Denuncian una nueva agresión a dos neurocirujanas del Hospital Regional de Málaga

Según este relato, el usuario, ya intervenido, precisaba una atención y un diagnóstico que duró varias horas y fue dificultado por su familia, «especialmente por la madre que no atendía instrucciones del personal médico, gritaba y exigía continuamente, y no aceptaba ni las pruebas prescritas ni el tratamiento que se le estaba suministrando», explican desde el sindicato. Advertencias y órdenes como: «Tú tienes que hacer lo que yo te diga que para eso estoy pagando»; «Si se muere es culpa tuya»; «Tú qué vas a saber»; o «Tienes que hacer lo que han dicho sus médicos que le han visto estos días», son algunas de las descalificaciones que tuvieron que supuestamente tuvieron soportar las profesionales, además de insultos y amenazas.

Además, y siempre según este relato, el paciente se encontraba en aislamiento de contacto y se negó a ponerse las medidas de protección. Por ello, las facultativas avisaron inicialmente a los vigilantes de seguridad del centro hospitalario, pero no pudieron hacer nada, ya que no les hicieron caso, y, posteriormente, a la Policía, a la que una de las profesionales tuvo que dar parte de lo ocurrido en medio de la asistencia del usuario, y tampoco solucionó la situación, salvo acompañar amablemente a la familia fuera del hospital para que los médicos pudieran trabajar. «Y es que, según está establecido y pese a que los agredidos denuncien, si no es una acción verbal o física tipificada como delito, los agentes no pueden llevar a cabo ningún tipo de acción, excepto velar y mantener la seguridad», critican.

Asimismo, esta alteración del orden público dentro de un servicio médico no solo «trastoca» el trabajo de los profesionales, sino que también «trastorna» a los pacientes que hay en esa área y a los trabajadores. El Sindicato Médico de Málaga (SMM) denunció este martes este nuevo caso de agresión a dos compañeras y exigió la implantación de más medidas de seguridad para los trabajadores del SAS, a la vez que se interpela, como ejemplo, cuál sería la decisión de un juez sobre alguien que durante un juicio cuestiona sus decisiones o su trabajo o le descalifica. «Por ello, este sindicato no entiende lo establecido por ley de las nulas consecuencias que acarrea para cualquiera insultar, cuestionar y amenazar, según qué términos se empleen, a un facultativo en pleno ejercicio de sus funciones laborales», sentencian.