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La Costa del Sol cerrará el año en cuanto a la implantación de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como lo empezó: liderando el ... incremento de autorizaciones a nivel estatal con un repunte del 38%. Un suma y sigue que, aunque con distintos picos de intensidad, ha sido una constante en cada boletín que mensualmente publica el Ministerio de Fomento y que consolida a Málaga como la provincia española con mayor competencia directa entre el taxi y este tipo de servicios que, aunque llevan décadas operando en el litoral, se ha expandido a gran escala en los últimos años de la mano de Uber y Cabify.
A día de hoy, ya son 1.616 las licencias concedidas en suelo malagueño, cifra que comparándola con los 2.740 taxis censados según el Instituto Nacional de Estadística (las tablas de Fomento sólo recogen los 2.687 que tienen autorización para prestar servicios interurbanos) arroja una proporción de 1 VTC por cada 1,7 taxis. Una ratio que es la más baja del país, incluso por delante de Madrid (1/1,9), acumula un aumento anual del 29% y que contabiliza la mitad de las autorizaciones repartidas por la geografía nacional (8.250 de 16.198).
El triángulo que aglutina el grueso de los VTC activos en España lo completa el área metropolitana de Barcelona, donde las limitaciones impuestas por el Gobierno catalán han frenado su expansión, con un crecimiento en 2019 del 4,7% (2.371 autorizaciones). A nivel andaluz, Málaga acapara dos de cada tres VTC (el 63% de las 2.555) matriculadas en la comunidad autónoma, muy por delante de otras provincias como Sevilla (313), Granada (187), Cádiz (157) o Córdoba (75). Unas diferencias que también son abismales respecto a otras urbes como Valencia (200) y Zaragoza (137), así como con otros destinos turísticos como Baleares (214), Las Palmas (125) o Tenerife (89).
La citada proporción de 1/1,7 que registra Málaga echa por tierra el 1/30 que marca como tope la ley estatal a la hora de conceder nuevos permisos. Pero siguen llegando. No vía administrativa, puesto que la Junta de Andalucía (la concesión corresponde a las comunidades autónomas) hace años que cerró el grifo en un intento de controlar su expansión, pero sí a través de los tribunales, toda vez que se trata de autorizaciones que fueron solicitadas al amparo de la liberalización del sector que estuvo vigente entre 2009 y 2015. Un goteo continuo que no cesa en el caso de la provincia de Málaga, donde se estima que pueden llegar a alcanzar las dos mil a lo largo de 2020.
A ese horizonte que dibujan a medio plazo tanto en el sector del taxi como en el de los VTC se unen dos factores que aumentan más si cabe la competencia entre ambos servicios en la Costa. Primero, que los 939 coches de arrendamiento con conductor registrados en Andalucía pueden operar con plena libertad por toda la geografía regional. Y segundo, que las validadas en otras comunidades autónomas también pueden hacerlo siempre que no rebasen el 20% de la facturación trimestral.
En este sentido, cabe precisar que la práctica totalidad de las licencias de Málaga estén radicadas en municipios costeros o del área metropolitana y que más de millar de esos 1.616 permisos estén domiciliados en la capital. A modo de referencia, en la ciudad de Málaga hay 1.432 taxis, de ahí que sea uno de los principales focos del conflicto entre ambos sectores.
Después de prácticamente un año de negociaciones y de analizar cómo operan los VTC en otras comunidades españolas y en otros países, la Junta de Andalucía tiene previsto culminar en los próximos meses el decreto que regulará este tipo de servicios. La principal novedad será que tendrán prohibido estacionar sin estar precontratados en el entorno de zonas de gran demanda de viajeros como estaciones, áreas comerciales o paradas de taxis. Lo que se pretende con esta medida es evitar que conductores que trabajan a través de operadoras como Uber y Cabify aguarden en el entorno para que el vehículo aparezca en la aplicación de forma que el usuario, al comprobar que alguna de estos coches está cerca, solicite sus servicios bajo precontratación, que es la única forma en la que pueden trabajar.
Ésta es la nueva propuesta que la Consejería de Fomento puso sobre la mesa en la reunión que a mediados de noviembre mantuvo con los taxistas para intentar atajar el conflicto que el gremio mantiene con los VTC, en la que se comprometió a concretar esta medida en un mes, fijando por ejemplo cuál sería esa «distancia prudencial». Además, también plantea limitar la geolocalización previa.
De forma paralela, el borrador de decreto también incluye una batería de medidas para modernizar la actividad del taxi, destacando el establecimiento de un precio cerrado a los clientes que contraten sus servicios vía telemática (igual que Uber y Cabify) y la posibilidad de compartir taxi mediante un cambio legal que permita cobrar por plaza en cada viaje solicitado también por una «app». Además, se vuelve a poner sobre la mesa la creación de áreas de prestación conjunta entre varios municipios con idénticas tarifas.
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