La distancia del domicilio al centro escolar dejará de ser un obstáculo para elegir un colegio concertado

El proyecto de decreto está siendo valorado de manera muy crítica por la mayor parte de los sindicatos y las asociaciones de padres, aunque ha encontrado el respaldo de la enseñanza concertada.

La libre elección de centro a la que se refería Elías Bendodo queda recogida en el artículo 9.4 del proyecto de decreto. Señala en concreto que «en los municipios o ámbitos territoriales en los que haya centros docentes públicos y privados concertados, las áreas de influencia para cada enseñanza se configurarán de forma que las familias tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo».

La regulación actual data de 2011. En este decreto, la Consejería de Educación reparte los centros educativos, tanto públicos como concertados, en las denominadas áreas de influencia, que vienen determinadas por las direcciones catastrales de los domicilios de las familias. Con esta zonificación se trata de dar preferencia de acceso a las familias cuya residencia o lugar de trabajo se sitúe dentro de las áreas de cada centro. Estas pueden ser modificadas de un año a otro en función del número de plazas escolares autorizadas en cada centro educativo y de las necesidades de la población de su entorno. Cada año, en marzo, previo al proceso de escolarización, se publican las áreas de influencia, domicilios catastrales afectados y la puntuación que se consigue en función del criterio de proximidad en los distintos centros ofertados. En la capital son 23 las zonas de escolarización para primer ciclo de Educación Infantil.

La proximidad al domicilio es así uno de los criterios fundamentales para la admisión en un centro, siempre y cuando la demanda de plazas sea superior a la oferta. En los centros con suficientes plazas disponibles para atender todas las solicitudes recibidas, son admitidos todos los alumnos.

El problema para la elección de centros públicos o privados concertados surge cuando en el área de influencia no hay ninguno concertado. Si estuviera en un área limítrofe se sumaban ocho puntos. Si no estaba en ninguna de las dos no se consiguen puntos por este concepto, que es el más valorado en cuanto a la prioridad en la admisión.

Con la modificación del decreto, la distancia del domicilio al centro escolar deja de ser un obstáculo, al menos en lo que respecto a este criterio de admisión, pues se garantiza que en todas las zonas de influencia debe incluir un centro público y concertado, y con la misma valoración, 14 puntos.

Otro aspecto crucial del nuevo decreto que no ha pasado inadvertido a los sindicatos de educación es la referencia a la 'demanda social' en la programación de la red de centros y de la oferta educativa. El artículo 4.2 del decreto señala que la programación de la oferta educativa tendrá en consideración «la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social». El sindicato de la enseñanza privada FSIE, confía en que este cambio de criterio «permita ofertar más unidades en los centros que así lo soliciten y la concertación de Bachillerato y Formación Profesional», y que el número de unidades autorizadas debe estar en función de las solicitudes recibidas, sin limitación administrativa.

El nuevo decreto también ha introducido cambios respecto a los criterios para la prioridad de la admisión. Por ejemplo, tener hermanos en el mismo centro, que otorgaba 16 puntos, pasa a 20. Más aun se incrementa la puntuación en el caso de padres o tutores que trabajen en el mismo centro, que pasa de 4 a 15. El nuevo decreto también incluye una puntuación que hasta ahora no tenían las familias numerosas de categoría especial, 2,5 puntos, en vez de los 2 que recibían en todos los casos.

El decreto recoge como novedad un tratamiento especial para la escolarización del alumnado en supuestos de prematuridad extrema (menores con menos de 31 semanas de gestación). En estos casos, se contempla la posibilidad de que el niño o niña permanezca un curso más en su último tramo de edad, o la escolarización en un curso inferior al que correspondería por edad.