La Diputación de Málaga da luz verde a la transferencia de 46,3 millones en fondos incondicionados a los municipios de la provincia

La Diputación de Málaga celebró este martes el pleno ordinario correspondiente al mes de enero. Lo hizo por vía telemática por la existencia de contactos directos de algunos diputados con personas que han dado positivo en coronavirus. La sesión, que se deslizó en esa costumbre habitual de replicar las broncas políticas que se producen en el panorama nacional, sirvió para sacar adelante mociones y acuerdos que sí podrán demostrar una utilidad palpable en los municipios de la provincia. En primer lugar, se dio luz verde a la primera y segunda fase del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM), que dejará un total de 46,3 millones de euros en fondos incondicionados en los 103 ayuntamientos que cuenta la provincia. La primera fase (17,5 millones) se aprobó por unanimidad, mientras que la segunda fase (28,8 millones) se anotó la abstención del PSOE y de Adelante Málaga.

«Empezamos el año tal y como finalizamos el 2021, con buenas noticias para los ayuntamientos. Estos planes son una apuesta decidida por los fondos incondicionados porque los alcaldes son los que mejor conocen las necesidades de sus municipios», expuso Salado, que lideró el pleno desde su despacho de Presidencia. El criterio de reparto se guiará únicamente por el número de habitantes, con pagos mínimos de 87.500 euros a los municipios con menos de 500 habitantes y un máximo de 431.812 euros a las localidades de 30.000 o más.

Tanto el equipo de gobierno como la oposición coincidieron en la necesidad de impulsar obras y actuaciones en los pequeños municipios, aunque el PSOE y Adelante Málaga discutieron acerca de las formas para obtener esta financiación. No obstante, el debate se puso tenso realmente cuando el PP puso sobre la mesa una moción para pedir el «cese inmediato» del ministro de Consumo, Alberto Garzón, con el fundamento de que sus declaraciones en una entrevista concedida al periódico británico 'The Guardian', en las que abordó la problemática de las macrogranjas, suponen un ataque al sector cárnico, uno de los pilares económicos de la provincia.

Víctor González, diputado popular, fue el encargado de exponer la mención. Acusó a Garzón de ser un «profundo ignorante» que «ataca a la ganadería y al sector cárnico». Sobre el debate generado en torno a las macrogranjas, González defendió que «la normativa europea es común para todos los países» y que «España cumple de manera rigurosa». El portavoz del PSOE, José Bernal, utilizó su turno de palabra para calificar la moción expuesta por el equipo de gobierno de «ridícula», tanto en forma y fondo. En forma, porque «lo único que ha conseguido el PP con esto es tener carnaza y desviar de los intereses que de verdad tienen los agricultores de la provincia». Y en el fondo, al llevar al pleno asuntos que nada tienen que ver con el ámbito de competencias de la Diputación.

Teresa Sánchez, portavoz de Adelante Málaga y compañera de filas de Garzón, culpó a los populares de «utilizar un bulo para echar leña al fuego» y subrayó que el ministro de Consumo se habría limitado a señalar un problema que forma parte de la agenda política de todos los países del entorno europeo: «Construyen ustedes su relato y lo alimentan constantemente. El señor Garzón no ha venido a decir otra cosa que la carne de macrogranjas es de menor calidad que la de ganadería extensiva». La moción para exigir el cese de Garzón al Gobierno central, tras el cruce de acusaciones, salió adelante con los votos a favor de los diputados populares y del no adscrito Juan Cassá. El PSOE y Adelante votaron en contra y Juan Carlos Maldonado, el ex de Ciudadanos, optó por la abstención.

En un pleno otra vez enrarecido por celebrarse de manera telemática, lo que da lugar a confusiones y a votaciones que se tienen que repetir en más de una ocasión, también se replicó el debate que hubo la semana pasada en el Parlamento andaluz sobre el estado de la salud pública en la región. Una moción presentada por el PSOE para exigir una mayor implicación al Gobierno de Juanma Moreno y para solicitar más recursos, se vio rechazada por los votos de los diputados populares y de Cassá. El diputado no adscrito volvió a dejar constancia de que se encuentra alineado con el equipo de de gobierno que encabeza Salado.

El lío se instauró en el pleno en la penúltima moción que se debatió. Una expuesta por el diputado socialista Luis Guerrero para pedir que la Diputación tome medidas contra la «exclusión financiera». Un término para hacer alusión a la falta de suplencias y alternativas que existen para las personas mayores en pequeños municipios una vez que los bancos han decidido minimizar el número de sedes físicas, apostillando el servicio al cliente en el mundo digital. La digitalización, dijo Guerrero, «es una oportunidad pero no puede convertirse en una barrera para nuestras personas mayores». Por tanto, argumentó que esta moción «responde al compromiso que tenemos con la dignidad de las personas en la provincia de Málaga».

La moción de los socialistas preveía que la Diputación llegue a acuerdos con las entidades bancarias que operan en la provincia de Málaga y se busquen soluciones. Además, se pedía aprobar modificaciones presupuestarias para financiar medidas para paliar esta exclusión financiera. En la votación de la moción se produjo un empate a 14, por lo que el voto de calidad de Salado hizo que se tumbara la propuesta del PSOE. Tanto PP como PSOE contaban con la baja de uno de sus diputados, lo que dejó al PP en 14 votos y al PSOE en 12. Los dos votos a favor de la moción de Adelante Málaga y de Maldonado sumaron 14 votos. Cassá, por alguna razón, no participó en esta votación y el PP se quedó con 14, obligando a Salado a decantar la balanza.

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