En enero de 2020, SUR avanzó la intención de Aena de tramitar y aprobar un nuevo marco de servidumbres para el aeropuerto de Málaga que ... podría condicionar la construcción de los proyectos de torres previstos en la capital, en especial los situados en la zona oeste, por su proximidad al aeródromo. A finales de aquel año, la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes dio a conocer el expediente en el que se marcaban los nuevos límites para construir en el entorno del aeropuerto de la capital, y el temor de cientos de propietarios de suelos y promotores, y de varios ayuntamientos, se convirtió desazón y alarma al comprobar que suponía un notable endurecimiento de las restricciones de altura en más de un centenar de suelos de la capital y de municipios cercanos como Torremolinos, Alhaurín de la Torre y Cártama.
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El Gobierno central justificó ese cambio en la necesidad de garantizar la seguridad de las operaciones de vuelo a raíz de la puesta en funcionamiento de la segunda pista del aeropuerto, pese a que ya lleva una década en funcionamiento. En el caso de la capital, los nuevos límites para garantizar la seguridad de las operaciones de vuelo, que facilitan tanto las maniobras de los aviones como el correcto servicio de los equipos de radar que se usan para coordinar y dirigir el tráfico aéreo, recabaron una lluvia de alegaciones de promotores y del propio Ayuntamiento, que comprobó que amenazaban la construcción de unas diez mil viviendas, muchas de ellas en suelos de la zona de Churriana. También la Universidad de Málaga se sumó al rechazo a las nuevas servidumbres del aeropuerto al entender que comprometían sus proyectos para la ampliación del campus de Teatinos.
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Tras aquel fuerte rechazo al expediente tramitado por Aviación Civil, al que también se sumó la Diputación Provincial, se hizo el silencio. Hace un año, desde este departamento estatal informaron a SUR que el documento de nuevas servidumbres aeronáuticas volvería a salir a información pública porque se había detectado «un defecto de forma» en su tramitación inicial. No obstante, se aclaró que los nuevos límites para construir seguirían siendo los mismos. En algunos casos, suponían que no podría levantarse edificio alguno por encima de los tres metros, o incluso por debajo de ese tope, lo que en la práctica implicaba invalidar cientos de actuaciones.
Eso sí, desde esta instancia estatal se avanzó que se introducirían nuevos párrafos en la memoria con los que Aviación Civil pretendía recoger por escrito el compromiso verbal que transmitió a algunos de los ayuntamientos afectados de procurar que este cambio no perjudique a los proyectos que ya tienen el planeamiento aprobado y que están aún pendientes de ejecutarse. En ese sentido, la intención del Ministerio de Transportes era adaptar las operaciones de vuelo del aeropuerto –que no la huella de las nuevas servidumbres– para facilitar la ejecución de aquellos proyectos urbanísticos que ya cuenten con un informe aeronáutico positivo para su desarrollo.
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Pues bien, un año después, el expediente sigue sin salir por segunda vez a información pública pero por un motivo que puede clamar la inquietud que generó en empresarios y ayuntamientos. Según ha podido conocer SUR, el origen de la demora está en la tramitación por parte del Gobierno central de un real decreto para aprobar un nuevo marco regulador de las servidumbres de los aeropuertos a nivel nacional.
Esa nueva normativa implicará una revisión total del expediente que se estaba empezando a tramitar para el aeródromo malagueño y, según fuentes consultadas, supondrá aplicar unos límites mucho más flexibles para los proyectos urbanísticos por desarrollar. Desde el Ministerio de Transportes han subrayado que este real decreto, que se encuentra en la etapa final de su tramitación, «desarrolla los mecanismos de flexibilización para hacer más ágil la necesaria coordinación del urbanismo con la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas».
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Uno de los principales cambios que prevé es que suprime las servidumbres de operaciones vuelo, que son las necesarias para garantizar las maniobras de aproximación de los aviones. Según se explica en el borrador de esta modificación normativa, serán sustituidas «por algunas servidumbres de aeródromo, como son las nuevas servidumbres denominadas superficie externa circular y superficie externa longitudinal», que se podrán aplicar de forma discrecional cuando «resulte conveniente con el objeto de producir una mínima afección en el territorio y en las personas», y siempre que un estudio avale que garantizan la seguridad de los movimientos de los aviones.
Según las fuentes, esto permitirá «liberar mucho espacio» del que inicialmente se veía afectado por el expediente que se estaba tramitando para el aeropuerto de Málaga. No obstante, habrá que comprobar en qué medida este cambio levanta el veto que las nuevas servidumbres suponían para numerosos proyectos, ya que se mantienen las de las instalaciones radioeléctricas, para que estos equipos puedan funcionar correctamente sin verse limitados por el efecto pantalla de las construcciones.
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En cualquier caso, este real decreto supone un alivio para un buen número de actuaciones por desarrollar en Málaga capital y los municipios más cercanos al aeropuerto. En su prólogo se señala expresamente que busca «potenciar, sin menoscabo alguno de la seguridad de las operaciones aéreas, el principio de autonomía de las administraciones territoriales con competencias en materia de ordenación territorial y urbanística, principalmente de los entes locales, con el fin de coadyuvar al mejor y más eficiente desempeño de los procesos urbanísticos, tanto en fase de planificación como de ejecución, lo que supone un beneficio para los ciudadanos y para las empresas que ejercen su actividad en ese sector, y por tanto, para la economía».
Uno de los informes que deben recabar la mayor parte de los expedientes que tramita la Gerencia Municipal de Urbanismo, incluso muchos del Centro, es el de Aviación Civil. Según se asegura en el preámbulo del real decreto que tramita el Gobierno, esta nueva norma para la protección de la navegación aérea es «un potente instrumento de agilización de los procesos urbanísticos» porque permitirá en algunos casos prescindir de esos informes que la administración estatal admite que resultan «redundantes», sobre espacios que se sabe que no suponen un gran riesgo para la seguridad de las operaciones aéreas.
«Se habilita a la Dirección General de Aviación Civil y a la Autoridad Nacional de Supervisión civil, para que en sus respectivos ámbitos competenciales establezcan las condiciones en las que se podrá eximir de la necesidad de dichos informes y acuerdos, siempre que quede garantizado que no se pone en riesgo la navegación aérea y la regularidad de las operaciones aéreas», señala el real decreto, en el que se recuerda que más de un tercio de los informes de Aviación Civil sobre proyectos urbanísticos se realizan sobre suelos en los que existen más de cien metros de margen entre el terreno y los límites que marcan las servidumbres de los aeropuertos españoles. Así, de los cerca de ocho mil expedientes que tramita anualmente la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, más del 85% corresponden a elementos que no suponen un riesgo para las maniobras de los aviones.
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