La desaladora de la Axarquía ya tiene suelo y financiación, pero aún no tiene proyecto de obra

Junta y Gobierno firmaron un protocolo en mayo de 2023 donde, de manera asombrosa, no figuran los términos «proyecto» o «impacto ambiental». Se da la circunstancia de que el Gobierno central, a través del Subdelegado en Málaga, Javier Salas, exigía este martes a la Junta que aporte ambos estudios. Por su parte, fuentes autonómicas cercanas a la consejera del ramo, dejan claro que en el contenido del protocolo no aparece que el proyecto sea competencia autonómica. Es más, dos fuentes técnicas ligadas al agua y ajenas a ambas administraciones subrayaron a SUR que lo común es que las obras de interés general del Estado sean tramitadas y redactadas por el Gobierno central.

En este sentido, el acuerdo textual es el siguiente: «La Junta de Andalucía aporta toda la documentación disponible para agilizar la ejecución de las obras. Asimismo colabora en la puesta a disposición de los terrenos donde finalmente se ubican las infraestructuras objeto del presente protocolo». El acuerdo fijaba un grupo de trabajo que ha mantenido numerosos encuentros a dos bandas y también contactos técnicos. El último encuentro se produjo la semana pasada en Madrid entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la consejera de Agricultura andaluza, Carmen Crespo.

El convenio explica que el desarrollo de la obra puede correr a cargo del propio Ministerio de Transición Ecológica o de la sociedad estatal Acuamed (opción que gana más fuerza). Incluso, se prevé el escenario de la ulterior gestión de la infraestructura: «Las partes declaran su intención de que, una vez finalizadas las obras, entren en explotación para que puedan prestar, de modo efectivo, el servicio público para el que van a ser construidas. A tal efecto declaran su intención de que, con anterioridad al inicio de cada actuación concreta, se haga constar la fórmula más adecuada para que el usuario-beneficiario final garantice su puesta en servicio, así como la recuperación de los costes de inversión y explotación».

«En la reunión mantenida el pasado 17 de enero se le comentó al secretario de Estado que se le iba a mandar la documentación con la parcela de la Axarquía, con lo que cumplíamos con el compromiso adquirido», han manifestado fuentes de la Consejería.

Según el Ministerio, «el acuerdo establece, tanto para Cataluña como para Andalucía que son las comunidades quienes aportan proyecto y terrenos para las nuevas desaladoras».

El documento remitido al Ministerio, al que ha tenido acceso SUR, fundamenta la elección de los suelos. «Una vez firmado el protocolo, la Consejería de Agricultura inició los contactos con el Ayuntamiento de Vélez Málaga (Vélez Málaga, y especialmente el eje que supone el río Vélez, es el municipio idóneo para la instalación de la IDAM de la Costa del Sol en la Axarquía por estar centrado en la demanda y por tener las conducciones generales de riego más cercanas) para determinar la ubicación más idónea de la IDAM. Tras dichas conversaciones, el ayuntamiento se ha manifestado indicando que considera, y así lo ha reflejado en un informe urbanístico suscrito por la Arquitecta Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, el pasado 1 de diciembre de 2023, como ubicación idónea para la IDAM los terrenos cercanos a la EDAR de Vélez Málaga, en la margen izquierda del río Vélez [...]

La distancia al litoral son 2.000 metros; al río Vélez, 400, y la cota media son 20 metros sobre el nivel del mar. Sobre la situación urbanística de los terrenos, cercanos a la depuradora de aguas residuales del municipio veleño y en el entorno del centro comercial El Ingenio, «se trata de suelo no urbanizable de especial protección en su categoría de paisaje agrario singular (AG) y Sistema General Técnico SGT.T-5.2. (SNU)». Las fincas en cuestión también se adjuntan en el documento, así como sus correspondientes referencias catastrales. Deben ser expropiadas a 6 propietarios diferentes, algo que está emparado por el interés general de la actuación.

Fuentes de la Consejería desvincularon este proyecto del empezado a tramitar por la iniciativa privada en esta zona y que contó con la concurrencia de Magtel, Acciona y Trops en alianza con la Universidad de Málaga.