«La violencia contra las mujeres no puede seguir en esta situación en un país democrático»

«Todas son agresiones machistas», sintetiza Andrea Barbotta, vicepresidenta del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Y, cada una de ellas, apunta, se someten a examen en el congreso por parte de especialistas: «Hablan personas muy preparadas y sus argumentos están científicamente comprobados». Después de la intensa sesión de ayer en La Térmica diagnosticando la violencia y los ámbitos en que se produce, hoy, entre otras cosas, se indagará en los recursos con que cuentan las víctimas y en general la lucha contra el machismo.

Este viernes, en el inicio de las sesiones, Carmen Martín, presidenta de la Plataforma contra las Violencias Machistas Violencia Cero –la organizadora del Congreso– pronunció sus primeras palabras para recordar a las mujeres, a las niñas y a los niños asesinados por el machismo. Y envió su solidaridad y su cariño a las víctimas de Almendralejo y a las futbolistas de la selección española.

«Nos preguntamos si tendrá algo que ver el aumento de la violencia digital con el acceso de niños a edades muy tempranas a través de las redes a la pornografía», planteó Martín, quien también se empleó a fondo para denunciar el momento de «retroceso importante de los derechos de las mujeres» que se vive en la actualidad por el crecimiento de la violencia machista, que achacó en parte al aumento de los discursos negacionistas. «La violencia contra las mujeres no puede seguir en esta situación en un país democrático», lanzó.

En la sesión inaugural del congreso también intervino la diputada de la Diputación de Málaga María Dolores Vergara Trujillo, quien expresó su deseo de que el congreso «brille y guíe al igual que la Farola de Málaga» –la ambición del encuentro es que germine en la génesis de una red cohesionada de asociaciones feministas en Andalucía–. También aludió al éxito de la convocatoria, ya que completó un aforo de 200 participantes y con lista de espera. «Esto demuestra el compromiso e interés de asociaciones y sociedad con este asunto». No en vano, resaltó, «la violencia de género es una grave vulneración de los derechos humanos».

Barbotta, por su parte reivindicó el trabajo de las asociaciones de mujeres: «Somos interlocutoras con la Junta de Andalucía, con la finalidad de negociar y reivindicar» y para conducir a la «transformación social». Aunque también hubo lugar a la reflexión de los fallos de las administraciones. Así, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, valoró:«Si nos siguen matando es que en algo estamos fallando». Aunque recordó que nunca se ha destinado tanto dinero a luchar contra la violencia machista como ahora. En relación a los casos acontecidos entre la juventud, Sarabia constató que la violencia cada vez comienza antes, pese a los esfuerzos que se hacen para formar en igualdad. «¿En qué nos estamos equivocando a la hora de implementar estas medidas?», dejó en el aire.

A partir de ahí, Juana Gil recordó que la Agenda 2030 tiene como objetivo alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres lo que implica que es una misión que atraviesa cada uno de sus componentes, como el de la lucha contra la pobreza, por ejemplo: ésta incide más en las mujeres que en los hombres. Gil también repasó las fases que ha ido atravesando el feminismo en España: la igualdad formal, la igualdad de trato y, ahora, el análisis de la realidad con la perspectiva de género en el centro. De hecho, Gil recordó que el siglo XXI no está libre de servidumbres para las mujeres, como la prostitución, la trata y los vientres de alquiler, que combate la que se reivindica como agenda feminista. La investigadora Rosa Cobo, por ejemplo, definió la prostitución como «economía ilegal» que implica «exportación» de mujeres del sur pobre al norte rico y que conlleva un «consumo serial» de mujeres por parte de hombres que compran «poder, dominio, no escuchar negativas y que les digan sí siempre y en todo lugar».

Otro recorrido histórico haría Paula Fraga para analizar la violencia institucional ejercida contra las mujeres desde el franquismo hasta el «progresismo posmoderno», un calificativo este último que da testimonio de las discrepancias que ha habido en el feminismo alrededor del análisis de la cuestión transgénero.