Los empresarios del Guadalhorce claman por una solución definitiva al riesgo de inundación

Hace ya más de un lustro que la Junta de Andalucía aprobó unos mapas de riesgo de inundación para el entorno del Guadalhorce que, desde entonces, traen de cabeza a los empresarios. En 2019, varias sentencias judiciales lograron tumbarlos y dejarlos sin efecto, pero la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible ya prepara unos nuevos planos sobre el peligro de inundaciones en la zona, respecto a los que ha admitido errores tras las alegaciones del Ayuntamiento de la capital y de la Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA), que agrupa a más de cinco mil empresas.

Su presidente, Antonio López, se muestra satisfecho por las obras correctoras iniciadas por la Junta, y que podrían estar listas para mediados del año que viene, pero sigue reclamando una solución definitiva para llegar al «riesgo cero». «Queremos inundabilidad cero en cualquier parte de los parques empresariales, ya venga por el río o por los arroyos, lo que haga falta ya se lo dejamos a los técnicos», apunta López.

«Hasta que no desaparezca absolutamente la inseguridad jurídica, eso juega en contra de las inversiones. Dentro de 16 meses, cuando acaben estas obras, estaremos mejor, pero seguiremos reclamando que sus efectos reductores se recojan en los mapas», señala el presidente de APOMA quien, no obstante, admite que el actual Gobierno andaluz se ha mostrado más sensible con el problema que el riesgo de inundación representa para no pocos proyectos, al invalidarlos u obligar a sus promotores a elevar su coste para acometer obras correctoras de elevación de la cota del terreno, entre otras. «En la administración saben los problemas que acarrea estar en esta situación y están poniendo facilidades para que las inversiones no se vean perjudicadas. Todo el mundo es consciente en este momento. Lo que tenemos que intentar entre todos es no empeorar la situación e ir dando pasitos para que la economía vaya a mejor y que haya menos desempleo. Eso se consigue haciendo que vengan a Málaga más inversiones», insiste López.

En el mismo sentido, Joaquín Gálvez, que está al frente de Fedelhorce, una entidad empresarial que aglutina a unas 700 sociedades del área de la comarca del Guadalhorce, Churriana y Campanillas, opina que la inundabilidad sigue siendo un freno a numerosas inversiones que se quieren desarrollar en la zona. Además, considera que los mapas de riesgo que ha elaborado la Junta de Andalucía no se corresponden con la realidad. «Hay zonas marcadas como inundables con una cota de altura que es imposible que llegue el agua. Están marcadas como zona protegida pero, si fuera verdad que hasta ahí llega el agua, Málaga tendría que estar inundada», apunta Gálvez, que pide a la Junta «que revise los mapas para que sean correctos y se asemejen a la realidad». «Hay planos que no tienen mucho sentido», asegura.

Este empresario critica el sobrecoste que supone para muchos promotores aplicar medidas correctoras para hacer frente a una amenaza que no considera real. «Al final se han hecho inversiones que quedan relegadas por un tema que no es correcto desde el punto de vista técnico, pero demostrar eso a las administraciones es complicado, conlleva tiempo y dinero. Tenemos asociados que lo han sufrido y nos lo han trasladado», explica, al tiempo que pide a la Junta que mire las inversiones que se quieren poner en marcha «con cariño». «Que se estudie proyecto a proyecto, que no se diga que no de un plumazo», añade.

En los planes hidrológicos de la Junta está recogida la obra de la sustitución del puente de la Azucarera por uno más elevado como la obra clave para acabar con el riesgo de inundación en la zona del Guadalhorce. El puente actual, del siglo XIX, supone un 'tapón' para la obra de encauzamiento de la desembocadura del río que se ejecutó años atrás. Esta medida, valorada en unos 60 millones de euros, corresponde al Gobierno central, que por ahora rehúsa a acometerla en su integridad.