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La entrada en vigor del 'Brexit' el pasado 1 de enero no ha provocado un éxodo de los británicos residentes en la Costa de vuelta ... a su país, sino más bien al contrario. La asociación Brexpats in Spain –que suma miles socios a lo largo de Andalucía– detectó en los últimos días del año un aumento de personas que, ante el interés de permanecer en la Unión Europea, viajaron hasta Málaga para poder iniciar los trámites.
Aunque de momento se desconocen las cifras oficiales (para eso faltan unos meses), la portavoz de la asociación, Anne Hernández, reconoció que este fenómeno comenzó en el último trimestre de 2020, pero que se acentuó a finales de diciembre. «En estos momentos hay más británicos en la Costa de Sol que hace cinco meses», avanza Hernández, que aunque se muestra algo sorprendida por este aluvión de último momento, tiene claro que ello se ha debido a que las condiciones para permanecer en España eran mejores si los trámites se iniciaban antes de que el 'Brexit' fuera una realidad.
Estas condiciones son varias, pero una de las principales es la del dinero. Aquellos que demuestren que su interés en residir en España era previo a la salida de Reino Unido de la Unión podrán pedir la residencia demostrando que ingresan al menos 6.500 euros al año. En contraposición, los británicos que quieran solicitar ese documento a partir de ahora deberán presentar unos ingresos superiores o iguales a los 26.000 euros (además de una cantidad por cada menor de edad de 5.000 euros). Esto supone un problema especialmente para los jubilados, ya que en Reino Unido las pensiones son más bajas que en España, y en muchos casos viven del ahorro de toda su vida.
Según Hernández, este «aluvión» de británicos (prefiere no dar un número concreto de momento) no solo se produce entre aquellos que ya tenían una segunda vivienda en la Costa, sino de otros ciudadanos que prefieren seguir residiendo en la Unión Europea y han elegido Málaga. «Algunos incluso votaron a favor del 'Brexit' y ahora se han dado de bruces con la realidad. Es de locos», se lamenta la voz más autorizada de la comunidad británica en Andalucía.
La entrada en vigor del 'Brexit' ha llegado en el peor momento posible; en mitad de la tercera ola y con un proceso de vacunación en marcha que está provocando mucha incertidumbre entre los británicos que viven en la Costa del Sol. Los jubilados que residan en España de forma legal sí entran en ese calendario de vacunación, pero los que estén en edades previas solo tienen la sanidad cubierta a través de la sanidad privada, que al menos de momento no forma parte de dicho calendario. Al residir en España esas personas tampoco están dentro del sistema británico, por lo que desde Brexpats in Spain solicitan una aclaración que tranquilice a estos ciudadanos.
A este potencial aumento de británicos en la Costa se suman aquellos que ya en 2020 habían iniciado los trámites legales, pero que pasaron las últimas semanas del año Reino Unido, ya fuera pasar las Navidades o para terminar de vender sus propiedades antes de que se materializara la salida de la Unión. Al problema de las pruebas PCR y los positivos por la nueva cepa británica de la Covid se sumó entonces otro añadido provocado por un malentendido burocrático.
Muchos de ellos no pudieron subirse al avión para viajar a España, ya que sus agentes de fronteras no consideraban válido un documento expedido por el Gobierno en el que se especificaba que los trámites para la residencia estaban en proceso. Ante la inacción de ambas administraciones nacionales, Brexpats in Spain se movió para buscar una traducción oficial que pudiera solucionar uno de los tantos problemas a los que se están enfrentando los británicos en estos últimos meses.
«Y no solo son problemas específicos –matiza Hernández– sino realidades con las que la gente no contaba». La portavoz de la comunidad británica hace referencia, por ejemplo, a que ahora cualquier transferencia bancaria entre los dos países ha aumentado hasta un mínimo de 18 o 20 euros, algo que ella ya sabía que iba a ocurrir. «Les engañaron –y se dejaron engañar– para votar a favor, y ahora todos estamos pagando las consecuencias. Pero ya no se modificar el pasado, lo que hay que hacer es mejorar el futuro», pide la activista.
Para Hernández, este futuro pasa por dos cuestiones clave. La primera de ellas es que España ofrezca un visado especial de al menos seis meses (sin derecho a trabajar) para que las llamadas 'golondrinas' –ciudadanos británicos que pasan medio año aquí y otro medio en su país– puedan estar más de tres meses sin incumplir la ley. Esto ya se habría empezado a estudiar en países como Francia y Portugal, ya que en caso de no producirse, desde Brexpats in Spain avisan que ello podría provocar que los británicos vendan aquí sus propiedades y acudan a otros lugares en los que sí puedan residir más meses seguidos sin solicitar el permiso de residencia.
La otra cuestión que piden desde la comunidad británica al Gobierno español es que estudie la posibilidad de autorizar la doble nacionalidad, un extremo en principio el Ejecutivo de Boris Johnson sí vería con buenos ojos. «Esa sería una buena solución para todos nosotros», sentencia Hernández.
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