Dolores Vázquez desiste de reclamar una indemnización tras el tercer varapalo judicial

En septiembre de 2001, después de ser juzgada por un jurado popular, se le declaró culpable de asesinar a la joven y se le impuso una pena de 15 años y un día de prisión. Unos meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la sentencia y el veredicto por falta de motivación, y ordenó un nuevo juicio, que nunca se llegó a celebrar porque acabó siendo exculpada.

Una colilla hallada durante la inspección ocular tras la desaparición de Rocío Wanninkhof la salvó. Habían pasado dos años desde su condena cuando, los investigadores confirmaron la coincidencia entre el ADN que había en ese cigarro y el de la tulipa de un coche encontrada en el escenario del crimen de Sonia Carabantes, asesinada en el verano de 2003 en Coín.

Días después era detenido el británico Tony Alexander King, que más tarde sería condenado a 55 años de prisión por los dos asesinatos. Dolores Vázquez fue exculpada, pero ya había pasado 519 días encarcelada y, sobre todo, había quedado marcada por dos juicios, el que tuvo ante un jurado y el pararelo, frente a toda la sociedad.

La última intervención pública de Dolores Vázquez fue hace seis años, cuando rompió su silencio para intervenir en unas jornadas de jueces, fiscales y letrados, en las que la temática era la presunción de inocencia y los juicios paralelos. La acompañaba su abogado, Pedro Apalategui, que durante los 17 meses que ella pasó en prisión se dedicó a visitarla cada sábado porque se dio cuenta de que se había convertido en su único asidero a la realidad. Recordó su detención y las palabras que le dijo un agente mientras estuvo detenida: «'Cuando acabemos contigo, ni tu abogado va a creer en ti'. Yo no lo comprendí –explicó entonces Dolores Vázquez–, porque no sabía lo que estaba pasando fuera. Luego lo comprendí. Los medios de comunicación... Bueno. Muchas cosas».

También relató el estigma que sufre desde que todo ocurrió. Como le persiguen los codazos cuando va por la calle: «Si voy a comprarme unos zapatos estoy a los 20 minutos rodeada de señoras diciendo 'mira quién está ahí'». De hecho, tras su calvario, decidió marcharse en 2009 a Inglaterra en busca del anonimato que le fue robado tras convertirse en víctima de un juicio paralelo alentado por una cobertura mediática sin límites que la condenó mucho antes de que los jueces firmaran la sentencia. Allí, con ayuda de unos amigos, encontró trabajo y hasta hace poco vivía en una localidad próxima a Londres. Ya ha vuelto a España. Durante las jornadas, explicó que su lucha para ser indemnizada no era tanto por la reclamación monetaria, sino para que se demuestre a la sociedad española que es totalmente inocente. «Siempre lo he sido», apuntó.

En 2008, el Ministerio de Justicia reconoció el error (en un informe no vincultante) y propuso indemnizarla con 120.000 euros, muy lejos de los cuatro millones que ella pedía. Sin embargo, dos años más tarde, el Gobierno rechazó la reclamación y, aunque sus abogados recurrieron a la Audiencia Nacional y al Supremo, ambos tribunales desestimaron la demanda.

Pese a los reveses que le asestaba el sistema judicial, nunca se dio por vencida y recurrió ante el Constitucional. La respuesta fue la misma y el Alto Tribunal inadmitió a trámite la demanda, bajo el precepto de que, para reclamar esta indemnización, en supuestos de errores de la justicia, debía haber inexistencia del delito; y como en este caso sí se había producido, aunque no fuese ella la autora, no había derecho a compensación económica.

Solo unos meses después, el Constitucional anuló ese precepto, dejando abierta la posibilidad de indemnizar, en supuestos muy concretos, errores judiciales en los que, pese a existir el delito, el afectado hubiese sido injustamente acusado. Pero para Dolores Vázquez ya había pasado ese tren. Al producirse esta situación, cansada y hastiada de pelear con la Justicia, desistió de seguir luchando por la compensación económica.

Los letrados del despacho Apalategui Abogados, que la han representado todos estos años, le insistieron en que había que acudir a una instancia superior, concretamente al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Su respuesta, llena de sarcasmo, fue: «Seguro que cuando les toque revisar mi recurso, la Unión Europea se disuelve». Desde el bufete han confirmado que, con esta decisión, el caso queda cerrado sin que haya percibido ninguna indemnización y, lo más importante, algo en lo que ella siempre insistió, sin que ninguna de las administraciones, organismos o personas que se equivocaron con ella le haya pedido perdón.