Las empresas de transporte: «La nueva tasa del aeropuerto de Málaga perjudicará al usuario»

Tal y como ha avanzado SUR, la implantación de esta nueva tarifa irá ligada a la reordenación de los aparcamientos y los viales de entrada que se está llevando a cabo con la intención de darle una mayor fluidez y evitar situaciones de colapso del tráfico en los principales accesos al recinto con coches estacionados durante demasiado tiempo. Aunque la cuantía aún no está cerrada, tras varias reuniones mantenidas con los responsables del aeropuerto, en el sector afirman que sólo la subida de la barrera costará 1,55 euros. A partir de ahí, se tarificaría en función del tiempo de estancia, de forma que la de 15 minutos saldría por 2 euros y la de una hora, por 3,55.

Con el verano a las puertas, las empresas se ponen en pie de guerra. «Nos encontramos ante una coyuntura muy compleja por el incremento progresivo de los costes empresariales en el sector del transporte, derivados principalmente por el aumento del precio de compra de los vehículos y recambios, los altibajos del combustible, subidas salariales de los convenios (entre el 3 y el 6%), un IPC del transporte acumulado del 4,8% desde enero y la carga fiscal que ya se soporta, por lo que este encarecimiento directo del servicio que prestamos tendrá un efecto no deseado en el sector turístico», advierten en el escrito. Abundando en este argumento, consideran que esta medida «desproporcionada en tiempo y forma redundará negativamente en un sector tan sensible a estos cambios tan drásticos».

Por ello, las distintas asociaciones reclaman que se frene el establecimiento de esta tasa de recogida. O, llegado el caso, que «al menos» se instaure un tiempo de cortesía de una hora para taxis y VTC y de 30 minutos para rentacar y 'parkings'. Y también que esa tarifa sea similar a la de un trabajador del aeropuerto y que se dispongan de medios telemáticos óptimos para que el pago no suponga perder más tiempo.

En cualquier caso, advierten de que en el caso de seguir adelante se reservarán el derecho de iniciar «cuantas acciones legales» les asistan en defensa de sus derechos. Aunque no lo explicitan en el escrito, estas acciones pasarían por la interposición de recursos administrativos, acudir organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) e incluso a los tribunales. Además, tampoco descartan la convocatoria de movilizaciones.