La Cámara de Cuentas de Andalucía pone en entredicho la labor del Patronato de Recaudación de la Diputación

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha elaborado un duro informe en el que pone en entredicho la labor que desempeña el Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación. Como avanzó este periódico hace cuatro años (ver SUR 5/11/2015), la Fiscalía llegó a investigar el funcionamiento de esta agencia pública del ente supramunicipal a raíz de la denuncia de dos empleados sobre el cobro de los tributos encomendados por la Junta de Andalucía, respecto al que alertaron de numerosas irregularidades. Aunque el Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga acordó en 2017 el archivo de la causa, la Justicia dio parte del asunto a la Cámara de Cuentas, que finalmente ha elaborado un informe en el que viene a admitir un mal funcionamiento del Patronato.

El documento concluye que «debido a la importancia de los incumplimientos» detectados en el ejercicio de 2016, que es el que ha analizado la Cámara, «la gestión recaudatoria llevada a cabo por el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga no resulta conforme con la normativa que le es de aplicación». Entre otros incumplimientos, este organismo regional ha detectado que, ante la acumulación de deudas tributarias, no se procede al embargo de bienes susceptibles de incautación (como vehículos o embarcaciones) salvo que la administración para la que se reclama la deuda disponga de locales para depositarlos, y tampoco se procede al precinto de esos bienes. También ha advertido que en ninguno de los expedientes referidos a deudas por IBI o por el impuesto de transmisiones patrimoniales el Patronato «ha exigido, en su caso, de manera subsidiaria, el pago de los correspondientes tributos a los nuevos propietarios de los bienes inmuebles».

«En ninguno de los 438 expedientes fiscalizados por la Cámara de Cuentas de Andalucía, la agencia pública ha exigido la derivación de responsabilidad tributaria», añade el documento, en el que se remarca que ni la Tesorería de la Diputación ni las unidades de recaudación realizan un seguimiento de la posible solvencia de los deudores tributarios.

Asimismo, la Cámara ha detectado que el 42% de las deudas pendientes de cobro en las zonas recaudatorias, excluida la que se encarga del cobro de tributos de la Junta, se encontraban sin actividad alguna. Y en cuanto al departamento que se encarga del cobro de impuestos de la Junta en los municipios de la provincia, señala que en 2016 fueron declarados prescritos el 77% de los expedientes sin que hubiera actuación alguna por parte de los empleados de este departamento (en un 36% de los casos) o solo por actuaciones de cobro masivas (41%). Además, en el 59% de los expedientes de cobro para la Junta no se ha detectado actividad alguna o la que se realiza periódicamente no tiene resultados positivos.

Por otra parte, la Cámara alerta de que solo el 19% de los empleados del Patronato tienen la condición de personal fijo y el 81% restante se encuentra en una situación de provisionalidad; y también critica que solo el 8% de las plazas incluidas en la plantilla requieren para su desempeño de una titulación universitaria y que para el resto solo se exige el graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. «Esta circunstancia contrasta con la naturaleza compleja, técnica y específica de las funciones que asume la agencia pública», remarca el informe de la Cámara andaluza, en el que se concluye que, ante la posible existencia de una «responsabilidad contable» por su mal funcionamiento, se dará parte al Tribunal de Cuentas a nivel nacional.

Por su parte, desde la Diputación Provincial han aclarado que al análisis que ha realizado la Cámara de Cuentas de Andalucía presentaron un paquete de alegaciones «de las que algunas han sido aceptadas porque hay cuestiones que ya se han subsanado», y han remarcado que siguen trabajando, desde que este asunto llegó a la vía judicial hace cuatro años, para procurar resolver los problemas que se plantearon entonces y mejorar el servicio de recaudación que ofrece el Patronato a los ayuntamientos de la provincia y a la Junta de Andalucía. «Hay cuestiones que se están resolviendo y se sigue trabajando para avanzar en esa línea», insistieron desde la institución provincial, que quita hierro al documento elaborado por el alto organismo fiscalizador andaluz.