La ecuación de las pensiones, cada vez más difícil de resolver

La cuestión de la sostenibilidad de las pensiones quita ya el sueño a no pocos economistas, no ya en España sino en Europa. «En España tenemos más de nueve millones de jubilados y las pensiones absorben más del 40% de presupuesto. Los datos son tozudos: más jubilados y menos empleados equivalen a insostenibilidad a medio plazo. El problema se agrava teniendo en cuenta que los gastos sanitarios de una población envejecida son mayores», apunta el profesor Benítez Rochel.

Ante un diagnóstico del que pocos dudan (que el 'edificio' de las pensiones, tal cual está concebido, no es sostenible a largo plazo), caben diferentes tratamientos. Y ahí es donde entran los diferentes posicionamientos ideológicos. Hay quien aboga por sistemas de capitalización donde los trabajadores aportan con su propio ahorro; hay quien considera irremediable una pérdida de valor de las pensiones y quien defiende que las pensiones tendrán que empezar a financiarse con otros impuestos, además de las cuotas sociales.

«Si políticamente se decide, por ejemplo, que los jubilados tienen que recibir pensiones suficientes y actualizadas según el IPC, y descartamos como alternativa los sistemas de capitalización, necesariamente habrá que financiar el sistema con recursos que superen las limitaciones de las cuotas a la seguridad social. Por ejemplo, financiando con impuestos las pensiones. Aquí se podría abrir un debate sobre la capacidad que tiene la economía de soportar un aumento de la presión fiscal y sobre las consecuencias que ello puede ocasionar», reflexiona Benítez Rochel.

«La sostenibilidad de las pensiones es un problema que escapa a las soluciones sencillas. Lo primero que habría que hacer es concienciar a la sociedad del coste creciente de las pensiones y de que, con nuestra estructura demográfica y las dificultades contrastadas para mejorar la productividad, si queremos mantener pensiones del nivel de las actuales, o bien tendremos que recaudar más (aceptando las implicaciones económicas y sociales que ello lleva consigo) o se verán comprometidas otras partidas de gasto público», apunta Elisa Chuliá, que aboga por comenzar por «cobrar conciencia de la realidad demográfica y de las consecuencias que tiene para nuestro sistema de protección social»