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La defensa de David Serrano, el dueño de la finca de Totalán donde murió el pequeño Julen, y por el momento único investigado en el caso, ha solicitado el archivo completo de la causa contra él. A Serrano se le atribuye un presunto delito ... de homicidio imprudente, por el que la Fiscalía pide para él una condena a tres años de cárcel.
El despacho de abogados Lawbird Legal Services, que representa al propietario de la parcela, ha entregado ya en el juzgado un escrito en el que exponen sus argumentos para solicitar a la jueza dicho sobreseimiento.
Los letrados entienden que, para empezar, «no hay nexo causal entre las posibles acciones y omisiones» de Serrano y el fallecimiento del menor. Además, insisten en que no han dejado de denunciar la «endeble estrategia» basada en culpar a su cliente de «un suceso imprevisible y fortuito, o al menos imposible de prever».
Los abogados de Serrano, que critican la «intransigencia» de la jueza a practicar las diligencias de investigación que ellos han venido proponiendo, entienden que hubo una «indiscutible y reiterada advertencia del peligro a los padres» por parte del dueño de la finca. Recalcan que el correcto sellado del sondeo no le correspondía a Serrano, sino al contratista de la obra, esto es, el pocero.
De hecho, la defensa habla directamente de «negligencias» tanto de Antonio Sánchez –responsable de la empresa que hizo la prospección– como de los padres de Julen, por el concepto de 'culpa in vigilando' (responsabilidad de vigilar al menor). En consecuencia, a juicio de los letrados, todo ello «imposibilita de toda imposibilidad la construcción de una acusación sólida» contra su cliente.
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