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El trasiego de maletas, música a todo volumen y conversaciones a deshoras se han convertido en una constante para María Ángeles Sicilia y sus vecinos. ... Ellos viven en un edificio de la calle Ollerías y llevan más de dos años compartiendo bloque con varias viviendas de uso turístico que apenas les deja conciliar el sueño. «Es lógico, ellos vienen de vacaciones y no se ponen en el lugar de las personas que vivimos aquí». Por eso, en cuanto el Gobierno aprobó el pasado mes de marzo el real decreto-ley de medidas urgentes de vivienda y alquiler para poner freno a los pisos turísticos, su comunidad fue una de las primeras en prohibirlas.
A pesar del poco tiempo que llevan vigentes, la nueva ley aprobada por el Ejecutivo ha supuesto un auténtico vendaval en todas las comunidades de la provincia. Los administradores de fincas confiesan que apenas dan abasto y que todas las semanas se celebran dos o tres reuniones en donde éste es el punto estrella. El asesor jurídico del Colegio de Administradores de Fincas, Francisco González Palma, explica que «es un tema que preocupa mucho y que todas las comunidades quieren limitar para evitar problemas en el futuro».
Aunque no cuenta con carácter retroactivo –las viviendas que estén inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía antes de que las prohiba la junta de propietarios podrán continuar con su actividad–, la norma establece una serie de herramientas para limitar estos fines en los edificios, y entre ellos destaca el de establecer «cuotas especiales o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda de hasta un 20%». Para aprobar esta limitación, la medida requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios.
Los administradores explican que este tipo de actuaciones se están concentrando en bloques del Centro y de las zonas más próximas: Carretera de Cádiz, Paseo Marítimo, La Malagueta o incluso Teatinos. Emilio Raya Castillo es uno de los profesionales que ya ha regulado dicha actividad en dos propiedades del Centro Histórico y del Paseo Marítimo. En su caso han aprobado «limitación de la actividad a partir de este momento» porque aún existen ciertas dudas sobre si la norma permite la prohibición total o sólo limitar (ya sea en el tiempo, por plantas o temporadas). Uno de ellos ya ha sido validado incluso en el Registro de la Propiedad número 9 de Málaga, que ha autorizado esta prohibición de hecho. «Es un tema que preocupa bastante y que los propietarios quieren tratar con mucha premura», apunta.
La regulación de las viviendas de uso turístico es ahora más sencillo que hace unos meses porque antes se requería la unanimidad de todos los propietarios. En la actualidad es suficiente con el voto favorable de las tres quintas parte de la comunidad, aunque es necesario que voten todos los propietarios. En el caso de que no asistieran todas las personas con derecho a voto, el administrador deberá contactar con cada uno de los ausentes para que se posicionen y den validez o rechacen el acuerdo alcanzado en la reunión.
La delegada provincial del Colegio de Registradores de la Propiedad, María García, confiesa que aún hay muchas dudas e incógnitas sobre el nuevo real decreto. El hecho de llevar poco tiempo vigente –desde el pasado mes de marzo– y el interés de los propietarios por regular dicha actividad ha propiciado numerosas consultas al colegio. «Muchas comunidades no saben cómo se debe registrar, los requisitos que se exigen o el coste que va a tener para los propietarios». Asegura que la mayoría de las consultas provienen del Centro y del entorno más cercano, ya que es donde se vive esta problemática con mayor intensidad.
El decano del Colegio de Administradores de Fincas, Alejandro Pestaña, ya tiene constancia de al menos siete comunidades que ya han regulado esta actividad en Málaga. Aunque no esconde que este tipo de turismo aporta cosas positivas a la ciudad, lamenta que genera numerosas molestias en los bloques como ruido, un excesivo uso de las zonas comunes o incluso inseguridad al estar las puertas siempre abiertas. Ypor eso comprende el interés de las comunidades por regular la actividad. «No nos podemos convertir en jueces pero hay que plasmar la voluntad de la comunidad».
Sobre este asunto, Alejandro Pestaña señala que aún hay muchas dudas y cree que el Gobierno debería publicar un documento aclaratorio antes de que sea más tarde. «Hay muchas variantes que se deben tener en cuenta, como por ejemplo si se puede subir la cuota a una vivienda que estuviera regularizada antes de la prohibición».
El importante crecimiento de viviendas de uso turístico en Málaga ha agudizado el ingenio en numerosas comunidades de vecinos que quieren limitar al máximo la actividad turística en los bloques. Las dudas en torno a la redacción del real decreto-ley, en donde no queda claro si se puede prohibir o sólo limitar la actividad, ha provocado que muchas juntas de propietarios traten de aprobar medidas extremas como evitar que los inquilinos de estos pisos utilicen las zonas comunes o fumen.
El asesor jurídico del Colegio de Administradores de Fincas, Francisco González Palma, asegura que cada comunidad es diferente, con problemas y propuestas distintas. En algunas –detalla– se ha propuesto limitar el número de viviendas de uso turístico por plantas o incluso prohibir que hagan uso de los elementos comunes como la piscina o los tendederos comunitarios.
Este profesional, que la semana pasada ofreció una conferencia en la sede colegial sobre este asunto y contó con un lleno absoluto, considera que muchas de las medidas que se están dando por válidas en las juntas de propietarios podrían ser tumbadas por los jueces por carecer de una base legal. A su juicio «es importante que se fundamente cualquier tipo de prohibición», y para eso es necesario contar con pruebas y diferentes denuncias. «No sirve con haber llamado la atención al inquilino en alguna ocasión».
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