante más de cinco meses el año pasado, desde julio hasta diciembre, y el asunto quedó resuelto con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en los que en una de las enmiendas aprobadas por todos los grupos se recogió nuestra subida salarial, que llevamos reclamando desde hace diez años», ha argumentado este funcionario.
Sin embargo, un problema burocrático, relacionado con la forma en la que se redactó esa enmienda, hace que el Ministerio de Hacienda aún no haya autorizado ese pago, una circunstancia que desde el Ministerio del Interior, del que depende la DGT, están tratando de solucionar. «En octubre nos dijo el director de la DGT, Pere Navarro, que se iban a abonar los pluses en noviembre, pero vemos que tampoco ha sido así, por lo que nos hemos visto obligados a volver a convocar una huelga», ha manifestado Torres, quien ha reconocido los «graves perjuicios» que esta situación provoca en la población que está sacándose el carnet de conducir y en el sector de las autoescuelas malagueñas.
Precisamente, desde la Asociación Provincial de Autoescuelas, su presidente, Antonio Martín, ha mostrado aa este periódico su «preocupación» por la situación que se podría volver a generar, «especialmente porque aún no nos hemos recuperado de la última huelga, ya que aún hay unos 3.000 alumnos pendientes de poder examinarse, ya que cada centro sólo puede acudir a las pruebas una vez al mes», se ha quedado. Esta situación se produce por la falta de funcionarios, ya que hace apenas una década había 39.
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«Exigimos al Gobierno central que cumpla con lo aprobado y pague a los examinadores ese incremento salarial, porque de lo contrario podríamos volver a vernos muy perjudicados», ha apuntado Martín. En la última huelga se llegaron a acumular hasta 10.000 pruebas pendientes, y una docena de autoescuelas se vieron abocadas al cierre por la falta de alumnos. El sector en la provincia agrupa a 240 centros de formación vial, que cuentan con unos 1.500 empleados.
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