«Yo quiero pagar, sólo necesito una oportunidad»

Los hijos de Luisa tienen 18, 11, 8 y 4 años. El cuidado de los hijos, sobre todo de su hija de 8 años, que es la que está enferma, le dificulta acceder a un puesto de trabajo. Pero en los últimos años, ha tenido empleos en la hostelería, en el comercio o en la preparación de paquetes para unos grandes almacenes.

Luisa explica que la vivienda en la que habita su familia estaba con anterioridad ocupada por toxicómanos que se fueron y entonces ella se metió. Eso fue en el año 2012 y el inmueble, situado en Cruz de Humilladero, estaba en manos de una entidad financiera y a continuación pasó a manos de un fondo que es con quien ahora Luisa tiene el litigio. «Esta casa la he arreglado yo», asegura, porque cuando llegó, estaba «totalmente calcinada». «Todo lo que hay aquí lo hemos hecho nosotros», defiende.

A parar el desahucio se acercaron un buen número de amigas de Luisa. Todas mujeres. Como retrata la película 'En los márgenes', de Juan Diego Botto y en la que Penélope Cruz es protagonista, la amenaza de los desahucios genera unos lazos especiales de solidaridad femenina. Y, entonces, una de esas amigas interrumpe a Luisa para defender la ocupación: «Ella se ha tenido que meter obligada porque, ¿qué iba a hacer?, ¿quedarse en la calle con los niños?». Precisa que el piso en cuestión lo ha comprado un «fondo buitre»: «No es un particular que tenía un poquito de dinero para comprar la casa y ella (por Luisa) esté impidiendo que esa persona pueda vivir aquí, sino que la ha comprado un fondo buitre que tiene muchísimos millones de euros para comprar muchísimas casas que a lo mejor hasta dentro de diez años no pueden dar uso porque aquí, ¿quién va a vivir?», plantea otra de las amigas. «No se ponen en la situación de las personas, en decir: pues si yo esta casa ni siquiera la voy a utilizar, te ofrezco un alquiler social». El fondo, según declara la familia, no se aviene a negociar con la familia. Y los poderes públicos tampoco han favorecido un desenlace de ese tenor.

La vivienda, efectivamente, es muy humilde, y está situada en un barrio también humilde, en la barriada García Grana de la capital. Rosa Galindo, coportavoz de Verdes Equo en Málaga, presente en la acción para evitar el desahucio que finalmente no fue necesario poner en marcha, ha detectado que los fondos de inversión están aterrizando en barrios trabajadores de la ciudad y están provocando un «tsunami de desahucios»: «Todos los días tenemos un desahucio; mañana, tenemos dos», declara. Y, de hecho, en cuanto las convocadas a la casa de Luisa supieron que su problema habitacional estaba temporalmente resuelto, corrieron todas a la casa de su hermano, también amenazado por un inminente lanzamiento que también finalmente logró una moratoria.

Ahora mismo Luisa tiene unos ingresos de algo más de mil euros mensuales por el Ingreso Mínimo Vital. Por eso defiende que ella quiere pagar. Y sus amigas reclaman a los poderes públicos «humanidad, empatía, solidaridad» y una solución. «Te dicen que como ella hay muchas personas, y yo lo entiendo, pero es que ella tiene niños y lleva esperando catorce años una vivienda y viviendas hay: ¿catorce años esperando y todavía no le toca a ella?», continúa otra de las mujeres, Cristina Castillo, quien reclama que en los terrenos de Málaga se construyan viviendas sociales, «viviendas para personas que no tienen». «Málaga genera dinero para que levanten viviendas para las personas, no para que los malagueños se tengan que quedar en la calle para que los que vengan y tengan dinero compren las casas», reclama.

La solución temporal para María Luisa ha sido posible por la intervención del Instituto Municipal de la Vivienda. A ello se suma el respaldo de los colectivos con los que cuenta. Y, también, explica Galindo, funciona como medida disuasoria de los desahucios la presencia de la prensa: los propietarios de las viviendas, sobre todo los institucionales -fondos o bancos- quieren evitar por todos los medios la imagen y el escándalo de una familia desahuciada.

«Pero es que el día de mañana voy a estar igual», lamenta María Luisa, porque no le es suficiente la moratoria. Los poderes públicos le ofrecen ayuda económica para pagar el alquiler, pero ésta es escasa teniendo en cuenta los precios de los arrendamientos en Málaga. «Y un propietario quiere una seguridad de que le van a pagar y una persona con un Ingreso Mínimo Vital no la da», añade Cristina Castillo.

Rosa Galindo vaticina un fuerte crecimiento del número de desahucios. Y avisa de que los hostales con los que el Ayuntamiento tiene acuerdos para alojar a las personas desahuciadas ya están completos.

La solidaridad que ha nacido en el barrio también tiene el ingrediente de que la amenaza es compartida. Allí se ha dado cita una señora que recuerda cómo a su hijo también lo desahuciaron, que se ha buscado otra vivienda alejada y mal comunicada con su trabajo y ahora tiene el problema de cómo se desplaza, de cómo va y vuelve. «Está en un círculo de que si no trabaja no puede pagar la casa y si no paga la casa también lo echarán», explica Matilde Triviño. «También las plataformas se lo pararon -el desahucio- mes y medio, pero al final fue a la calle. Se ha ido a un sitio que puede pagar, pero, ¿cómo va y vuelve a trabajar?», añade.

Poco después, el hermano de María Luisa y su cuñada, una chica embarazada y con otros dos hijos, lograba un aplazamiento del desahucio hasta junio. Una patada para adelante a la que los menores no son ajenos, pero a los que se protege, por ejemplo, tratando de hacer una vida normal: los hijos de María Luisa habían ido al colegio como todos los días; quizás sin saber que a la salida quizás no podrían haber vuelto a su casa.