Hasta el momento, las protestas de los agricultores, iniciadas este martes, se han saldado con unas 400 propuestas de sanción en la provincia de Málaga. Es el dato ofrecido este miércoles por el Gobierno central, que confirma así que las movilizaciones tendrán consecuencias administrativas e incluso penales. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, recordó en unas declaraciones facilitadas a SUR que ninguna de las protestas que se desarrollaron fueron comunicadas conforme a la ley y, en consecuencia, no tenían la autorización precisa.
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En las mismas declaraciones también confirmó que ya se están materializando estas propuestas de sanción en función de las causas argumentadas por los agentes de la Policía Nacional que vigilaban el desarrollo de las protestas. Cabe recordar que estos mismos agentes tomaron la matrícula de los tractores y vehículos que bloquearon, entre otros puntos, el acceso al puerto en Málaga.
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«A partir de ahora, empezaremos a tramitar todas las sanciones que se van a poner debido a las actuaciones no comunicadas y, por lo tanto, no recogidas en la normativa. Esto va a generar sanciones administrativas y penales, en los cosas que se dieran estas circunstancias», aseguró.
A pesar de todo, Salas también señaló que entiende y comprende el malestar y las peticiones de los agricultores. Por último, quiso destacar que el actual Gobierno «es el que más está haciendo para que los agricultores vean recompensados el esfuerzo de su trabajo».
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