El desinformador contra la desinformación

Las armas de fuego o una simple navaja no son peligrosas por sí mismas sino por el uso que se haga de ellas. Y lo mismo ocurre con las redes sociales y la desinformación. Podríamos estar de acuerdo en la necesidad de poner límites y de establecer cierto control, como se hace con el uso del coche, la velocidad y el consumo de alcohol. Y eso no debe implicar recortes de libertades y derechos. Bastaría, como siempre, con transparencia para detectar y perseguir la utilización fraudulenta de la desinformación, que, por cierto, es algo antiquísimo y que ya se ponía en práctica antes de la era digital.

Lo que hay que evitar siempre es la tentación del mal uso de las herramientas de control. Sería, por tanto, un despropósito poner a los grandes desinformadores a controlar la desinformación. Lo explica muy bien el refranero popular: no hay que poner al zorro a vigilar las gallinas.

El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha puesto en marcha un plan con el objetivo de combatir «la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persigue influir en la sociedad con fines interesados y espurios». Y ello a través de la vigilancia y el control de los medios, precisamente los que tienen que velar contra la desinformación de los poderes políticos. De hecho, lo que hicieron esta semana las principales cadenas de televisión de Estados Unidos al cortar el discurso de Donald Trump cuando empezó a lanzar acusaciones de fraude electoral fue luchar contra la desinformación. Y no al contrario. Este plan que pretende el Gobierno es como poner al zorro a cuidar del gallinero.

¿Y por qué? Porque los partidos políticos son hoy por hoy en España una de las principales fuentes de desinformación, que se encargan de propagar por las redes sociales a través de sus cargos públicos, sus militantes y sus granjas de ordenadores.

De hecho, Unidas Podemos ha puesto en marcha su propio periódico para difundir su (des)información. Basta echar un vistazo al diario digital 'La Última Hora' para comprobarlo. Vox está intentando relanzar como suyo el diario La Gaceta. Los gobiernos municipales y autonómicos tienen ejércitos de periodistas, como el Gobierno de España. De hecho, la oficina de Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a contratar a expertos profesionales en la difusión de contenidos, la viralidad y el comportamiento de la mente humana en el mundo de la abundancia informativa. Así, como lo leen. La candidatura del PP a la Junta de Andalucía, por ejemplo, contrató grandes equipos para la difusión de contenidos por las redes durante la campaña.

«Que el Gobierno decida qué información es verdad es el adiós de la libertad de expresión y de la democracia». Esta frase, con la que todos podemos estar de acuerdo, es de un tuit de Unidas Podemos del 13 de marzo de 2018 como respuesta a una idea del PP. Si el PSOE y Unidas Podemos quieren hacer ahora lo mismo que le criticaban a los populares, algo huele muy mal. Al final todos quieren controlar la información. De hecho, el propio vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias se ha mostrado partidario de la nacionalización de los medios de comunicación.

Y al frente de este plan del Gobierno estará el director del Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, que en su trayectoria profesional se ha caracterizado por querer acallar a medios y por pedir la cabeza de periodistas. Que le pregunten a los colegas de Extremadura cuando era asesor del presidente del PP, José Antonio Monago.

Son tantas las mentiras, verdades a medias y desinformaciones que salen de los partidos políticos que la defensa de los medios de comunicación es una cuestión vital y de supervivencia de la democracia, como decía Podemos en aquel tuit.

Es verdad que es urgente la toma de medidas contra las 'fake news', pero ello nunca puede hacerse a costa de derechos y libertades fundamentales. La desinformación se combate con educación, formación y transparencia y con el arma más poderosa: la Justicia y el Código Penal. Y si cabe, con la colaboración de entidades independientes, sometidas a rigurosos criterios de visibilidad en sus procesos y alejadas de cualquier poder económico, político o mediático.

La prensa ha cometido muchos errores en los últimos tiempos, especialmente por su polarización política, pero hay que reconocerle la valiosa labor en la lucha contra la corrupción política, económica y de Estado desde el comienzo de la Transición. Su trabajo, como el de la Justicia, es lento a veces, pero siempre acaba sacando a la luz lo que muchos no quieren que se vea.

España vive en estos tiempos una alarmante laxitud en la defensa de derechos y libertades, cediendo terreno frente a intereses espurios, los mismos que este plan quiere combatir. No quiero ni imaginar qué pasaría si esta oficina gubernamental que sueñan Sánchez, Iglesias, Calvo, Marlaska, Redondo u Oliver es la encargada de decidir lo que es verdad y lo que es mentira; lo que se puede o no se puede publicar.

Mi padre siempre me ha contado aquellas noches en las redacciones de Madrid esperando el visto bueno del censor. De eso hace ya más de sesenta años, pero el día menos pensado puede parecernos que fue ayer.