Fin al conflicto vecinal por las banderas en una urbanización de Ojén

Fin al conflicto vecinal en una urbanización de Ojén en la que se amenazó con llevar a los tribunales a varias familias si no quitaban la bandera de España de sus terrazas por cuestiones estéticas. En una reunión de la junta de propietarios, los afectados aceptaron retirar las enseñas de las fachadas o retranquearlas para que sean menos visibles desde el exterior, cumpliendo así los estatutos de la comunidad que prohíben colocar cualquier objeto o letrero, ropa o toldos fuera de los lugares permitidos.

Desde la comunidad de propietarios de la segunda fase del complejo residencial El Soto de Marbella aplauden «la solución de la controversia suscitada por la retirada de cualquier bandera colocada o colgada en la fachada común», a raíz de la información publicada por SUR. En este sentido, en la entidad remarcan, como ya hicieron entonces, que «bajo ningún caso se ha requerido a nadie para que quite la bandera española, por el mero hecho de ser española». «No hay conflicto posible: en la fachada no se puede colgar ninguna bandera, de la índole o naturaleza que sea, porque lo prohíben los estatutos. El único problema era la actitud contraria a las normas de determinadas personas», precisan.

En ese mismo tono conciliador, también añaden que en la asamblea vecinal de esta urbanización en la que conviven residentes de distintas nacionalidades aunque con mayoría británica, «todos aclararon su amor por nuestro país y que elegirlo para pasar sus vacaciones o bien retirarse es una prueba del cariño que sienten por el mismo».

Unos argumentos que han acabado por convencer a la otra parte. «Hemos retrasado la bandera un par de metros en nuestro ático y así evitamos la confrontación. En esa reunión todos los presentes quisieron dejar claro, y nosotros lo hemos entendido también así, su cariño por nuestro país y que no era una cuestión de ir contra la bandera de España, sino de evitar que todas las terrazas se llenen de banderas u otros objetos», explica Cristina López, una de las propietarias que había recibido el apercibimiento que también llegó a otras tres familias antes de la junta de propietarios en la que se iba a someter a votación el apoderamiento del presidente para que pudiera tomar medidas legales contra ellos «por la instalación de bandera a la vista en la fachada comunitaria». Finalmente, el asunto quedó zanjado con el citado acuerdo.

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