Nerja, Estepona, Coín y Alhaurín el Grande forman parte de una sanción millonaria de la UE a España por no depurar sus aguas

El caso que ha concluído con la dura sentencia comenzó en el año 2010, cuando la Comisión Europea comprobó que varias aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes no habían trabajado ni siquiera en los sistemas colectores ni de tratamiento de aguas residuales urbanas, pese a que la normativa se aprobó a principios de los noventa. La comisión llevó entonces a España ante la justicia europea, y el TUE confirmó el incumplimiento en una resolución dictada en abril de 2011.

Cada primera sentencia del Tribunal de Justica de la Unión Europea es equivalente a un toque de atención, ya que no conlleva multa, por lo que tiene un carácter más reprobatorio que sancionador. No obstante, en 2017 el TUE volvió a señalar que el Estado seguía sin hacer que se cumpliera la sentencia en 17 aglomeraciones de más de 15.000 habitantes y solicitó una multa de 171.217 euros por cada día de retraso y una suma a tanto alzado de 19.303 euros por cada día transcurrido entre la fecha de la sentencia de 2011 y su plena ejecución.

En la sentencia de este miércoles, el tribunal destaca que España no ha cumplido porque en las 17 aglomeraciones señaladas no se ha hecho lo necesario para estar en consonancia con la normativa europea. Además de los cuatro municipios malagueños, el resto de localidades que no sanean sus aguas residuales son Matalascañas, Isla Cristina, Tarifa, Barbate, Gijón este, Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo, Benicaró, Peñíscola, Teulada-Moreira, Valle Guerra noreste y Valle de Güímar, estas dos últimas en Canarias.

Coín y Alhaurín el Grande, dos municipios de más de 20.000 habitantes, vierten sus aguas directamente al Guadalhorce, sin ningún tratamiento (al igual que el resto de núcleos de la comarca excepto Alhaurín de la Torre). Esta situación está a punto de cambiar en el primero, ya que la EDAR Bajo Guadalhorce entrará en funcionamiento a finales de año, según han confirmado a SUR fuentes de la Junta de Andalucía, responsable de la construcción de la infraestructura. El caso de Alhaurín el Grande tardará más en resolverse. Este municipio dependerá de la futura EDAR Guadalhorce Norte, cuya redacción ya ha sido adjudicada según las mismas fuentes autonómicas.

En la sentencia europea se señala el núcleo urbano San Pedro-Estepona. Según fuentes del Ayuntamiento de Marbella (al que pertenece el término sampedreño), esa referencia es errónea, ya que el terreno determinado pertenece íntegramente a Estepona. En este último Consistorio aseguran que la gestión de la depuración «no es competencia municipal» y que es uno de los casos que en el plazo entre 2011 y 2017 dejó de estar fuera de la ley. La depuradora de Estepona triplicó hace un año su capacidad tras una reforma en la que el Estado invirtió 31 millones de euros y la Junta 4 para poder tratar el agua de más de 400.000 habitantes.

Por último, el Gobierno retomó la construcción de la depuradora de Nerja en enero de este año tras nueve meses de parón. Los trabajos comenzaron hace cuatro años y cuando se retomaron, la estación estaba al 76% de su ejecución según los datos del Ministerio de Medio Ambiente.

La presidenta de la Junta de Andalucía ha destacado esta mañana, en relación a la sentencia, el esfuerzo realizado por la administración andaluza frente a la «dejación de funciones» del Gobierno del PP. Se ha mostrado convencida en declaraciones a EFE en Granada de que, tras la sanción, el actual Gobierno se pondrá «manos a la obra».

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, también se ha referido a la sentencia en la presentación de la nueva EDAR de Villanueva del Trabuco. «El 92% de los ciudadanos malagueños viven en municipios que depuran sus aguas; y lo que queda está en tramitación, no está olvidado ni dejado». Fiscal ha destacado, al igual que Díaz, el «gran esfuerzo» que está llevando a cabo la Junta para conseguir que toda la comunidad esté libre de vertidos.