Los constructores piden un plan de choque con menos burocracia e impuestos para impulsar las VPO en Málaga

«Si no cambiamos las reglas de juego, el problema se va a ir agravando. Hay trabajadores con buenos salarios o funcionarios que ya no pueden acceder a una vivienda». Son palabras de Violeta Aragón, la secretaria general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP). Evidencian lo que ya expresó la semana pasada la Confederación de Empresarios en Málaga (CEM), en su balance anual, y lo que llevó este sábado a las calles de la capital a más de 15.000 personas. El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema de primer orden en Málaga y exige una respuesta que, según Aragón, ya no se puede demorar. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pidió este domingo a los promotores y a los constructores que arrimen el hombro y construyan más VPO, «aunque en ellas los beneficios sean bastante más reducidos». El regidor, máximo responsable de la política municipal, en un intento de dar respuesta a la movilización masiva de los malagueños que clamaban por el acceso a una vivienda digna, también apeló a la «responsabilidad social corporativa» del sector privado.

SUR ha sondeado a los máximos responsables de las patronales que representan al sector de la construcción en Andalucía y en Málaga para que valoren la petición realizada por De la Torre y, más importante, expliquen por qué no se construyen VPO en estos momentos y qué se necesita para resucitar de nuevo a la vivienda protegida. No existe una única respuesta y las causas son varias. Pero los promotores y los constructores coinciden en la necesidad de un «plan de choque» que reduzca la burocracia, sirva para agilizar licencias, ponga en carga suelos que están en desarrollo y contemple rebajas fiscales que reduzcan los costes.

«Entiendo que el alcalde nos pida ayuda y apoyo. Y la tiene porque nosotros somos productores de viviendas y estamos dispuestos a promover todo tipo de viviendas, incluida VPO», asegura Aragón. La disposición a construir vivienda protegida está ahí, pero el actual contexto no invitaría a ello. Que la construcción de VPO haya pasado de algo normal a algo testimonial no sería casualidad.

La secretaria general de la ACP apunta a un marco normativo, a una legislación que emana de tres administraciones distintas y a una telaraña burocrática que asfixia cualquier intento de construir VPO con ciertas garantías. En Málaga, concretamente, no sería un problema de rentabilidad, aunque Aragón reconoce que los «números en la VPO son muy ajustados».

Aunque quieran, en estos momentos, no disponen de suelo para desarrollar promociones de VPO en una cantidad acorde a la demanda que existe. «Pongo como ejemplo la zona de Lagar de Oliveros, en Puerto de la Torre. Ahí irían unas 4.700 viviendas, donde un 55% son VPO. Pero no hay nada hecho, ni los viales», detalla. Lo mismo pasaría con los terrenos de Buenavista, el Distrito Zeta, Campanillas o Soliva, donde el Ayuntamiento confía en la construcción masiva de vivienda protegida. Esa es, al menos, la teoría.

En la práctica, alerta Aragón, «esos suelos no están puestos en carga». Para que un suelo entre en ese estado, tendría que atravesar una maraña burocrática que puede dilatarse hasta la eternidad. «Los suelos en desarrollo tienen los siguientes procesos burocráticos: creación de una junta de compensación, proyectos de reparcelación, proyectos de urbanización, informes sectoriales...», detalla.

Que en algunas administraciones implicadas los papeles aún se sigan moviendo en carritos, reviste de simbolismo el problema de la burocracia.

«Desde que se pone el hoyo para el sótano hasta que se entrega la vivienda puede pasar un año y medio. Poner un suelo en carga para construir puede tardar diez o quince», lamenta. Un hecho que para Aragón admite poca discusión y justifica que se agilicen estudios de todo tipo, requerimientos y licencias de obra. Una cuestión elemental si se quiere impulsar la VPO. «Las administraciones incumplen sistemáticamente los propios plazos que se imponen», denuncia y pide que se imponga la figura del silencio administrativo. «Si en el plazo de un mes no recibimos respuesta, este silencio debe equivaler a un sí», reclama.

Los intentos de la Junta de Andalucía en esta materia se agradecen, pero la lentitud burocrática no se habría solucionado con los cambios impulsados hasta ahora a nivel administrativo. «Ya no valen medidas de agilización como se han ido poniendo sobre la mesa. Tenemos que dar un paso más, necesitamos medidas radicales», sentencia.

La consecuencia de esa falta de agilidad repercute en los costes. «Significa más de un 10% por cada año de retraso sobre la inversión que el promotor hace», señala el presidente de los promotores andaluces, Ignacio Peinado, que está al frente de Fadeco. Si se quiere lograr el objetivo de impulsar la VPO, propone que se le dé carácter de urgencia al proyecto habitacional, «al igual que se hace con la materialización de una tubería de agua regenerada, por ejemplo».

En el capítulo de suelos, también lamenta la situación que ofrece Málaga en estos momentos: «Si nosotros quisiéramos poner una grúa mañana para hacer VPO, ahora mismo no habría suelo». Además, apunta a las elevadas cargas fiscales de la vivienda. «El 25% son impuestos. Hoy son impuestos que no se recaudan porque esas viviendas no se construyen. ¿Por qué no quitamos el IVA para acceder a una vivienda asequible?», cuestiona.

«Hay un consenso general de que hay un déficit de suelo. Las administraciones tienen que facilitar este suelo», reclama, por su parte, el presidente de ACP, Juan Manuel Rosillo.

• Temas
• Junta de Andalucía
• Andalucía
• Málaga
• Málaga (Provincia)
• Francisco de la Torre
• Vivienda