Comisiones, USTEA y CGT llaman a la huelga a todo el personal de los centros docentes andaluces

Las organizaciones convocantes del paro consideran insuficiente el incremento de plantillas o la dotación material de los centros que, dicen, no son espacios seguros para alumnos ni profesores. Reclaman la reducción de las ratios, apertura de nuevos centros educativos, contratación masiva de docentes, de personal de administración, servicios y limpieza, mayores recursos para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y presencia de enfermeros/as en todos los centros escolares. Acusan a la Junta de Andalucía del cierre de numerosas líneas en la enseñanza pública y del incremento en la partida de recursos destinada a la privada y concertada, lo que consideran «una profundización de la desmantelación y privatización de la educación pública».

Los sindicatos ANPE, CSIF y UGT han convocado una concentración de delegados (diez por organización) ante la Delegación territorial de Educación en protesta por los insuficientes recursos materiales y humanos para una vuelta a las aulas con las máximas garantías de seguridad en el marco actual de pandemia. Aunque coinciden en el diagnóstico y reclaman también más profesores y bajada de las ratios, consideran que no se dan las condiciones para una huelga del profesorado.

Ante la convocatoria de huelga, la Consejería de Educación ha fijado unos servicios mínimos. En concreto, son dos miembros del equipo directivo y, además, para los centros de hasta 300 alumnos dos docentes más (un total de 4), siempre que esto no suponga la superación del 20% del claustro del centro. Si tienen entre 300 y 600 alumnos, serán 4 docentes más en servicios mínimos un total de 6 con los dos del equipo directivo). Y para centros de más de 600 alumnos se establecen unos servicios mínimos con 6 docentes más (un total de 8 con los dos del equipo directivo).

Con respecto a esta convocatoria de huelga, la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, aludió ayer a la necesaria «corresponsabilidad» de los sindicatos y los ciudadanos en general en una situación excepcional. Reconociendo la legitimidad y el derecho constitucional a la huelga, Navarro recordó que muchos sectores sociales, desde los sanitarios a las fuerzas de seguridad, pasando por las propias familias (que han tenido que ayudar a sus hijos en las tareas del colegio) se han excedido de sus ámbitos competenciales habituales, «todos hemos entendido que la lucha contra la pandemia es un gran desafío que necesita de la corresponsabilidad de todos; y eso es lo que pido a las organizaciones sindicales y al conjunto de la sociedad malagueña», dijo la delegada del Gobierno andaluz.