Competencia amenaza con recurrir a la justicia si el SAS insiste en cobrar el 5% de los genéricos a las farmacias

En una nota de prensa, la CNMC ha requerido al SAS que anule la adenda al convenio firmado con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, ya que a su juicio «prioriza la venta de medicamentos genéricos en las farmacias en detrimento de los de marca», señalando que el convenio «vulnera» el principio de no discriminación de la LGUM (artículos 3 y 18)«.

Ya la semana pasada, un centenar de farmacéuticos andaluces confirmaban la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la adenda suscrita el pasado 4 de abril entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) para la promoción de los medicamentos genéricos cuando se prescriben por principio activo. Igualmente, en el recurso piden la suspensión cautelar de dicha adenda.

Los farmacéuticos entienden que esta decisión les «obliga a renunciar» en favor del SAS a un 5% de su facturación mensual por dispensación de los medicamentos genéricos y entienden que esta decisión genera «un importante menoscabo económico». El recurso contencioso-administrativo, confiado al despacho Grupo RocaJunyent-Gaona, Palacios y Rozados, fue formalizado el pasado martes por los letrados Alberto Camas y Luis López ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Los demandantes afirman que «no sólo pierden ingresos sino que deben seguir pagando a sus proveedores los medicamentos que dispensan a los usuarios del SAS» y se convierten así «de manera forzosa en cofinanciadores del gasto público sanitario andaluz», aseguran en su escrito.

En el texto, se solicita la suspensión cautelar de la adenda al entender que el Cacof «carece de legitimación para acordar en nombre de sus colegiados los términos del documento y que éstos son, además, contrarios a normativa básica del Estado». Los demandantes insisten en que el acuerdo suscrito «es una vulneración especialmente grave en lo relativo al margen de las oficinas de farmacia y en lo que se refiere a las autoridades nacionales como competentes para establecer las condiciones económicas de la dispensación farmacéutica».

La citada adenda complementa el convenio que suscribieron el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF) el pasado 15 de junio de 2022, por el que se fijaron las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las Oficinas de Farmacia de Andalucía.

En virtud a la adenda, con carácter mensual, los farmacéuticos tiene que destinar al SAS el 5% del importe de la facturación que hagan por la venta de genéricos, calculado según el Precio de Venta al Público con el IVA incluido. Están excluidos los medicamentos no sustituibles. La información será remitida antes del día 5 del mes siguiente al que corresponde la factura, incluirá las recetas dispensadas a través del sistema de receta electrónica durante el mes de la factura y las no incluidas en este sistema del mes anterior, continúa la adenda. El pago del 5% es efectivo ya desde el pasado mes de mayo de este año.

División

Esta adenda provocó, en un principio, la división de los farmacéuticos, ya que no todos los veían como algo negativo. Según el Cacof y el SAS, que en su momento emitieron un comunicado conjunto, este acuerdo, valorado por ambas partes como «necesario para ahondar en la seguridad de los pacientes», incluye medidas para promocionar los medicamentos genéricos, como el diseño y distribución de cartelería informativa dirigida a las personas usuarias sobre las ventajas de estos medicamentos –al poder identificar fácilmente el medicamento, evitando confusiones y posibles duplicidades terapéuticas–, que se expondrán en las oficinas de farmacia y en otros formatos digitales, y la formación a profesionales de las oficinas de farmacia sobre de estos medicamentos y la importancia de la sensibilización de los pacientes para la aceptación de la dispensación de genéricos.

«Andalucía es pionera y líder a nivel nacional en prescripción por principio activo. Gracias a esta forma de receta, se contribuye al conocimiento de los medicamentos por los pacientes y a una utilización más segura», señala. Esto evita, según sostienen, la «sobredosificación» provocada por la toma de un medicamento con el mismo principio activo pero con distinto nombre comercial. En términos específicos, el medicamento genérico es aquel con la misma composición en principios activos (que son los que producen el efecto terapéutico) y la misma forma farmacéutica (comprimidos, sobres, jarabe) que la marca original y además es «bioequivalente» con ella.

Para el SAS, la prescripción por principio activo y el uso de genéricos permite «proveer a profesionales y pacientes de una terminología común, que permita el reconocimiento inequívoco de los medicamentos». Aunque dicha adenda se ha firmado con el acuerdo de los ochos colegios profesionales, muchos de los farmacéuticos no comparten la necesidad de firmar dicho acuerdo. De hecho, en un primer momento el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla votó en contra en un primer momento tras una consulta entre sus colegiados, aunque finalmente terminó aceptándolo. Algunos profesionales consultados por este periódico no comparten que deban pagar al SAS este cinco por ciento de su facturación, pero otros sí lo ven con buenos ojos, porque piensan que podría ser una buena herramienta para sostener el sistema, ya que ese dinero podría invertirse en investigación y en hacer que los laboratorios andaluces sean punteros.

Un detalle importante en este asunto es el margen de beneficio. Todas las fuentes consultadas reconocen que el margen de beneficio de las farmacias es mayor con la venta de genéricos, incluso restándole ese cinco por ciento. «Me parece buena medida siempre y cuando se potencie la comercialización de genéricos y para que sirva para sentar unas bases de estabilidad en el sector», recalcaba el propietario de una conocida farmacia de la provincia.

Por su parte, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, confirmó este martes que los servicios jurídicos de su departamento están «estudiando» el requerimiento enviado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)