Un control del horario de trabajo difícil en el campo malagueño y para los pequeños hosteleros

La economía malagueña, en términos generales, cumple con el control digital horario. Esa es la información que trasladan los sindicatos. Sobre todo en el caso de las grandes empresas industriales. Así lo expresa David Conde, secretario general de UGT FICA Málaga: en actividades como la industria, la construcción, la energía, el agua y la automoción ya está en aplicación el control digital de la jornada de los trabajadores. Por su parte, Antonio Solano, responsable del sector servicios en el sindicato, explica que en el comercio el registro horario también está muy consolidado. Defiende que incluso los pequeños establecimientos lo tienen fácil para cumplir la normativa, puesto que, asegura, los instrumentos de control apenas cuestan 100 euros y que ya cualquier tienda cuenta con un sistema informático en el que es fácilmente instalable una aplicación en que conste a qué hora fichan los trabajadores cuando entran y cuando salen. Otra cosa sucede, afirma Solano, con el sector de la restauración, en los bares y los chiringuitos; ahí sí cree que puede haber más foco de fraude.

Desde la patronal de la hostelería Mahos su presidente, Javier Frutos, explica que el 85% del sector está compuesto por micropymes y autónomos, que tienen más dificultad para destinar recursos al equipamiento y la tecnología que requiere este tipo de control horario. Por ello, pide más recursos públicos para ayudar a la progresiva digitalización de las empresas. «Entendemos que quitar el papel es precipitado porque hay empresas pequeñas que simplemente aún no están adaptadas o preparadas para el nuevo formato sólo digital. Si el actual sistema funciona y permite hacer el control tanto en papel como en digital, ¿por qué cambiarlo?, ¿por qué optar por la prohibición directa y no por la formación en digitalización para su progresivo cambio?», insiste Frutos, que añade: «Hacer en una misma modificación legal la eliminación de la opción de papel y el incremento de las sanciones parece tendente a un fin recaudatorio. Hay muchas micropymes y autónomos que se van a ver perjudicados con esta decisión».

Otro sector en el que se apunta que puede ser difícil el registro horario es en el agrario. Eso opina Andrés González, secretario general de Industria de Comisiones Obreras en Málaga, que explica que si en términos generales no habría de haber dificultades en el empleo de mecanismos telemáticos para realizar el registro horario, señala una excepción: la digitalización en el campo sí puede ser más complicada. En ello abunda Baldomero Bellido, presidente de Asaja Málaga: «En la mitad de los tajos no hay cobertura. El modelo digital sólo podría aplicarse en invernaderos».

En el siguiente paso dentro de la cadena alimentaria, en la cooperativa Dcoop, la principal productora de aceite de oliva, comentan que en sus instalaciones ya hay trabajadores que realizan su control de la jornada laboral por la vía digital. Y no ponen objeción a que la Administración entre en remoto a ese registro horario: «Si esa intención se consolida en la legislación, la cumpliremos como siempre hemos hecho con toda legislación existente», explican.

En el sector de la distribución, la foto es similar a esta última. El propietario de una gran cadena de supermercados de la provincia explica que en su compañía ya llevan más de dos años aplicando el control horario por medios digitales a través de unos dispositivos en los que se firma tanto a la entrada como a la salida. Y no le preocupa el momento en que el departamento que dirige Yolanda Díaz quiera controlar en remoto el registro horario de su empresa, aunque sí apunta que deberán habilitar el sistema tecnológico que lo haga posible. Y también lamenta lo que hay de fondo: la reducción horaria sin reducción salarial. «Todos son costes. Tendremos que analizar cómo los absorbemos sin subir los precios, porque eso no queremos hacerlo. Quizás rebajemos media hora el horario de apertura de nuestros establecimientos para compensar el aumento de costes», afirma este empresario del sector del comercio. «Es un poco complicado que se pague lo mismo por menor producción», añade.

Andrés González, sin embargo, valora muy favorablemente que se haga hincapié en el control horario para «acabar con zonas oscuras» en el mercado laboral de la provincia que pasan por horas extras sin retribuir o por encima de las permitidas. Además, señala que no es coherente que se hagan horas extras cuando el número de parados en la provincia está por encima de los 135.000, con cifras del pasado mes de enero. Es partidario de lo del 'trabajar menos para trabajar todos' que se decía hace años. Pero tanto González como Conde recuerdan que todo ello tiene que ser fruto de un acuerdo tripartito, es decir, entre Gobierno, sindicatos y patronal y confían en que se alcance.

Y eso demanda también desde la patronal malagueña Natalia Sánchez, que valora que algunos de los anuncios efectuados esta semana por el Ministerio de Trabajo no se encuentran en la mesa de diálogo social, por lo que tacha algunas de las medidas como «injerencias» en el ámbito laboral. Y contra lo que dicen los sindicatos, señala que algunas pequeñas y medianas empresas sí van a tener que hacer frente a inversiones para garantizar el control horario por medios digitales en un contexto económico que es difícil. También incide en que el cumplimiento de la normativa es cuestión de «corresponsabilidad» entre la empresa y el trabajador. Además, llama la atención en que algunos métodos tecnológicos que se han aplicado para realizar el control horario -la recogida de datos biométricos, como la propia huella dactilar- ya contravienen la normativa comunitaria, que busca preservar la privacidad de todas las personas. Por lo mismo, expone que habrá que vigilar cómo efectúa la Administración ese control remoto del registro horario de los trabajadores, puesto que la califica de «información sensible».

La vicepresidenta de la CEM pone de relieve que habría que resolver cómo realizar el conteo de las horas trabajadas en actividades del sector servicios en las que no hay lugar de trabajo como tal o cómo tratar la cada vez más celebrada por empresas y empleados flexibilidad horaria.

En cuanto a la reducción de las horas trabajadas hasta las 37,5 que busca el Ministerio de Yolanda Díaz, Sánchez apunta que hay algunas empresas, sobre todo en el ámbito de las oficinas y la consultoría, que ya están cerca de esa cifra. Pero señala que hay otro tipo de actividades en las que puede ser más complicado aplicar la medida, por ejemplo, en aquellas en las que hay turnos de ocho horas para cubrir las 24 del día. Y lamenta, además, que la situación es más difícil al haberse reducido los tipos de contratos que se pueden usar, lo que merma el margen de maniobra de las empresas para gestionar estas medidas.