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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la consejera del ramo en la Junta de Andalucía. Loles López, han protagonizado hoy un rifirrafe a cuenta de la atención a las víctimas de agresiones sexuales y, más concretamente, por la puesta en marcha de los llamados « ... centros de crisis 24 horas» para víctimas de violencia sexual en la comunidad autónoma; una medida que está contemplada en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
La ministra, de visita en Málaga, ha reprochado a la Junta que todavía no haya puesto en marcha ni uno de los ocho centros de atención 24 horas que deberían estar funcionando en la región «antes del 31 de diciembre de este año», pese a que el Gobierno le traspasó algo más de 12 millones de euros provenientes de fondos europeos expresamente para este fin; un dinero que si no se ha gastado antes de esa fecha «habrá que devolver». Un retraso que, según ha afirmado, le «preocupa» porque «pone en desventaja a las mujeres de Andalucía».
Esta afirmación ha provocado la indignación de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que ha recriminado a Redondo que ponga en duda que en Andalucía haya atención 24 horas a las víctimas de agresiones, aclarando que en la región «ya se presta este servicio desde hace cinco años», no en oficinas físicas específicas, pero sí con personal expresamente dedicado que se desplaza al lugar de los hechos «para acompañar a las mujeres al centro sanitario o la comisaría, y, además, ofrece apoyo psicológico y asesoramiento a las familias».
Respecto a la puesta en marcha de los centros como tales, la consejera ha recordado que quedan tres meses de plazo y que nadie «del Gobierno andaluz ha puesto en duda su cumplimiento». «Con lo cual, se está dentro de plazo», ha dicho. Según explican desde la Consejería, esos 12 millones de euros no son suficientes para sufragar la compra o alquiler de ocho oficinas -la Junta ha sacado al menos dos licitaciones y se han quedado desiertas- y, además, esos fondos europeos no pueden destinarse a los gastos de mantenimiento. Por ello la Junta ha optado por que seis de los ocho centros de atención 24 horas sean oficinas móviles -enre ellas, la que se ubicará en Málaga- que se instalarán junto a centros sanitarios. En Sevilla se adjudicó la compra de un local y en Huelva se reformó el Centro Provincial de la Mujer.
La Junta trabaja, según sus portavoces, con la idea de que estos puntos físicos empiecen a funcionar antes de final de año. Así, el 16 de septiembre, el Instituto Andaluz de la Mujer licitó el contrato para dotar de personal a los ocho centros. El contrato cuenta con un presupuesto de más de 3,2 millones de euros (IVA excluido) para el año de duración del mismo, contando además la posibilidad de prórroga de tres años más.
«Me parece mentira que una ministra del Gobierno de España venga a Andalucía a crear una duda letal a las mujeres que sufren algún tipo de agresión sexual. Al igual que me parece mentira que una ministra no sepa que Andalucía ya presta este servicio. El Gobierno, a través de los fondos europeos, solo financia el edificio, pero el servicio ya se presta en nuestra tierra», ha subrayado López, que ha lamentado que Ana Redondo «intente confundir a las víctimas y crearles una preocupación que no es real».
Estos centros de crisis para víctimas de violencia sexual formarán parte de «la red de atención especializada, multidisciplinar y gratuita que Andalucía ha mejorado y reforzado en estos últimos años», según la consejera. «El Gobierno andaluz cuenta desde hace cinco años con un servicio de atención en crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, donde el personal especializado se desplaza al lugar de los hechos para acompañar a las mujeres al centro sanitario o la comisaría, y, además, ofrece apoyo psicológico y asesoramiento a las familias», ha explicado.
La ministra, por su parte, ha insistido en su «preocupación» por este retraso en la puesta en marcha de los centros de crisis en regiones como Andalucía, que contrasta con las «seis comunidades autónomas que ya tienen centros operativos». «No se comprendería que las mujeres en Andalucía no tuvieran los recursos que van a tener el resto de mujeres de España. Necesitamos que se implique la Junta de Andalucía y venimos también a colaborar y a poner a disposición todo lo que sea necesario para que avancen esos trabajos y esos ocho centros que son imprescindibles y que están comprometidos con un dinero que ya se ha transferido por parte del ministerio, sean una realidad cuanto antes», ha afirmado.
Redondo ha enlazado esta crítica con otra más general sobre la «regresión en materia de igualdad» que observa en Andalucía. La ministra se ha mostrado preocupada por «cómo se ejecutan los fondos del pacto de Estado contrala violencia de género» en la región.«Son 24 millones de euros los que se han transferido este año a la Junta de Andalucía para que esas políticas de igualdad sean eficaces, sean efectivas para remover los obstáculos que todavía impiden esa igualdad real de oportunidades», ha declarado.
La ministra también ha vuelto a reavivar la polémica por la partida de 112 millones de euros de fondos europeos que el Gobierno central transfirió a Andalucía para la construcción de escuelas infantiles y que la Junta quería utilizar para subvencionar plazas en escuelas concertadas ya existentes. «No comparto, no comprendo y me parece que la sociedad andaluza tampoco puede compartir que se hayan devuelto 112 millones de euros para la educación de cero a tres años, para la educación pública, que es la que garantiza realmente la igualdad», ha afirmado. No es comprensible que la educación pública de cero a tres años no vaya a contar con esos recursos y se le vaya a hurtar a la sociedad andaluza y a las mujeres de Andalucía principalmente ese valiosísimo recurso«, ha concluido.
La lista de reproches no ha quedado ahí: Redondo, preguntada por la movilización de asociaciones feministas en Jaén en protesta por la ausencia de centros -públicos o privados- que realicen interrupciones voluntarias del embarazo. «La pelota está en su tejado. No puede ser que las mujeres en Jaén no puedan ejercer sus derechos como el resto de las mujeres en el territorio», ha afirmado.
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