9-N: Demolition day

Javier Recio

Málaga

Domingo, 12 de noviembre 2023, 01:00

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El pasado 9 de noviembre pasará a la historia de España como el día en el que comenzó la demolición del Estado de Derecho. Curiosamente en esa fecha se celebró el primer referéndum auspiciado por Artur Mas, uno de los que se libra por la ... amnistía, y también cayó en 1989 el Muro de Berlín (aquí se desploma la democracia). El infame pacto suscrito entre el PSOE y Junts supone uno de los acuerdos más nocivos para la democracia española. Se ha consagrado la desigualdad entre los ciudadanos, se ha humillado al Estado frente a unos golpistas y se ha menospreciado a los jueces y fiscales, a los que se les ha etiquetado de facto como unos inquisidores que persiguen las ideas políticas. Además se ha conseguido en nombre de la convivencia en Cataluña romperla en el resto del país. Vamos, un día para recordar por los efectos nocivos que va a tener en el país. Con estos personajes siempre hay sorpresas, porque van más allá de lo imaginable. PSOE y Junts, valga la redundancia, fueron mucho más allá de la amnistía, que ya de por sí es una auténtica barbaridad. Cruzaron otra línea divisoria democrática, el llamado 'lawfare', que supone que desde el Parlamento se pueda decidir si un juez ha juzgado a un 'indepe' por el mero hecho de serlo. Sí, han leído bien, una comisión parlamentaria puede señalar a un juez si considera que el procesado ha tenido esa condición por sus ideas políticas, aunque haya cometido un delito, que en estos casos sería lo de menos. Todo por el procès. Esto es fortísimo, propio de las dictaduras suramericanas. Este tipo de actuaciones es de 1.º de dictadura, pues para alcanzar la misma lo primero que se hace es cercenar el poder judicial. Sánchez ha conseguido lo que parecía inimaginable, que todas las asociaciones de jueces y de fiscales, las conservadoras y las progresistas, emitan un comunicado conjunto al considerar que el 'lawfare' rompe la separación de poderes. ¡Enhorabuena! presidente, qué capacidad para aunar a la gente en su contra. Esta es la nueva convivencia que quiere hacer vender el PSOE, que la gente tenga que salir a la calle indignada ante el atropello constitucional que están ejecutando. Los jueces, además, se expondrán a ser juzgados por prevaricación, porque si ese grupo parlamentario estima que han actuado por motivos políticos lo lógico es que sean acusados inmediatamente de prevaricación, o sea, que se lo tendrán que pensar mucho si deciden condenar a un independentista, pese a que haya cometido un delito de terrorismo, de malversación o de desorden público. Por cierto, ¿qué pueden pensar hoy los condenados por malversación u otro tipo de corrupción en este país? Esta es la situación que se dibuja tras este pacto de la vergüenza. A esto hay que unir que se ha plasmado negro sobre blanco que se va a negociar un referéndum para que Cataluña se vaya de España y además el Estado tiene que humillarse al tener que tragar con un relator internacional, que es una figura internacional que se utiliza cuando hay dos Estados en conflicto. O sea, que se pone en el mismo nivel a un país con una comunidad autónoma y se da por descontado que se están conculcando derechos de los catalanes. Otro golito para Puigdemont, que a esta hora sigue siendo un golpista prófugo de la justicia que está procesado por terrorismo. Es lo que es, aunque desde el PSOE ya se le da tratamiento de expresident. Se han cortado en llamarlo honorable. De momento. También es preocupante el punto del pacto que habla de promover desde el Gobierno la vuelta de las empresas a Cataluña, cercenando la libertad de estas compañías. ¿Cómo se consigue eso? ¿Con subvenciones o amedrentándolas? Por cierto, hay que estar expectantes para ver cómo defienden los dirigentes socialistas andaluces los pactos económicos que benefician a Cataluña. Lo peor de todo es que el PSOE siempre va a depender de la voluntad de Puigdemont, que decidirá cuándo terminará la legislatura. Desde las filas socialistas se defiende que todo se hace para evitar un gobierno entre el PP y Vox. Por eso se hace lo que sea, aunque se salte la Constitución. Cuando se aplica la máxima de que el fin justifica los medios se entra en un camino muy peligroso que suele acabar con tintes dictatoriales. Y la demolición no ha hecho más que empezar...