La educación concertada se levanta contra una reforma educativa que «ataca la libertad de enseñanza»

Las enmiendas presentadas la semana pasada por PSOE y Unidas Podemos al texto de la ley «refuerzan de manera inequívoca el objetivo del Gobierno de incrementar la enseñanza pública a costa de reducir progresivamente la enseñanza concertada hasta su eliminación», dicen las organizaciones empresariales Escuelas Católicas y CECE, las de padres CONCAPA y COFAPA y los sindicatos FSIE y FE-USO en un comunicado conjunto.

Las 117 enmiendas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos (más las 54 de este último partido en solitario) confirman su voluntad de incrementar el número de plazas exclusivamente públicas en todos los niveles educativos, y especialmente en Educación Infantil (0-3 años); acabar con la complementariedad de redes (pública y concertada); suprimir la libertad de elección de las familias como criterio para mantener o reducir aulas; incrementar el control por la Administración del proceso de admisión de alumnos (centralización en una 'caja única'); implantar la distribución forzosa del alumnado sin respetar la voluntad de las familias; reforzar el criterio de zonificación; eliminar progresivamente los centros de Educación Especial; establecer actividades complementarias gratuitas y obligatorias con un posible contenido ideológico al margen del proyecto educativo del centro; suprimir el concierto de los centros de educación diferenciada; imponer valores no consensuados mediante una asignatura específica que parece una reedición de Educación para la Ciudadanía e introducir determinadas líneas transversales (perspectiva e ideología de género, memoria democrática, etcétera), opinan estas organizaciones.

la Ley Celaá plantea la derogación de la LOMCE «como excusa para reeditar los viejos planteamientos pedagógicos de la LOE, que tan bajos resultados académicos produjo, e imponer la enseñanza pública como único eje vertebrador del sistema educativo en detrimento de otras opciones elegidas por las familias», aseguran. Una reforma que además muestra la «incapacidad política» para llegar a un auténtico pacto de Estado por la Educación, un deseo de toda la comunidad educativa.

Estas organizaciones patronales, sindicales y de padres de alumnos preparan una serie de acciones dirigidas a informar a la comunidad educativa del contenido de la Ley, visibilizar la oposición en los medios de comunicación y promover movilizaciones sociales ante la vulneración de los derechos y libertades ciudadanas reconocidos en la Constitución.