El dueño de la finca insiste en el careo con el padre de Julen y pide ampliar el plazo de instrucción

Adelantándose al final de dicho plazo, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga dictó un auto la semana pasada por el que transformaba las diligencias previas en procedimiento abreviado, que es el que la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé para delitos cuya hipotética condena no exceda de nueve años de cárcel; ese sería el caso de la muerte de Julen, que se investiga por ahora como un homicidio por imprudencia grave (para el que el Código Penal contempla una pena máxima de cuatro años) y que tiene de momento como único imputado al dueño de la finca, David Serrano.

Dicho de otro modo, con su resolución, la magistrada daba por finalizada la instrucción y, de hecho, emplazaba a las partes a formular escrito de sobreseimiento o de acusación, cara a la apertura del juicio oral. El despacho de abogados Lawbird Legal Services, que representa al propietario de la parcela, ha recurrido el auto de la jueza y ha pedido que se declare la complejidad de la causa, dado que quedan periciales y recursos pendientes, como la solicitud de que su cliente mantenga careos con el padre de Julen y con el pocero. Esta última petición fue rechazada por la jueza, pero la defensa apeló a la Audiencia, que aún no ha respondido.

Los abogados de Serrano han presentado a la magistrada un escrito en el que suscriben el informe que días antes emitió la Fiscalía, que optaba por declarar la complejidad de la causa y, por tanto, ampliar como mínimo el plazo de la instrucción a 18 meses (es decir, 12 más). El Ministerio Público argumentó su solicitud en que aún está pendiente el resultado del análisis de los 33 kilos de tierra que había sobre el pequeño, y que formaron un tapón que impidió al operativo de rescate llegar hasta él y obligó a realizar una obra de ingeniería civil, construyendo un pozo paralelo que se comunicó con el de la caída y que permitió acceder al niño.

El análisis del tapón se está realizando en los laboratorios centrales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Tanto la jueza como el fiscal han apremiado al Instituto Armado para que emitan un informe sobre el mismo, pero los investigadores han respondido que el estudio aún no ha concluido. No obstante, existe otro informe de la tierra basado únicamente en las imágenes tomadas en las paredes del pozo por el robot. Esas fotos y vídeos fueron examinados por agentes de la Benemérita, quienes concluyeron que el tapón pudo formarse por desprendimientos producto de la propia caída del niño y de las maniobras realizadas durante el operativo para rescatarlo.

Al criterio del fiscal, la defensa de David Serrano suma la necesidad de que, a su juicio, se celebren careos de su cliente con el padre de Julen y con el pocero, además de otro entre este último y su ayudante, todos ellos a fin de esclarecer dos extremos que consideran fundamentales: quién dejó destapado el pozo –la jueza atribuye esa responsabilidad al dueño de la finca– y si Serrano avisó a los padres de Julen de la presencia de ese riesgo en la parcela.

En su recurso, los abogados de Lawbird Legal Service califican el último auto de la magistrada –por el que se transforma la causa en procedimiento abreviado– de «cercenado, parcial y torticero». Entiende la defensa del dueño de la finca que la resolución es una «colección de medias verdades y afirmaciones ya contrastadas que parecen haber sido sesgadas a conveniencia, pareciéndose más a un escrito de acusación de parte que a una valoración aséptica».