Se buscan empresas para desmantelar plantaciones de marihuana en Málaga: estas son las condiciones

El sur de España, con Granada y Málaga a la cabeza, se ha convertido en la principal región de cultivo de cannabis sativa del continente. A nivel nacional, llegan a incautarse más de 32 toneladas de marihuana al año y 1,3 millones de plantas. El 26% de las intervenciones se desarrolla en parajes naturales. En la provincia de Málaga, cada vez más se detectan más cultivos agrícolas tradicionales que mutan y se pasan al narcotráfico. Ocurre por ejemplo dentro de invernaderos de la Axarquía; ocurre también en zonas boscosas de la Serranía de Ronda (donde la Guardia Civil incluso llega a emplear drones para controlar su proliferación); sucede también en casas grandes con garajes y trasteros que permiten un cultivo productivo con varias cosechas al año, y también sucede a menor escala.

En el caso de Granada, se une la realidad derivada de la crisis del ladrillo de 2008. En Málaga, el parón y los edificios a medio hacer se han ido retomando en mucha mayor medida. Pero en el área metropolitana nazarí no ha sido así. Y eso ha acumulado muchas plantaciones que ocasionan serios problemas de suministro energético a la zona Norte de la ciudad.

Los problemas añadidos a los de salud pública son claros. En muchos casos, se trata de los citados problemas energéticos, propiedades okupadas y toda la violencia que puede rodear al crimen organizado.

Además, uno de cada cinco jóvenes reconoce que fuma marihuana habitualmente. El 28% de la población admite haberla probado alguna vez. El 10% se engancha. El consumo de esta sustancia ya supera al de hachís. Pero hay un dato aún más demoledor: en las operaciones policiales desarrolladas en Málaga ya se interviene más droga producida en España (marihuana) que importada de Marruecos (hachís) o Sudamérica (cocaína), según la Fiscalía.

En este contexto de auge de la marihuana, el Gobierno divide el contrato en cinco lotes. Esto tiene una clara fundamentación logística. Por áreas se realiza mejor y se ahorran costes económicos y de tiempo. El plazo de los contratos es de 2 años que empiezan a contar a partir de febrero del año que viene.

El resto de los lotes corresponden a Almería, Madrid y limítrofes, Comunidad Valenciana y Cataluña. El montante global del concurso es de 720.000 euros (más IVA) y cuenta con un margen de variación en función de la actividad que se desarrolle, de un 20%. En el caso del lote que concierne a Málaga el importe es de 130.416 euros y puede prorrogarse durante año y medio.

Cuando se trata de pequeñas plantaciones, son los propios agentes los que las llevan a cabo. Sin embargo, la cosa se complica cuando el volumen es mayor. Y es necesario acudir a empresas especializadas con los correspondientes niveles de supervisión y de confidencialidad. Además de la falta de maquinaria especializada, haría falta el destino de una gran cantidad de agentes, lo que iría en detrimento de la seguridad general.

Precisamente desde el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) se vienen prestando apoyos a las unidades policiales para el tratamiento de estos que cultivos, habiendo colaborado en el desmantelamiento de cerca de un millón de plantas durante el pasado ejercicio, en torno a un tercio del total de plantas intervenidas.

«La importancia de esta problemática ha llevado al secretario de Estado de Seguridad a dictar una instrucción, por la que se aprueba el Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad Organizada asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana», señala el documento, que marca como prioridad favorecer logísticamente la destrucción de las grandes plantaciones.

¿Cómo se calcula el contrato? Se tienen en cuenta los costes que estos servicios generaron en 2022 y la evolución de 2023, pero, evidentemente, se deja ese margen de modificación presupuestaria porque se trata de factores imprevisibles. Pero el número de plantas no vale para el cálculo porque el desmantelamiento depende de los tamaños (desde plantones hasta 2 metros), de la facilidad o no del acceso, etc. En ocasiones, hay que llegar hasta barrancos o montes sin caminos transitables. Es más, a veces, las condiciones climáticas complican mucho el uso de maquinaria y, si el cultivo está enredado en una malla plástica, el trabajo es doble.

Tampoco la autoridad judicial ofrece siempre el mismo marco de acción: «Existen casos en los que la orden recibida es arrancado y traslado a vertedero, con lo que no es necesaria una previa trituración, y otros en los que se ordena custodia en el lugar que se determine, con lo que se requiere trituración y ensacado para evitar putrefacción y facilitar su traslado posterior».

El precio se estipula 27,50 euros por empleado y hora. Es superior al del sector de la jardinería porque los trabajadores deben tocar y estar en contacto con material estupefaciente y con un producto que emana gases y olores, el citado importe se considera adecuado. Este coste aumenta un 20% si el servicio tiene que realizarse en sábado, domingo o festivo.