Deniegan a británicos la residencia por contratar el seguro de salud ya en 2021

El acuerdo de retirada de la Unión Europea fijaba una serie de requisitos para que todos los británicos que quisieran pedir la residencia legal en nuestro país antes del 30 de diciembre (último día hábil del año en el que poder realizar los trámites) para poder acogerse a unas condiciones ventajosas –las del Acuerdo de Retirada– que ya han decaído. Además de estar empadronado en el ayuntamiento de la localidad en la que se reside, se exigía un seguro de enfermedad –público o privado– contratado en España o en otro país, siempre que proporcione una cobertura en España durante su período de residencia equivalente a la proporcionada por el Sistema Nacional de Salud. Eso en cuanto a aquellas personas que no estaban trabajando legalmente en este país o los pensionistas, en cuyos casos tienen derecho a la asistencia sanitaria con cargo al Estado por el que perciben su pensión o salario.

En este documento se especificaba que los británicos debían tener una cobertura médica desde el momento en el que llegaban a España, y aquí es donde se ha originado la polémica. Aunque se desconoce la cifra porque no hay datos oficiales, desde la asociación Brexpats in Spain –que aglutina a más de 20.000 británicos en Andalucía– calculan que centenares de sus compatriotas contrataron estos seguros a partir del 1 de enero de 2021, lo que para Extranjería no es válido al considerar que debió realizarse ya en 2020 durante el periodo transitorio, es decir, al mismo tiempo que se empadronaron.

Aunque esta decisión se puede recurrir, la realidad es que solo un cambio de criterio puede solucionar este embrollo, ya que las compañías de seguros no pueden expedir un documento con una validez de dicha cobertura anterior a la contratación. Sin embargo, desde los despachos que gestionan todos los trámites de los británicos sostienen que se trata de una confusión a la que se debe dar una solución general.

Según la letrada Lucía Agüera, que tiene su despacho en la Costa del Sol, este problema se lo están encontrando muchos de estos abogados especialistas en extranjería, aunque en su caso lo tiene claro. «La normativa especifica que los ciudadanos debían tener una cobertura desde el momento en el que llegaron, pero es que hasta el 1 de enero la tenían a través de la sanidad pública porque aún eran ciudadanos europeos», recuerda Agüera. Sin embargo, el simple hecho del empadronamiento ya implicaba dejar de ser turista, que era la única circunstancia en la que la sanidad española podría cubrir los gastos. Aun así, en su criterio, contratar el seguro privado a partir del 1 de enero debería ser válido, y espera que la oficina de Málaga recapacite.

Esta cuestión sobre la localización de dicha oficina es importante. Y es que tal como confirma la abogada, hay una solicitud de un cliente que ha presentado en Valencia un seguro contratado ya en enero que sí ha podido tramitar. Este extremo lo confirma también Anne Hernández, la portavoz de Brexpats in Spain, que afirma que en sitios como A Coruña también están dejando pasar estas solicitudes.

Para Hernández, esta respuesta de las instituciones es una «nueva piedra en el camino» en un proceso muy complejo que se vio agravado en las semanas clave de diciembre por la imposibilidad en muchos casos de viajar por la explosión de la cepa británica del Covid. Aun así, avanzó que se habían puesto en contacto con la Embajada de Reino Unido para que plantease alguna solución al respecto. «Me han dicho que están en contacto con la Subdelegación del Gobierno a ver si lo arreglan, porque si no lo hacen mucha gente tendrá que volver», avisó la portavoz de la comunidad británica. De momento, asegura que desde Extranjería se ha indicado que se podría intentar resolver si los afectados presentaran un documento anexo de las aseguradoras indicando que aunque administrativamente la contratación estaba hecha desde el 1 de enero, estaban cubiertos desde antes de que acabara el año.

Sin embargo, este periódico se puso en contacto hace unos días con fuentes de la Subdelegación en Málaga, que no son tan optimistas al respecto. Además de no conocer estas supuestas negociaciones con la Embajada, sostuvieron que la normativa en cuanto al seguro de salud era «clara». «Tenían que contratarlo en el momento de empadronarse; si no lo hicieron no es culpa del Gobierno, sino de aquellos que no leyeron bien las instrucciones o no se asesoraron bien», recalcan estas fuentes, a las que «de momento» no les consta que se se pueda arreglar en el corto plazo, al menos en Málaga, provincia en al que se calcula que residen más de 40.000 británicos.