Salado, en una imagen de archivo. Pedro J. Quero

La Diputación de Málaga irá a los tribunales si la medida de movilizar los remanentes de los ayuntamientos sale adelante

Salado asegura que la propuesta del Gobierno puede ser ilegal e inconstitucional

Héctor Barbotta

Marbella

Viernes, 17 de julio 2020, 12:08

La Diputación Provincial de Málaga encargará un análisis jurídico sobre la medida que pretende implantar el gobierno en relación con el destino de los remanentes de tesorería y el superávit de las entidades locales si finalmente sale adelante. En opinión del presidente de ... la institución provincial, Francisco Salado, la propuesta del gobierno es ilegal y podría incurrir también en inconstitucionalidad.

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Además, aseguró, supone «un auténtico chantaje a las corporaciones locales». Para Salado, esos fondos son de los ayuntamientos y lo que debe hacer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es autorizar a los alcaldes a recurrir a ellos, ya que se trata de un dinero que se va a utilizar en la economía no solamente del municipio, sino de la comunidad autónoma y de toda España. «Va a ayudar a la recuperación económica de la nación y las inyecciones económicas que hagan los alcaldes van a ser más efectivas», subrayó.

El presidente de la Diputación adelantó una oposición frontal de esa institución a la medida, que en su opinión atenta contra la economía local y el principio de suficiencia financiera que tienen que tener los ayuntamientos. «Estoy convencido de que puede ser ilegal e inconstitucional», insistió. «Vamos a dar batalla en este tema si la ministra decide quedarse con los fondos de los ayuntamientos y si los informes son contundentes -adelantó-iremos hasta los tribunales para que esa medida no se adopte».

En su opinión, María Jesús Montero, tiene que recapacitar, ya que la recuperación económica del país será más efectiva si se permite a los ayuntamientos utilizar sus propios recursos. 

Salado apeló a que el presidente de la FEMP, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, cumpla con su compromiso de defender hasta las últimas consecuencias que no se arrebate a los ayuntamentos esos remanentes. «Es su obligación como representante de todos los alcaldes, que los ayuntamientos puedan utilizarlos en las necesidades que tengan como prioritarias».

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